Con el objetivo de contener la incidencia delictiva, pacificar las zonas turísticas y fortalecer los cuerpos policiales desde sus cimientos, el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Quintana Roo formalizaron la puesta en marcha del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para el ejercicio fiscal 2026. Este fondo multimillonario representa el eje central de la estrategia contra el crimen organizado y la delincuencia común en el estado, inyectando recursos etiquetados que obligan a las autoridades locales a cumplir con metas estrictas de certificación, tecnología y dignificación policial.

¿Qué es el FASP y por qué es vital para el pueblo de Quintana Roo?

Para que la ciudadanía comprenda la relevancia de este instrumento jurídico, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es un recurso presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. Se trata de dinero federal que se transfiere directamente a los estados para atender prioritariamente las necesidades de seguridad pública, pero bajo un esquema de corresponsabilidad: la federación aporta una gran parte y el estado se obliga a poner una contraparte financiera.

En un estado como Quintana Roo, donde la seguridad es el pilar indispensable para mantener el turismo y la tranquilidad de las familias trabajadoras en municipios como Solidaridad, Benito Juárez y Tulum, este convenio define exactamente en qué se va a gastar cada centavo en las corporaciones policiales, evitando que el dinero se desvíe a gasto corriente o lujos burocráticos.

Las autoridades que firman el acuerdo

La validez y fiscalización de este convenio involucra directamente a los titulares de las dependencias de seguridad y las gubernaturas:

• Por el Ejecutivo Federal: El acuerdo es coordinado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, representado legalmente por su Secretaria Ejecutiva, la C. Marcela Figueroa Franco.
• Por el Estado de Quintana Roo: El convenio compromete las firmas de la gobernadora constitucional de la entidad, los secretarios de gobierno y los titulares de las áreas de finanzas y seguridad pública locales, quienes fungen como la instancia ejecutora de los recursos.

La bolsa económica: montos y la regla del 20% estatal

El financiamiento del FASP opera bajo reglas fiscales muy estrictas. Para el año 2026, los montos asignados a las entidades federativas se calculan con base en criterios técnicos dictados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, evaluando factores como la población, los índices delictivos y el avance en la certificación de sus policías.

El convenio establece una estructura de financiamiento bipartita:

1. La Aportación Federal: Los recursos que transfiere la federación con cargo al presupuesto de egresos.
2. La Aportación Estatal (El espejo obligatorio): Conforme a la legislación fiscal, el Gobierno del Estado de Quintana Roo está obligado a aportar de sus propios recursos una cantidad equivalente a cuando menos el 20% del total de la aportación federal que reciba.

Este dinero conjunto se deposita en cuentas bancarias productivas específicas y blindadas. No se puede mezclar con ninguna otra partida del presupuesto estatal, y todos los intereses que genere la cuenta deben aplicarse exclusivamente a los programas de seguridad aprobados.

¿En qué se debe gastar el dinero? Los ejes prioritarios para el pueblo

El convenio prohíbe que el dinero del FASP se use libremente por los gobernantes en turno. Los recursos están estrictamente condicionados y etiquetados para dar cumplimiento a los Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

El dinero que llega a Quintana Roo se distribuye en las siguientes áreas de impacto directo para la población:

• Dignificación y Desarrollo Policial: Financiamiento para el reclutamiento, capacitación profunda en derechos humanos, equipamiento (chalecos antibalas, uniformes, patrullas) y la aplicación obligatoria de las evaluaciones de Control de Confianza para asegurar que no haya policías vinculados con la delincuencia.
• Tecnología e Infraestructura de Inteligencia: Recursos destinados a la modernización de los centros de control, cómputo y comando (C5), la instalación y mantenimiento de cámaras de videovigilancia en los puntos críticos de las ciudades, y el fortalecimiento de los sistemas de telecomunicaciones de la policía (Red Nacional de Radiocomunicación).
• Fortalecimiento del Sistema Penitenciario y de Justicia: Equipamiento de las prisiones estatales para garantizar la reinserción social y recursos para agilizar el trabajo de las Fiscalías del Estado en la investigación de delitos de alto impacto como el homicidio, la extorsión y el secuestro.
• Prevención Social de la Violencia: Dinero enfocado en programas comunitarios para rescatar espacios públicos, prevenir la violencia familiar y de género, y alejar a los jóvenes de las adicciones mediante el deporte y la cultura.

Transparencia y blindaje contra el desvío de recursos

El texto del convenio contiene severos candados de fiscalización y anticorrupción para garantizar que el dinero llegue realmente a las calles y no a los bolsillos de los funcionarios.

Entre las reglas operativas más importantes destacan:

1. Cierre fiscal estricto: Los recursos federales del FASP 2026 deben quedar totalmente devengados y comprometidos al 31 de diciembre de 2026. Cualquier cantidad que no haya sido contratada o ejercida a esa fecha tendrá que ser devuelta de manera íntegra a la Tesorería de la Federación (TESOFE) dentro de los primeros 15 días naturales del año siguiente.
2. Vigilancia de la Auditoría Superior: La aplicación del dinero es auditada directamente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y por la Secretaría de la Función Pública, además de los órganos de control interno del estado.
3. Transparencia de contratos: El estado de Quintana Roo está obligado a informar mensualmente al SESNSP sobre el avance financiero y físico de las obras y adquisiciones, publicando estos datos en sus gacetas oficiales para que el pueblo pueda revisar en qué se gastan los recursos de seguridad.

Con este Convenio de Coordinación, el Gobierno Federal y el Estado de Quintana Roo buscan mantener un frente unido y coordinado. Al condicionar los millones del FASP a metas reales de depuración policial, tecnología e inteligencia, se le dota al estado de las herramientas financieras necesarias para combatir el crimen con fuerza y legalidad, devolviendo la paz y la certidumbre jurídica al pueblo quintanarroense.

Por. A.G. INofmración- DOF-