En un movimiento financiero y administrativo de gran calado dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Gobierno de México ha puesto fin a la gratuidad en los servicios de evaluación que ofrece el Centro de Evaluación y Control de Confianza de Prevención y Reinserción Social. A través de un aviso oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se anunció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó formalmente la imposición de una tarifa obligatoria para evaluar y certificar a los elementos de seguridad en el país.

El decreto, firmado por el Maestro Jacobo Olaf Rodríguez García, Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social —perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)—, establece que a partir de este momento, cualquier institución de seguridad pública estatal, municipal o federal que solicite la aplicación de exámenes de control de confianza para sus aspirantes o personal activo deberá pagar una cuota fija que asciende a $6,706.21 pesos por cada persona evaluada.

A continuación, te presentamos un análisis profundo, extenso y detallado, redactado en un lenguaje claro y accesible, para que el pueblo de México entienda el trasfondo de esta medida, los motivos económicos detrás del cobro y el impacto real que tendrá en los presupuestos destinados a la seguridad pública del país.

¿Qué son las evaluaciones de control de confianza y por qué son obligatorias?

Para entender la relevancia de este aviso, es necesario recordar que la seguridad pública en México es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, tal como lo mandata el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para garantizar que los policías, custodios de penales y peritos actúen bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, la ley implementó candados estrictos.

El artículo 60 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública obliga a todos los integrantes de las corporaciones de seguridad a someterse de forma periódica a los Procesos de Evaluación y Control de Confianza. Estos procesos consisten en una serie de exámenes rigurosos que incluyen:

• Prueba del polígrafo: Para detectar si el elemento miente sobre nexos delictivos.
• Exámenes psicológicos y psicométricos: Para evaluar el perfil de personalidad y resistencia al estrés.
• Investigación socioeconómica: Para verificar que los bienes y el estilo de vida del policía coincidan con su salario legal.
• Exámenes médicos y toxicológicos: Para garantizar la salud del personal y descartar el consumo de drogas.

Sin la aprobación de este proceso y la expedición de su respectiva certificación oficial, ningún ciudadano puede ingresar o permanecer dentro de las instituciones de seguridad del país.

El trasfondo del cobro: Un vacío legal y financiero de cinco años

El documento publicado en el DOF expone una realidad administrativa que había permanecido oculta para la opinión pública: el Centro de Evaluación y Control de Confianza de Prevención y Readaptación Social operaba con pérdidas o bajo un esquema de subsidio total.

Este centro fue creado originalmente mediante un acuerdo el 11 de septiembre de 2020 como un área técnica especializada. Desde el inicio de sus operaciones en el año 2021, comenzó a evaluar de manera masiva a todo el personal penitenciario del país y a diversas corporaciones policiacas que le pedían auxilio técnico. Sin embargo, el decreto confiesa textualmente que el organismo «estaba imposibilitado jurídicamente para obtener recursos», debido a que no contaba con tarifas autorizadas en las leyes de ingresos.

Mientras otros centros de control de confianza —tanto federales como de los estados de la República— cobraban millones de pesos anuales a los municipios por evaluar a sus policías, este centro absorbía los gastos de infraestructura, reactivos médicos, mantenimiento de equipo y sueldos de personal especializado de forma gratuita, sin que esos recursos pudieran recuperarse para las arcas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Con el fin de subsanar este hueco financiero, la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios y sobre Hidrocarburos de la SHCP, mediante el oficio número 349-B-093 con fecha del 1 de abril de 2026, le otorgó la autorización legal para empezar a cobrar.

¿Cómo funciona la tarifa y a dónde irá a parar el dinero?

La tarifa autorizada para el Ejercicio Fiscal 2026 quedó fijada bajo un concepto único y cerrado:

No.	Concepto	Cuota Fija 2026 (Pesos)
1	Aplicación de evaluaciones de control de confianza a personal de instituciones de seguridad que lo soliciten, así como la expedición de la certificación correspondiente.	$6,706.21

Un punto crucial que la ciudadanía debe vigilar es la transparencia en el destino de estos millones de pesos. Para evitar desvíos o el manejo discrecional del dinero en efectivo dentro del centro de evaluación, el decreto se ampara en los artículos 13, 14 y 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2026.

Las reglas son estrictas: el dinero recaudado bajo la naturaleza jurídica de «aprovechamientos» no se quedará en las oficinas de Prevención y Reinserción Social, sino que deberá concentrarse de forma inmediata en la Tesorería de la Federación (TESOFE). Será el Gobierno Federal quien administre y distribuya estos ingresos conforme al presupuesto general de la nación.

El debate de fondo: ¿Un incentivo a la calidad o un golpe a los municipios más pobres?

Desde la perspectiva del análisis periodístico y la contraloría social, este aviso del DOF abre un debate profundo sobre la distribución del presupuesto de seguridad en México en este 2026:

La justificación oficial (El lado técnico)

Las autoridades defienden el cobro argumentando que los importes se determinaron con base en el costo total real del servicio. El Centro cuenta con infraestructura de punta, laboratorios certificados, equipamiento especializado y personal humano altamente confiable que opera bajo los lineamientos del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Cobrar por el servicio le permite al Estado hacer sustentable la operación y homologar el terreno con el resto de los laboratorios de control de confianza del país.

La realidad presupuestal (El impacto en el pueblo)

La imposición de una cuota de $6,706.21 pesos por elemento representa una nueva presión financiera para los gobiernos locales y estatales. En México, los municipios —especialmente los más pequeños y con altos índices de marginación— son los que sufren de manera constante por la falta de recursos para reclutar nuevos policías.

Si un alcalde de un municipio vulnerable desea contratar a una nueva generación de 50 policías locales, ahora deberá presupuestar, de entrada, más de $335,000 pesos únicamente en el pago de los exámenes de confianza, con el riesgo adicional de que muchos de los aspirantes reprobados no puedan ser contratados, perdiéndose así esa inversión pública.

Conclusión

El aviso emitido en la Ciudad de México el 11 de mayo de 2026 por el Maestro Jacobo Olaf Rodríguez García marca el fin de una era de gratuidad técnica en el sistema penitenciario y de seguridad pública. Legalmente, la medida cumple con todas las de la ley y busca poner orden en las finanzas del Estado mexicano; sin embargo, en la práctica, le pone un precio directo a la certificación de la honestidad policial en México.

Corresponderá a la ciudadanía y a los órganos de fiscalización vigilar que el dinero recaudado por la TESOFE regrese verdaderamente en forma de mejor equipamiento, mayor capacitación y salarios dignos para aquellos elementos que logren aprobar estas costosas evaluaciones de control de confianza.

Por. A.G. Información. DOF-