El acceso a la medicina de alta especialidad en México vuelve a operar bajo una lógica de mercado dual. A través de la publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) dio a conocer su Tabulador de Cuotas de Recuperación para el ejercicio fiscal 2026. El documento, emitido bajo la firma de su Director General, el Dr. Jorge Meléndez Zajgla, e impulsado mediante los oficios presupuestales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), formaliza las tarifas obligatorias que deberán cubrir tanto los usuarios particulares como el sector privado por concepto de estudios de ADN, secuenciación genética y servicios de diagnóstico de frontera.

A pesar de las promesas de gratuidad universal en los Institutos Nacionales de Salud para las personas que carecen de seguridad social (como el IMSS o el ISSSTE), la realidad operativa documentada en este instrumento financiero evidencia que el sistema público sigue dependiendo de un esquema de recaudación interna. Peor aún, auditorías de la cuenta pública y registros de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) revelan que los millones asignados a este centro de investigación no se traducen en infraestructura soberana: el instituto opera bajo un modelo de arrendamiento tecnológico y subrogación corporativa, transfiriendo millones de pesos del erario hacia firmas transnacionales e intermediarios locales.

El candado de la gratuidad: por qué la salud genómica no es para todos

La vigencia del nuevo tabulador de cuotas confirma que la gratuidad en la alta medicina mexicana se encuentra sujeta a un estricto filtro burocrático. Para que un ciudadano mexicano en situación de desempleo o sin afiliación laboral al IMSS pueda acceder a un estudio genético sin costo (Nivel Socioeconómico 0), el sistema de salud gubernamental exige una Hoja de Referencia Oficial emitida por una clínica o unidad médica general.

Cuando un paciente acude de manera directa al Inmegen sin este documento de canalización, es clasificado de forma automática como «paciente externo», activando la aplicación de las cuotas del tabulador. Aquellos ciudadanos que acumulan años fuera del mercado laboral formal se enfrentan de este modo a estudios socioeconómicos institucionales que determinan su nivel de pago. Aunque las tarifas se reducen en casos de alta vulnerabilidad, el hecho de condicionar un servicio de diagnóstico científico a una capacidad económica o a un trámite de referencia secundaria fractura el principio constitucional de salud universal y gratuita.

La ruta del dinero público: ¿privatización técnica o autofinanciamiento?

El sustento jurídico plasmado en el considerando del aviso institucional expone un entramado de leyes de la Administración Pública Federal y lineamientos internos para la aplicación de Recursos Autogenerados e Ingresos Propios. Bajo esta normativa, las autoridades hacendarias permiten al Inmegen comercializar sus capacidades tecnológicas a gran escala.

Los principales clientes de este catálogo de tarifas no son los pacientes de escasos recursos, sino corporativos de la salud privada:

• Hospitales privados de alta gama.
• Laboratorios de diagnóstico comercial.
• Empresas e industrias farmacéuticas transnacionales.

El argumento técnico para sostener el tabulador es que los ingresos obtenidos del sector privado sirven para subsidiar la operación del instituto y fondear los reactivos de los pacientes públicos. No obstante, analistas presupuestales interpretan este mecanismo como una privatización técnica, donde una institución del Estado mexicano destina horas-máquina, personal científico pagado por el erario y laboratorios gubernamentales para maquilar estudios a empresas con fines de lucro que, posteriormente, revenden los diagnósticos a precios exorbitantes en el mercado privado.

Los nombres de la dependencia: transnacionales y el intermediario local

El verdadero núcleo del debate no radica únicamente en el cobro de las cuotas, sino en el destino de esos recursos. La medicina genómica en México adolece de una falta crónica de infraestructura propia. El Inmegen no es dueño de la tecnología con la que secuencia el genoma de los mexicanos; la renta.

A nivel global, el control total de las patentes y de los equipos de secuenciación masiva recae en monopolios estadounidenses como Illumina Inc. y Thermo Fisher Scientific (esta última operando mediante su filial Applied Biosystems de México, S. de R.L. de C.V.). Estas firmas no venden sus equipos principales al Estado mexicano, sino que los colocan bajo contratos de arrendamiento y esquemas de «comodato». El Inmegen se ve obligado a registrar estos egresos dentro del Capítulo 3000 (Servicios Generales), pagando sumas millonarias por el uso temporal de maquinaria que nunca pasará a formar parte de los activos del país.

Para ejecutar los presupuestos federales y cumplir con las regulaciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el dinero es triangulado a través de intermediarios comerciales en territorio nacional. Los registros de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las adjudicaciones directas del propio instituto colocan bajo los reflectores a firmas como:

• Abalat, S.A. de C.V.: Consorcio comercial que acapara pedidos millonarios para el suministro exclusivo de cartuchos, chips y reactivos químicos cerrados indispensables para los secuenciadores del instituto. Los contratos y pedidos de la entidad (tales como los expedientes de fiscalización del proyecto de creación y habilitación de laboratorios) muestran que esta empresa recibe de forma sistemática contratos de adquisición por adjudicación directa, amparados bajo la condición de «proveedor exclusivo de patentes».
• Cuauhtémoc De Luna Bonilla: Empresario que figura de manera legal y recurrente como el apoderado e intermediario corporativo de estas razones sociales ante el Inmegen y otras dependencias de alta especialidad de la Secretaría de Salud federal, firmando los contratos de proveeduría que imponen los precios de los insumos químicos cotizados en dólares.

El costo de la «tinta» genética

Este modelo de arrendamiento genera una trampa financiera para el erario. Al operar mediante contratos donde las transnacionales proveen la máquina en renta o préstamo, el Inmegen queda encadenado a comprar de por vida los consumibles y reactivos (registrados en el Capítulo 2000 de Materiales y Suministros) a la misma corporación. Es el equivalente operativo de recibir una impresora para depender exclusivamente de cartuchos de tinta monopolizados.

Si el instituto detiene la compra de los químicos a empresas como Abalat o Applied Biosystems, los laboratorios públicos quedan inoperables. El costo de procesar cada muestra de ADN se eleva drásticamente debido a la fluctuación cambiaria y el pago de regalías internacionales, lo que obliga al Dr. Jorge Meléndez Zajgla y a la Junta de Gobierno del instituto a emitir tabuladores anuales cada vez más blindados por la SHCP para forzar el ingreso de capital externo y comercial.

Conclusión: la soberanía científica bajo fianza

La publicación del Tabulador de Cuotas de Recuperación 2026 en el Diario Oficial de la Federación expone las costuras de un sistema de salud científica que se encuentra lejos de la autosuficiencia. Mientras el presupuesto federal se diluye en contratos de arrendamiento tecnológico y compras de insumos a distribuidores exclusivos, los pacientes sin seguridad social en México continúan navegando en la incertidumbre burocrática para hacer valer su derecho a la gratuidad. La genómica mexicana, fundamental para el diseño de tratamientos contra el cáncer y enfermedades crónicas, avanza con paso firme en la innovación teórica, pero permanece atada de manos ante los contratos y las ganancias del sector privado.

Por. A.G. Información. DOF.-