En el corazón y la capital de Quintana Roo, la administración pública enfrenta un desafío que va más allá de la gestión presupuestal: la pérdida de la memoria administrativa. De acuerdo con las auditorías más recientes a la Cuenta Pública de la administración 2021-2024, los municipios de Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto presentan «omisiones críticas» en la documentación de contratos de arrendamientos y servicios, una falla que el libro “Archivos Públicos, Apertura Gubernamental y Democracia” identifica como un síntoma de vulnerabilidad institucional y un alto riesgo de corrupción estructural.

La Táctica del «Limbo» Burocrático

A diferencia de otros casos donde el dinero se desvía directamente, la irregularidad detectada en estos municipios es la falta de expedientes completos para justificar el pago de rentas de maquinaria, vehículos o servicios de consultoría. En Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto, los auditores han señalado que la trazabilidad del recurso se pierde en un «limbo» burocrático.

Esto significa que, aunque el dinero salió de las arcas municipales, no existe un rastro documental que demuestre:

1. La prestación del servicio: Si la maquinaria alquilada realmente trabajó o si la consultoría entregó resultados.
2. El precio justo: Si el pago se ajustó al mercado o si hubo sobrecostos pactados.
3. La legalidad del proveedor: Si los contratos cumplieron con las licitaciones que marca la ley o si se favoreció a empresas específicas.

La Gestión Documental como Freno a la Corrupción

El coordinador del estudio técnico consultado, Freddy Mariñez Navarro, destaca que a partir del sexenio 2018-2024, se ha observado una tendencia a vulnerar los derechos de transparencia mediante el descuido de las instituciones de archivo. En la capital del estado y en la zona maya (Felipe Carrillo Puerto), la falta de archivos organizados en las áreas de adquisiciones facilita la discrecionalidad.

El libro es contundente: «La justicia ante el daño al patrimonio público depende de la calidad de los archivos». Al no existir una ruta clara del dinero en estos contratos, se anula la posibilidad de realizar una auditoría archivística real, dejando la puerta abierta para que los recursos públicos se diluyan sin que nadie rinda cuentas.

El Peligro del Patrimonialismo

El análisis técnico advierte sobre el riesgo del «patrimonialismo», donde los gobernantes tratan los recursos públicos como bienes personales. En Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto, la omisión de contratos y soportes documentales impide que la sociedad civil vigile el gasto. Esta falta de «memoria administrativa» es, según el texto, una forma de corrupción que elimina los contrapesos informativos fundamentales en una democracia.

Entrega-Recepción: Una Herencia de Opacidad

Uno de los puntos más críticos que menciona el libro es el proceso de entrega-recepción. La falta de expedientes de servicios y arrendamientos deja a las comunidades en una situación de indefensión jurídica. Si un proveedor reclama un pago o si una obra falla, la ausencia de documentos impide que el municipio pueda defenderse o exigir garantías, heredando deudas y problemas legales a los ciudadanos.

Conclusión: Sin Rastro no hay Justicia

Los casos de Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto demuestran que la transparencia no se agota con publicar un nombre en un portal; se requiere que cada contrato esté respaldado por un expediente que cuente la historia completa del gasto.

Mientras la trazabilidad del dinero siga perdiéndose en el limbo de las «omisiones críticas», los habitantes de Quintana Roo seguirán siendo víctimas de una administración que prefiere la oscuridad documental. Como advierte el texto técnico: un gobierno que no cuida sus archivos es un gobierno que tiene algo que ocultar.

Por. A.G. Mas Información. UV-