El 22 de junio de 2026, una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) pasó casi desapercibida para el ciudadano común que sale a trabajar todos los días. Firmada por Sergio Humberto Graf Montero, Director General de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la resolución técnico-gubernamental parecía un simple ajuste de ventanilla: el gobierno federal decidió dar marcha atrás a los aumentos de tarifas de compensación ambiental programados a finales de 2025 y congelar los costos de deforestación legal a los niveles que operaban en marzo de 2023.

Sin embargo, detrás de este lenguaje burocrático y técnico se esconde un potente incentivo financiero que inyecta millones de pesos a una industria voraz. Al abaratar el costo para talar selvas y bosques durante todo lo que resta de 2026, el decreto federal aceita una maquinaria donde los ejidatarios, en complicidad con notarías públicas y desarrolladores inmobiliarios, se llenan los bolsillos de dinero a manos llenas, explotando la necesidad de una población trabajadora sometida a la explotación laboral y que carece de condiciones dignas de vida.

Lejos de la narrativa romántica del «campesino despojado por la fuerza», la realidad actual del campo mexicano muestra una simulación mercantil voluntaria. Un modelo de negocio que privatiza la riqueza ecológica de la nación, genera ganancias multimillonarias para unos cuantos intermediarios de cuello blanco y hereda una bomba de tiempo financiera que termina por endeudar y asfixiar a las administraciones gubernamentales locales.

1. El pecado original de la tierra ejidal: la mentira de los folletos de preventa

Para entender el tamaño del fraude social que hoy se comete en las periferias urbanas y turísticas de México, es indispensable desenterrar la historia y desarmar el lenguaje con el que las empresas enganchan a los compradores. En los folletos de preventa es común leer frases atractivas como: «Compramos tierras directamente a ejidatarios locales para ayudarte a construir tu patrimonio». Esa afirmación encierra una mentira jurídica absoluta.

La tierra como usufructo social, no como mercancía de lujo

El ejido nació de la Revolución Mexicana de 1910 y quedó consagrado en el Artículo 27 de la Constitución como un sistema de propiedad social. Su principio fundamental era radical: la propiedad originaria de las tierras y aguas corresponde a la Nación. El Estado mexicano no les «regaló» parcelas a los campesinos para que se volvieran terratenientes individuales que pudieran vender el suelo al mejor postor; les otorgó una dotación de tierras colectivas para que las administraran, las hicieran producir y garantizaran la subsistencia del pueblo.

Originalmente, la legislación agraria blindaba el ejido con tres candados de acero:

• Inalienables: No se podían vender, donar, permutar ni ceder a particulares bajo ningún contrato civil.
• Imprescriptibles: El paso del tiempo no hacía que un tercero o un invasor pudiera adueñarse de ellas legalmente.
• Inembargables: Ningún banco, prestamista o acreedor podía quitárselas al campesino por deudas.

El ejido se diseñó para la permanencia de las comunidades. Si la población local crecía y requería más espacio para viviendas, la propia Ley Agraria y la Asamblea Ejidal debían coordinar la asignación de solares urbanos para los hijos de los ejidatarios y los habitantes locales. Se trataba de una repartición para el pueblo, de carácter social y comunitario.

Sin embargo, la contrarreforma agraria de 1992 abrió una grieta legal llamada Dominio Pleno. Esta figura permitió que, bajo la aprobación de la Asamblea de Ejidatarios y el Registro Agrario Nacional (RAN), una parcela pudiera cambiar su régimen de propiedad social a propiedad privada. Lo que se promocionó como una herramienta de libertad económica para el campo terminó convirtiéndose en la llave maestra para que los ejidatarios vendieran el patrimonio colectivo de la nación para su beneficio personal.

