En el municipio de José María Morelos, la transparencia no es solo una promesa incumplida, sino un expediente vacío. De acuerdo con las auditorías más recientes a la Cuenta Pública, la administración municipal enfrenta observaciones por 39.6 millones de pesos, debido a una práctica que el libro “Archivos Públicos, Apertura Gubernamental y Democracia” califica como una de las formas más insidiosas de opacidad: la inexistencia de expedientes técnicos.

La Anatomía del Caos: Obras sin «Acta de Nacimiento»

La irregularidad en José María Morelos no se limita a un error contable. Los auditores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del estado han detectado que, en múltiples proyectos de obra pública y adquisiciones de bienes, los expedientes simplemente «no existen o están incompletos».

En términos técnicos, un expediente de obra pública es el «acta de nacimiento» y el «historial clínico» de una construcción pagada con dinero del pueblo. Si el expediente está incompleto, no hay forma de verificar:

• Si el material utilizado fue el que se pagó.
• Si los tiempos de ejecución se cumplieron.
• Si las empresas beneficiadas realmente realizaron el trabajo o si son «empresas de maletín».

El Archivo como Víctima: Corrupción por Omisión

El coordinador del estudio analizado, Freddy Mariñez Navarro, advierte que a partir del sexenio 2018-2024 se ha observado una tendencia a vulnerar el derecho a la verdad mediante el descuido de los archivos. En José María Morelos, esto se traduce en una «corrupción por omisión».

Al no integrar los expedientes de adquisiciones, la administración municipal bloquea cualquier intento de fiscalización. El libro señala que esta táctica de «archivos mudos» es una estrategia patrimonialista donde el funcionario trata el recurso público como propio y evita dejar rastro para que, al concluir el periodo de gobierno, no existan pruebas para un juicio administrativo o penal.

El Impacto en la Zona Maya

Para un municipio con las características sociales de José María Morelos, el extravío o la falta de integración de documentos por casi 40 millones de pesos tiene un impacto directo en el desarrollo de la zona maya. La falta de estos expedientes impide que las comunidades reclamen garantías sobre obras mal ejecutadas, ya que legalmente «no hay documentos» que respalden la obligación del constructor.

Este escenario refuerza la tesis del documento base: «La gestión documental es la base de la justicia». Sin papeles, no hay delito que perseguir, y el daño patrimonial se vuelve permanente bajo el amparo de la desorganización administrativa.

La Entrega-Recepción: El momento de la «Desaparición»

El texto técnico enfatiza que la Entrega-Recepción es el proceso donde más se vulnera la democracia. En José María Morelos, la entrega de oficinas con cajas vacías o expedientes «mochos» es una práctica que violenta la Ley General de Archivos.

La investigación sugiere que el municipio ha fallado en realizar las auditorías archivísticas necesarias que el libro propone como solución. Si no se audita la existencia del papel al mismo tiempo que el movimiento del dinero, la transparencia se convierte en una «falacia» diseñada para cubrir la impunidad.

Conclusión: El Derecho a la Verdad en Riesgo

El caso de José María Morelos es un recordatorio de que la corrupción no siempre es un robo espectacular de efectivo; a veces es el acto silencioso de no llenar un formulario, de no archivar un contrato o de «perder» un plano.

Mientras el municipio no profesionalice su gestión documental, los 39.6 millones de pesos seguirán siendo una deuda con el pueblo que nadie podrá cobrar, pues en la administración pública de Quintana Roo, lo que no está en el archivo, simplemente nunca existió para la ley.

Por. A.G. Mas Información. UV-