La herencia de Carlos Joaquín en Quintana Roo; 607 mil personas afrontan precariedad laboral según estudio

Realidades.- En la península de Yucatán existen un millón 712 mil personas en condiciones de trabajo precario: carecen de seguro social y/o un ingreso suficiente para la canasta básica, según reveló el Semáforo de Trabajo Digno por Estados de la Región Sur sureste, el cual se encuentra en color rojo, que presentó Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el pasado 8 de julio.

De acuerdo con el estudio, en este rubro en específico Yucatán encabeza la lista con 788 mil personas con trabajo precario; le sigue Quintana Roo, con 607 mil, y luego Campeche con 317 mil. La agrupación analizó la situación laboral de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, a partir del análisis de los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN) que levanta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Para la agrupación, el trabajo formal considera a personas que cuentan con ingreso laboral superior al costo de la canasta familiar, esto es, el costo de dos canastas básicas; ganan más de 7 mil 500 pesos y, además, están afiliadas a la seguridad social.

Trabajo precario considera a personas ocupadas, tanto asalariadas como por su cuenta, y que carecen de ingreso suficiente para la canasta familiar y/o carecen de afiliación a la seguridad social. 

La exclusión considera a personas que no trabajan, desempleadas; es decir, las desocupadas más las disponibles para trabajar. Y por otra parte, personas que no están disponibles para trabajar por realizar trabajos domésticos y de cuidados. Este grupo está formado en su gran mayoría por mujeres.

En Yucatán, según la ENOEN, para el trimestre enero-marzo de 2021, la población económicamente activa era de un millón 148 mil 464 personas; en Campeche, de 426 mil 20, y en Quintana Roo, 843 mil 622. 

Mientras, la población desocupada es de 35 mil 255 en Yucatán, en Campeche, 12 mil 843, y en Quintana Roo, 75 mil 437, detalla la encuesta. 

El análisis de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza indica que en Yucatán hay 344 mil personas excluidas, que están desempleadas o no pueden buscar un trabajo remunerado por labores domésticas; además, sólo 186 mil cuentan con un trabajo formal, con seguro social e ingreso suficiente para la canasta básica. 

Campeche cuenta con 69 mil personas con trabajo formal y 149 mil excluidas; el vecino estado de Quintana Roo tiene 181 mil personas con trabajo formal, pero 371 mil excluidas.

A comparación de los demás estados de esta zona, Yucatán está “menos peor”; comentó Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la organización. Sin embargo, “es inaceptable que 788 mil personas en Yucatán estén trabajando de manera precaria”, manifestó.

“Las personas excluidas son más de la tercera parte de la población productiva potencial y quizá ésta es la parte que genera pobreza, pero además las personas con trabajo precario son casi siete veces más de las que tienen las condiciones mínimas del trabajo formal”, indicó Gómez Hermosillo. 

De manera general, la investigación detalla que, con más de 20 millones de personas en edad y en posibilidades de trabajar, la región sur sureste tiene apenas 1.5 millones de personas beneficiadas por el trabajo digno; esto es, recibiendo un salario suficiente e incorporadas a la seguridad social.

Esta región, indica Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, es la que registra el menor desarrollo del país, pues la mitad de las personas que trabajan lo hacen en condiciones precarias, sin ingreso suficiente y marginadas de la seguridad social, y otros 7 millones de personas están totalmente excluidas del mercado laboral porque no encuentran trabajo o porque no pueden buscarlo por estar ocupadas en quehaceres domésticos o de cuidado. 

Frente a la Pobreza construyó el Semáforo de Trabajo Digno para visibilizar la situación, que es insostenible si se aspira a tener una economía en crecimiento con un mercado interno sólido que reduzca la dependencia de las exportaciones, aumente la recaudación fiscal para que el Estado pueda financiar las transformaciones que se requieren y, sobre todo, que se haga justicia, garantizando el acceso a la salud y al trabajo en condiciones de dignidad a todos los mexicanos.

Información: La Jornada Maya

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