2. Radiografía del fraude: la alianza de los millones entre ejidatarios y notarías

¿Cómo se transforma una selva comunal protegida en un catálogo de miles de lotes baldíos vendidos a plazos en redes sociales? El proceso es una coreografía de precisión jurídica y técnica donde se explota sistemáticamente la necesidad de una población trabajadora que no tiene acceso a créditos de vivienda digna o institucional debido a sus bajos salarios o la precarización laboral.

El esquema opera mediante una simulación que burla el espíritu de la ley agraria a través de tres pasos fundamentales:

Paso 1: El ejidatario que decide llenarse los bolsillos

Una empresa inmobiliaria o un intermediario financiero no puede acudir con un ejidatario y comprarle una hectárea de uso común (selva o bosque) mediante un contrato de compraventa tradicional, porque la Ley Agraria lo prohíbe explícitamente. Para saltarse este freno, las inmobiliarias y los despachos jurídicos hacen ofertas económicas muy atractivas.

Muchos ejidatarios, prefiriendo el dinero rápido antes que la conservación o el trabajo agrícola, aceptan la oferta. Reciben millones de pesos en cuentas bancarias o maletines de efectivo por entregar los derechos de tierras que originalmente no les costaron nada. No hay despojo con violencia; hay una venta voluntaria y consciente. El ejidatario se vuelve cómplice activo del desmantelamiento de su propia comunidad a cambio de una riqueza inmediata.

Paso 2: El escudo del poder notarial amplio e irrevocable

Aquí entran en juego las notarías públicas, actuando como el brazo legal y el validador institucional del proyecto. Como la escrituración directa de la tierra ejidal es ilegal en esa etapa, la notaría redacta un Poder General para Pleitos, Cobranzas y Actos de Dominio con carácter de irrevocable. Con este documento firmado, el ejidatario le entrega el control jurídico y administrativo absoluto del terreno al desarrollador o al despacho intermediario. El campesino se retira con sus millones de pesos libres de polvo y paja, y el intermediario toma el mando absoluto para hacer con el suelo lo que le plenga.

Paso 3: La infraestructura geoestadística de papel y el enganche del trabajador

Una vez con el poder notarial en la mano, el desarrollador contrata ingenieros y topógrafos para realizar levantamientos cartográficos y delimitaciones satelitales (infraestructura geoestadística). Diseñan sobre el plano de escritorio la división del polígono en cientos de «lotes baldíos».

Es una lotificación virtual: en el plano se ven calles con nombres atractivos y áreas verdes, pero en el plano físico el lugar sigue siendo una selva densa, sin un solo metro de pavimento, sin drenaje, sin agua potable y sin electricidad. Los promotores inmobiliarios salen al mercado a cazar a los trabajadores explotados laboralmente, ofreciéndoles estos pedazos de tierra en mensualidades que parecen accesibles, bajo la promesa de que están asegurando el futuro de sus familias.

3. Desglosando el Decreto del DOF de junio de 2026: deforestación legal a precio de ganga

Es exactamente en medio de este escenario de intensa presión inmobiliaria sobre la tierra social donde impacta el reciente decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2026.

Para poder meter las máquinas pesadas a desmontar y talar legalmente una zona boscosa o de selva, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que los desarrolladores deben obtener una Autorización de Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF), emitida por la SEMARNAT. Para conseguir este permiso, la ley obliga al interesado a realizar un depósito en el Fondo Forestal Mexicano, un pago denominado Compensación Ambiental. Este dinero está etiquetado por ley para financiar la reforestación y restauración de suelos degradados en otras partes de la misma región geográfica.

La jugada económica del acuerdo actual

A finales de 2025, el gobierno federal había publicado un tabulador con tarifas elevadas y criterios estrictos que encarecían significativamente el costo de la deforestación legal, buscando que destruir el entorno natural fuera económicamente prohibitivo para frenar el crecimiento desordenado.

Sin embargo, el nuevo acuerdo firmado por la CONAFOR en junio de 2026 da marcha atrás a esa política restrictiva, cancela el tabulador de 2025 y ordena reactivar los costos de referencia que se habían fijado el 8 de marzo de 2023.

