Represión brutal en las protestas de Perú: 17 muertos, detenciones masivas y una crisis en escalada

Realidades.- Perú sigue contando muertos. Primero fueron nueve, luego doce, catorce, hasta llegar a 17, según informó la Defensoría del Pueblo. Los hechos ocurrieron en Juliaca, en el departamento de Puno, frontera con Bolivia. Allí se desarrolla el paro indefinido que comenzó el 4 de enero con epicentro en el sur del país, en particular en esa región de mayoría aimara, fuertemente movilizada, donde ya se habían registrado graves incidentes el viernes pasado con otro intento de toma del aeropuerto.

Las imágenes y los testimonios dieron cuenta de una represión nuevamente desmedida. Uno de los fallecidos, Marco Antonio Samillan, tenía 31 años y era sanitario: recibió un disparo mientras intentaba auxiliar a personas heridas. Enfermeras del Centro de Salud Mariano Melgar, por su parte, denunciaron que las fuerzas de seguridad estaban disparando «perdigones y balas sobre el establecimiento de salud» mientras atendían a los heridos tras la actuación de la Policía y el Ejército. «¿Qué más quieren? Ya han matado tanta gente. ¿Qué más quiere la presidenta?», se preguntaba una de ellas ante una de las pocas cámaras que llegó hasta el lugar.

«Solicitamos a las fuerzas del orden hacer un uso legal, necesario y proporcional de la fuerza y exhortamos a la Fiscalía a realizar una pronta investigación», comunicó la Defensoría, una demanda en medio de una crisis que ya suma 45 muertos en un mes protestas, en un país que se encuentra bajo estado de emergencia y militarizado. Los hechos ocurridos en Juliaca generaron varias acciones de protesta en el país, como en Cuzco o Lima, donde en los últimos días se practicaron numerosas detenciones. Solo la noche del viernes hubo 200. «Detenciones masivas y arbitrarias buscan infundir temor y desalentar el ejercicio del derecho a la protesta», afirmó entonces la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

    Más leña al fuego

    «Protestas de qué, no se está entendiendo qué están pidiendo (…), lo que están ustedes pidiendo es pretexto para seguir generando el caos», afirmó la presidenta de Perú, Dina Boluarte, al enterarse de uno de los primeros fallecimientos en Juliaca. Lo hizo durante la reunión del denominado Acuerdo Nacional, donde participaban el primer ministro, Alberto Otárola; el presidente del Congreso, José Williams; y la mayoría de los gobernadores regionales, entre otros actores políticos. La reunión fue suspendida cuando comenzaron a llegar las noticias de los muertos.El primer ministro, Alberto Otárola, no asumió ninguna reflexión crítica 

    Otárola se dirigió a los peruanos en un mensaje televisado, en el que afirmó que lo ocurrido en Juliaca fue «un ataque organizado, sistemático, de vandalismo y de organizaciones violentas hacia el Estado de derecho y las instituciones». El premier, quien era ministro de Defensa de Boluarte en diciembre pasadocuando murieron 28 personas en las protestas, no hizo ninguna autocrítica ni llamamiento al diálogo o a la conciliación. Todo lo ocurrido fue, según explicó, «responsabilidad directa de quienes quieren dar un golpe de Estado», quienes -argumentó- estarían dirigidos por Pedro Castillo, quien se encuentra detenido con 18 meses de prisión preventiva.

    El discurso del premier arrojó más leña al fuego. No ha mencionado una posible revisión del accionar de las fuerzas de seguridad, después de 45 personas asesinadas, ni ha reconocido, tampoco Boluarte, los reclamos de quienes se han venido manifestando. Otárola englobó a las 9.000 personas -cifra oficial- que se manifestaron en Juliaca como «hordas de delincuentes» que estarían siendo financiadas por «dineros foráneos, extranjeros y oscuros del narcotráfico».

    La mención a los «dineros extranjeros» se enmarcó en la campaña que comenzó contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y que comenzó días atrás vía congresistas de derecha, medios conservadores como El Comercio y el mismo Ejecutivo. En consecuencia, el Gobierno anunció este lunes la prohibición de ingreso a Perú del dirigente boliviano junto a otros ocho ciudadanos del país vecino. Morales fue acusado de «amenazar el orden interno» y de haber sido «muy activo propiciando una situación de crisis». No es la primera vez que la derecha peruana acusa a Morales: ya en 2021 la Comisión del Congreso de Relaciones Exteriores del Congreso lo había declarado «persona non grata».

