Se acabaron los ingresos por «compadrazgo», los ascensos «en lo oscurito» y el reciclaje de malos elementos entre corporaciones. Mediante la publicación de unos nuevos Lineamientos Generales, el gobierno federal estableció un piso mínimo de reglas obligatorias, estrictas y transparentes que obligan a transformar de raíz la forma en que se contrata, evalúa, asciende y despide a los policías, peritos y ministerios públicos en todo el país.

Esta normativa representa un cambio histórico en el sistema de seguridad pública mexicano, otorgándole a la ciudadanía herramientas claras para vigilar y exigir cuentas a sus autoridades locales.

¿De qué trata este nuevo acuerdo y por qué es clave para el pueblo?

Durante años, cada estado y municipio operaba con sus propias reglas (o la ausencia de ellas) en materia de seguridad. Esto permitía que los mandos y políticos en turno manejaran las corporaciones a su arbitrio, facilitando la filtración de perfiles no aptos y la corrupción interna.

El nuevo acuerdo busca homologar y limpiar el sistema. Ya no se trata de recomendaciones morales, sino de mandatos administrativos federales de cumplimiento obligatorio que buscan basar la carrera policial y ministerial estrictamente en el mérito, la capacidad y los derechos humanos.

Lo que cambia radicalmente: Los 6 puntos que debes vigilar

Para que la sociedad pueda exigir su cumplimiento en los estados y municipios, estos son los cambios fundamentales que el acuerdo impone a las autoridades:

1. Fin de las contrataciones por dedazo (Convocatorias Abiertas): Quedan prohibidas las incorporaciones o ascensos discrecionales. Toda plaza vacante o grado disponible debe concursarse obligatoriamente mediante convocatorias públicas abiertas, detallando perfiles y requisitos para que cualquier aspirante calificado compita en igualdad de condiciones.
2. Expediente Electrónico Único y Trazable: Se obliga a crear un historial digital centralizado por cada elemento. En este registro constarán sus datos, capacitaciones, evaluaciones y, de manera crucial, sus correctivos disciplinarios y sanciones. Si un mal elemento comete abusos o corrupción en un municipio, su historial lo perseguirá; ya no podrá renunciar y tocar la puerta en otra corporación con los antecedentes limpios.
3. Órganos Colegiados (Adiós al poder absoluto de un solo jefe): Ningún director o jefe policiaco podrá decidir por sí solo quién entra, a quién ascienden o a quién despiden. Las decisiones clave pasan ahora por un consejo u órgano colegiado interno (que en las policías debe incluir obligatoriamente a representantes de la propia tropa).
4. Ascensos por mérito, no por amiguismo: Para subir de rango ya no bastará con «caerle bien al jefe». Se requerirá antigüedad comprobada, nivel de estudios, aprobación de exámenes específicos, mérito operativo y la obtención de la certificación individual.
5. Acciones afirmativas y perspectiva de género: Por primera vez se imponen obligaciones concretas para reducir las brechas de desigualdad, exigiendo a las instituciones implementar medidas para incrementar la participación de mujeres (incluyendo procesos de reclutamiento exclusivos para ellas) y facilidades operativas para elementos con responsabilidades de cuidado familiar.
6. Bases para un retiro digno: Se abren los lineamientos para que las corporaciones implementen programas formales de acompañamiento, reconocimientos y estímulos económicos complementarios para los elementos que concluyan su vida laboral tras años de servicio y jubilación.

¿Qué deben cumplir obligatoriamente los servidores públicos a partir de ahora?

Los elementos de seguridad y las propias instituciones enfrentan filtros mucho más rigurosos e ineludibles:

• Filtros previos al ingreso: Ningún aspirante puede pisar una academia de formación si no ha aprobado previamente sus evaluaciones de control de confianza.
• Certificación Individual obligatoria: Elemento que no obtenga y mantenga vigente su certificado individual (que avale sus competencias y habilidades) no puede permanecer en activo.
• Límites estrictos al reingreso: Si un elemento renuncia voluntariamente y desea volver a la corporación, tiene un plazo máximo de 3 años para solicitarlo, requiriendo la aprobación estricta del Órgano Colegiado y nuevos filtros de evaluación.
• Armonización local en 12 meses: Los congresos locales, ayuntamientos y secretarías de seguridad de los estados tienen un plazo fatal de un año a partir de su publicación para reformar sus normativas internas y alinearse por completo a este estándar federal.

La tarea del pueblo: Informar, exigir y vigilar

Un documento en el papel no destruye por sí solo las malas prácticas, pero le entrega al pueblo y a la sociedad civil organizada la llave jurídica para presionar a sus gobiernos.

En estados como Quintana Roo y en cada municipio del país, la ciudadanía debe exigir que las convocatorias sean públicas, que los ascensos dejen de ser un secreto de oficina y que se expulse de inmediato a quienes no cumplan con los controles de confianza y la certificación.

Por A.G. Mas Información, DOF-