Para la alianza de negocios entre ejidatarios e inmobiliarias, este regreso al pasado representa un enorme beneficio financiero por tres razones:

1. Aumento inmediato del margen de ganancia: El costo que los desarrolladores deben pagar por hectárea deforestada disminuye drásticamente en comparación con lo proyectado para este año. Los millones de pesos que las constructoras ahorran en el pago de la compensación ambiental federal no se traducen en terrenos más baratos para el trabajador; se convierten en pura utilidad neta para los empresarios y las notarías.
2. La carrera contra el reloj durante lo que resta de 2026: El tercer artículo transitorio del decreto lanza una regla clave: las tarifas se mantendrán fijas y congeladas el resto del año, y comenzarán a actualizarse con la inflación del INEGI hasta el 1 de enero de 2027. Esto crea una ventana de oportunidad de oro. Las inmobiliarias y los despachos jurídicos tienen un incentivo económico brutal para acelerar todos los trámites de desmonte que tengan pendientes y liquidar los pagos ante la CONAFOR antes de que termine el año a precios rezagados de 2023.
3. Viabilidad para macroproyectos en zonas de uso común: En polígonos ejidales de cientos de hectáreas de uso común forestal, la diferencia tarifaria representa millones de pesos de ahorro. Desarrollos masivos que eran financieramente inviables con las reglas estrictas de 2025 vuelven a ser altamente lucrativos en 2026.

4. Glosario Ciudadano: Los conceptos que debes dominar para que no te engañen

Para evitar que la población trabajadora caiga en las trampas de la publicidad inmobiliaria y las simulaciones notariales, es fundamental traducir los tecnicismos legales a un lenguaje ciudadano, directo y claro:

• Terreno Forestal: La legislación mexicana no solo considera «forestal» a los bosques de pinos o encinos del norte y centro del país. Legalmente, cualquier suelo que esté cubierto por vegetación espontánea, lo que incluye selvas altas, medianas o bajas, manglares o matorrales rústicos, entra en esta categoría. Su desmonte sin permiso federal de la SEMARNAT es un delito ambiental grave sancionado por la PROFEPA.
• Tierras de Uso Común: Son las áreas del ejido que no han sido asignadas individualmente a un parcelamiento. Representan el sustento ecológico e hídrico de la comunidad (zonas de recarga de agua, pastoreo o conservación forestal). La Ley Agraria prohíbe fraccionar o lotificar el uso común forestal para convertirlos en proyectos de vivienda privados mediante asambleas ejidales ordinarias.
• Cuenca Hidrográfica: Es el territorio geográfico donde el agua de lluvia fluye, se infiltra y converge hacia un mismo punto central (un río, un lago o los sistemas de acuíferos subterráneos y cenotes). Cuando el acuerdo habla de restaurar dentro de la «misma cuenca», reconoce que si destruyes la vegetación en un punto para hacer lotes baldíos, rompes el ciclo del agua de toda la región, provocando sequías o contaminación del agua subterránea que consume la población.
• Infraestructura Geoestadística: Es el conjunto de herramientas cartográficas, planos satelitales, coordenadas GPS y datos numéricos que sirven para delimitar con precisión un terreno. En el fraude de los lotes de inversión, se utiliza esta tecnología de oficina para darle una apariencia de orden y legalidad a un proyecto que, en la realidad física, carece de toda factibilidad urbana y de servicios.

5. El engaño de la firma en la notaría: el peligro para el comprador final

Cuando un trabajador acude a las oficinas de venta atraído por las facilidades de pago, los promotores suelen utilizar a las notarías públicas como su principal argumento de legitimidad. Le muestran al interesado contratos certificados y le aseguran: «Todo está garantizado, firmamos ante un notario público para tu total seguridad».

Esta práctica genera una falsa e ilusoria sensación de seguridad jurídica en las familias, que de buena fe concluyen que la intervención del notario limpia cualquier irregularidad.

