En una decisión que reaviva el debate sobre la verdadera soberanía educativa y laboral en México, el Comité Técnico del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) aprobó la incorporación de 47 nuevos Estándares de Competencia (EC). El documento, emitido formalmente bajo el Acuerdo SO/II-26/10,S por el Mtro. José Manuel Olivares Núñez y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), expande el catálogo de certificaciones que avala la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, la estructura del acuerdo revela que el sistema sigue operando bajo la misma lógica de mercado: delegar la evaluación en manos privadas y condicionar el reconocimiento oficial a la capacidad de pago del pueblo trabajador.

Realidad Virtual y software extranjero: la tecnificación del examen

La principal bandera de este paquete de certificaciones es la modernización mediante el uso de simuladores y Realidad Virtual (VR) para oficios de alto riesgo o de gran demanda técnica. El listado publicado incluye evaluaciones de seguridad industrial en alturas (ECM0386), combate de incendios (ECM0395) y manejo de montacargas (ECM0394) o vehículos de carga pesada (ECM0390).

La contradicción más honda del acuerdo radica en la inclusión de los estándares de la marca CloudLabs (del ECM0396 al ECM0399) en materias como electrónica y microcontroladores. Para que un técnico mexicano pueda obtener un certificado oficial de la SEP en estas áreas, el sistema lo obliga a pasar por los laboratorios virtuales de una plataforma privada e internacional. En lugar de desarrollar software y tecnología soberana desde las instituciones públicas, el Estado valida un mecanismo que genera dependencia tecnológica y económica hacia corporaciones externas.

El choque con los ideales de la producción nacional

Mientras el discurso oficial del sector educativo en el país promueve la emancipación del modelo neoliberal ese que se diseñó para formar empleados dóciles y «oficinistas» al servicio de los grandes capitales, la realidad técnica que muestra este documento de la SEP camina en sentido opuesto. La inmensa mayoría de los 47 nuevos estándares fueron diseñados para blindar los activos y aceitar la maquinaria de las grandes cadenas logísticas y corporativas:

• Se norman auditorías ambientales, energéticas y de calidad enfocadas estrictamente en procesos industriales masivos (EC1794 a EC1797).
• Se crean certificaciones para la mitigación de riesgos patrimoniales durante el traslado de carga de grandes empresas (EC1803).
• Se tecnifica el control operativo de accesos y la supervisión en la seguridad privada (EC1798 y EC1806).

Aunque existen esfuerzos aislados con un sentido social genuino, como el estándar para asesorar la conformación de Comités Comunitarios de Prevención de Desastres (EC1812) o la atención de primer contacto ante violencia laboral en las organizaciones (EC1813), la columna vertebral del acuerdo sigue subordinada a las necesidades del mercado internacional y no a la autosuficiencia comunitaria.

Un sistema mixto que cobra por lo que el Estado debería garantizar

El trasfondo económico del acuerdo confirma que el CONOCER opera como un árbitro que terceriza sus funciones. El Gobierno Federal no cuenta con la infraestructura pública, los simuladores viales ni la aparatología estética (como el láser o el Dermapen incluidos en los estándares EC1808 y EC1814) para evaluar de forma gratuita al pueblo en las oficinas de la SEP. Por lo tanto, el Estado le otorga la concesión a empresas y centros evaluadores privados para que operen los exámenes y cobren por el uso de sus instalaciones y equipos.

Al final de la cadena, el papel del gobierno se reduce a un trámite administrativo: recibir el expediente del privado, cobrar la tasa de expedición y estampar la firma oficial en el certificado. Para los trabajadores independientes de México electricistas, choferes, guardias o estilistas que buscan dignificar su labor, el certificado no llega como un derecho público y gratuito, sino como una «etiqueta de calidad» que deben costear de su propio bolsillo para poder competir y protegerse legalmente en un mercado laboral feroz.

Por. A.G. Información. DOF.