    El voto de confianza

    Está previsto que este martes, 10 de enero, el Gobierno de Boluarte busque el denominado voto de confianza en el Congreso, es decir, el Legislativo debe aprobar el gabinete ministerial de la presidenta, para lo cual necesita mayoría simple de 66 votos. Otárola acudirá a brindar un discurso en el hemiciclo situado en el centro virreinal de Lima. Mientras tanto, continúan las protestas en las regiones andinas. En caso de obtener la confianza, el Gobierno de Boluarte quedará formalmente instituido, pasado un mes y tres días de la toma de posesión de la presidenta que sustituyó a Castillo tras su destitución y detención.El Legislativo avanzó para limitar el poder al presidente

    La cuestión de la confianza ha sido uno de los focos centrales de la crisis crónica que atraviesa Perú, ya que ha supuesto un poder de veto del Congreso sobre los diferentes Ejecutivos. Sucedió en con el expresidente Martín Vizcarra, destituido en noviembre del 2020; y también durante el año y cinco de meses de gobierno de Castillo, quien debió sortear la aprobación de cada uno de sus cuatro gabinetes en el Congreso. Ese poder del Congreso, dominado por los fujimoristas y la extrema derecha, tenía hasta el 2021 el contrapeso del Ejecutivo, que podía disolverlo en caso de rechazo de dos gabinetes, pero el Legislativo avanzó en limitarle ese poder al jefe del Estado como parte de la ampliación de sus poderes.

    Ahora no se espera que el Congreso utilice el voto de confianza para obligar a Boluarte a realizar cambios en su gabinete. No obstante, la inestabilidad del país puede deparar sorpresas, pero hasta ahora ha existido una coincidencia entre la mayoría congresal y Boluarte en diferentes agendas. Esto último es interpretado por algunos analistas como expresión de una alianza política nacida desde la hora cero: la presidenta es producto de la vacancia congresal de Castillo -lograda en el tercer intento- y para algunos fue parte de ese plan de destitución concretado luego del intento de Castillo de disolver el Congreso.

    Una crisis del Ejecutivo, con una hipotética caída, significaría además un adelanto de los tiempos electorales, como explicó la activista de derechos humanos y excongresista Rocío Silva Santiesteban, al describir un posible escenario si renunciara Boluarte: «De inmediato debe renunciar toda la mesa directiva del Congreso y subir una mesa con lista única encabezada por alguna/o de la/os poca/os congresistas decentes, quien pasaría a ser presidente del país y convocar de inmediato a elecciones».

    Una crisis sin orillas

    La crisis está en plena escalada. Los últimos 17 muertos en Juliaca, sumado a las carreteras bloqueadas desde el 4 de enero, especialmente en el sur andino, así como las protestas en diferentes ciudades y el discurso de confrontación de Otárola este lunes por la noche, no auguran un descenso de las movilizaciones, ni un giro del gobierno. Las preguntas, a un mes de iniciada la crisis, son ¿quiénes toman las decisiones y dónde reside el poder en un gobierno con una presencia militar cada vez mayor?. De hecho, fueron los altos mandos del Ejército y de la Policía quienes se pronunciaron los primeros el lunes sobre los fallecidos.

    En ese contexto, crecen los pedidos de renuncia de Boluarte desde la izquierda peruana, así lo manifestaron desde Silva Santisteban hasta otras referentes progresistas como Verónika Mendoza o Mirtha Vásquez.  «Incapaz de liderar una salida política y de controlar a las llamadas ‘fuerzas del orden’, permitiendo que maten a más peruanos, la señora Dina Boluarte no puede seguir frente al gobierno #DinaRenunciaYa», indicó Vásquez.

    El pedido de renuncia se repite en cada protesta dentro del pliego de demandas de los manifestantes, que incluye el cierre del Congreso, elecciones generales en 2023, una Asamblea Constituyente y, en muchos casos, también la liberación de Castillo. ¿Hasta dónde puede escalar la crisis? ¿Cuántos muertos más puede haber?. Nadie tiene la respuesta en este Perú que cuenta y llora sus muertos, y se prepara para nuevas jornadas de paro y movilizaciones.

    Fuente: Público.es

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