La cruda realidad del filtro notarial: Un notario público en materia civil o mercantil solo actúa como un fedatario que certifica que dos personas (el desarrollador con el poder del ejidatario y el comprador) se presentaron a firmar un contrato privado y acreditaron su identidad. El notario no valida si la tierra ya dejó de ser ejidal, no tiene la facultad de otorgar permisos de construcción urbanos y no certifica si el proyecto cuenta con el permiso CUSTF de la SEMARNAT.

Si un ciudadano adquiere un lote rústico que todavía se encuentra bajo el régimen ejidal de uso común forestal, su dinero queda atrapado en un limbo de alto riesgo. Si las autoridades ambientales federales llegan a clausurar el predio por violar las leyes forestales, el desarrollo se detiene por completo. Las máquinas no podrán ingresar, los servicios públicos jamás llegarán y el trabajador se quedará pagando una deuda eterna por un pedazo de tierra que legalmente nunca podrá habitar, heredar ni escriturar a su nombre en el Registro Público de la Propiedad.

6. La quiebra de los gobiernos locales: la herencia del caos urbano

La última fase de este fraude inmobiliario de gran escala no la pagan las notarías ni los ejidatarios que ya disfrutan de sus millones de pesos; la paga la comunidad entera a través del colapso de las administraciones gubernamentales locales.

Cuando los desarrolladores acuden a las direcciones de desarrollo urbano gubernamentales para tramitar las licencias de subdivisión o los planos de lotificación, las leyes de ingresos locales suelen cobrar derechos ridículamente bajos por tratarse originalmente de terrenos rústicos o ejidales. El municipio recauda una cantidad mínima por otorgar el visto bueno a los planos de infraestructura geoestadística.

El desastre financiero y social estalla años después, cuando la inmobiliaria ya se retiró con sus ganancias y los compradores descubren la realidad de su terreno:

• El costo real de los servicios básicos: Llevar la red de agua potable, instalar el sistema de drenaje sanitario y pluvial, pavimentar las avenidas, colocar postes de alumbrado público, garantizar la recolección de basura y enviar patrullas de seguridad a estas zonas mal planificadas y alejadas cuesta miles de millones de pesos.
• El boquete presupuestal insostenible: Lo que el gobierno gubernamental recaudó por el cobro de los permisos de subdivisión no alcanza para cubrir ni el 5% del costo real de la infraestructura urbana que esos nuevos asentamientos humanos exigen con justa razón.
• La asfixia institucional: Las administraciones locales se quedan con deudas impagables y presupuestos completamente asfixiados, teniendo que desviar recursos que debían destinarse a parques, escuelas o mantenimiento de los centros urbanos existentes para intentar subsanar el caos de los lotes baldíos irregulares.

7. Conclusión: Una repartición millonaria disfrazada de progreso

El acuerdo de la CONAFOR del 22 de junio de 2026 dejó las reglas del juego escritas con total claridad en el papel administrativo: deforestar legalmente en México hoy cuesta menos que ayer. Al congelar las tarifas ambientales a los niveles de 2023, la política federal reduce la barrera económica para quienes ven en la naturaleza y en la tierra social una mercancía de rápido retorno financiero.

Este modelo no representa una continuación de la justicia agraria ni una repartición equitativa de la tierra para que los trabajadores vivan con dignidad. Es, en el fondo, una red de complicidades donde los ejidatarios deciden vender el patrimonio colectivo para enriquecerse junto con las notarías, explotando la necesidad humana más básica de una población trabajadora sometida a jornadas intensas y salarios bajos. Mientras los millonarios de la especulación agraria se retiran del juego con sus ganancias aseguradas, el pueblo trabajador se queda atrapado en terrenos sin servicios, los ecosistemas locales se destruyen de manera irreversible y los gobiernos gubernamentales se hunden en deudas financieras para intentar rescatar un territorio fragmentado por la codicia de cuello blanco.

Por. A.G. Información. DOF-