Las reformas que regulan el outsourcing ya pasaron al Senado

Realidades.- Se aprobó sin cambios en la Cámara de Diputados con 284 votos a favor, luego del acuerdo alcanzado con sindicatos.

Votación outsorucing

Las reformas que regulan la subcontratación laboral fueron aprobadas esta madrugada de miércoles en la Cámara de Diputados, alcanzando 284 votos a favor, con lo que su discusión ya queda en manos de los senadores. 

La discusión sobre el llamado outsourcing había estado trabado ya por casi dos años, ante la postura del gobierno federal de afirmar que esta práctica había caído en abusos, mientras que el sector empresarial y privado argumentaba que podría incrementar el desempleo y la informalidad, discusión que se puso fin tras al acuerdo que se logró con los sindicatos el pasado 5 de abril.

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Durante la larga jornada ocurrida el día de ayer en el Pleno de Diputados y que se extendió hacia las primeras horas de este día, fueron 108 los diputados que se opusieron a la iniciativa y se mostraron 17 abstenciones, con lo que ya pasó al Senado, al no alcanzar los votos suficientes para frenarla.

Desde la bancada de Morena y en defensa de esta propuesta, se afirmó que ésta “permitirá hacer justicia a los derechos de las y los trabajadores, quienes durante años han sufrido detrimento en el pago de sus cuotas de seguridad social y menoscabo en el reparto de sus utilidades y prestaciones”.

Por su parte, el también morenista Pablo Gómez Álvarez, confrontó las críticas de quienes afirmab que esta reforma precarizará el trabajo, argumentando que, por el contrario, era esta figura la que precariza el empleo, generando un incremento de la explotación laboral, aunado a que el empleador no acude al mercado abierto, porque con este tipo de empresas, que en sí es facturera y es evasora fiscal, contrae una ventaja”.

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Esta propuesta implica cambios en seis leyes y a la Constitución -del Trabajo, del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del ISR, del IVA, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Apartado B del artículo 123 de la Constitución- y tiene con fin “eliminar las prácticas que dañan los derechos laborales, erradicando acciones que operan en la actualidad, a través de las diversas formas de simulación en perjuicio de las personas, trabajadores y del erario”.

Estos cambios implican que las empresas y el gobierno solo podrán subcontratar servicios y obras especializadas que no formen parte de su objeto social o actividad económica preponderante y las agencias de empleo podrán participar sólo en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación de personal, pero no podrán ser patrones de las personas que colocan en las empresas y será responsable “solidariamente” en caso de que la contratante no cumpla con sus obligaciones patronales (SAT, IMSS, Infonavit).

También se determina que estas empresas de subcontratación tendrán que registrarse y formar parte de un padrón de la Secretaría de Trabajo y se establece que utilizar esquemas simulados de subcontratación será considerado defraudación fiscal, delito que se castiga con cárcel.

Otro de los temas acordados es que el reparto de utilidades tendrá como límite máximo el equivalente a tres meses de salario o el promedio recibido en los últimos tres años, lo que resulte más alto.

Fuente.- LaPolíticaOnline

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