En el panorama de la administración pública de Quintana Roo, el municipio de Lázaro Cárdenas ha pasado de ser un tranquilo punto de conexión con el paraíso de Holbox a convertirse en el epicentro de un escándalo de opacidad sin precedentes. No se trata solo de un error de cálculo; se trata de la desaparición de la huella documental de 293.9 millones de pesos, un monto que hoy es un «agujero negro» para la fiscalización nacional.
La Anatomía del Escándalo: Administración 2021-2024
La gestión municipal encabezada por Emir Bellos Tun se encuentra bajo el escrutinio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Según el informe de la Cuenta Pública, Lázaro Cárdenas es el municipio con mayor índice de irregularidades en todo el estado, superando incluso a demarcaciones con presupuestos mucho más robustos.
La cifra de 293.9 millones de pesos representa una herida profunda para un municipio con altos niveles de carencias sociales. Lo que hace que este caso sea «especial» para los auditores es la respuesta del ayuntamiento: el silencio total.
¿Qué significa «Sin registros contables»?
Para que la ciudadanía comprenda la gravedad: en cualquier administración pública, cada centavo que entra y sale debe dejar un rastro. Este rastro se compone de:
- Pólizas de diario: El registro de qué se hizo cada día.
- Estados de cuenta: La prueba bancaria del movimiento.
- Facturas (CFDI) y Contratos: El sustento de qué se compró y a quién.
En Lázaro Cárdenas, la administración omitió entregar estos documentos. Al no haber registros, la autoridad no puede saber si el dinero se usó para pagar salarios, si se entregó a empresas fantasma o si simplemente nunca llegó a las cuentas municipales.
El Vínculo con la Corrupción Estructural
El libro especializado “Archivos Públicos, Apertura Gubernamental y Democracia”, coordinado por Freddy Mariñez Navarro, explica que lo ocurrido en Lázaro Cárdenas es una de las «formas más puras de corrupción administrativa».
El autor señala que en el sexenio 2018-2024, México ha transitado hacia una vulneración de los derechos de transparencia. En Quintana Roo, esto se traduce en una táctica deliberada: la supresión de la transparencia a través de la destrucción o el desorden de los archivos.
La Rendición de Cuentas como «Falacia»
El documento técnico es tajante: «La rendición de cuentas sin archivos es una falacia». Cuando un gobernante como Bellos Tun termina su gestión sin dejar los archivos contables organizados, está desarmando a la justicia. Sin papeles, no hay evidencia; sin evidencia, no hay culpables.
Este desaseo no es casualidad. El libro advierte que la Entrega-Recepción es el momento donde se perfecciona la impunidad. Si el municipio no entrega inventarios detallados, la nueva administración y el pueblo quedan ciegos ante el destino de los recursos.
El Impacto en el Pueblo: El Derecho a la Verdad
Más allá de los números, lo que está en juego es el Derecho a la Verdad de los habitantes de Lázaro Cárdenas. Cada peso de esos 293.9 millones que no tiene un comprobante es una calle que no se pavimentó, un centro de salud sin medicinas o un apoyo al campo que nunca llegó.
La opacidad en la gestión documental es, en sí misma, un acto de corrupción porque impide que el ciudadano audite a sus gobernantes. En Lázaro Cárdenas, el archivo no fue una herramienta de democracia, sino un escudo para la discrecionalidad patrimonialista.
Conclusión
El caso de Lázaro Cárdenas es un llamado de alerta para todo Quintana Roo. Mientras los archivos públicos sigan siendo tratados como «papel viejo» y no como el patrimonio jurídico del pueblo, los presupuestos seguirán desapareciendo en la oscuridad de la burocracia.
La justicia para el municipio no llegará solo con encontrar el dinero, sino con reformar un sistema donde «no entregar papeles» sea castigado con la misma severidad que el robo directo, pues, en esencia, borrar la evidencia es el primer paso para saquear al pueblo.
Por. A.G. Mas Información. UV-
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