FMl recomienda a El Salvador un fuerte ajuste fiscal: aumento al IVA e impuestos a combustibles

Realidades.- Aumentar el IVA, nuevos impuestos a los combustibles y congelar plazas son algunas de las medidas propuestas por el FMI. 

Con la aprobación de los $389 millones para El Salvador en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido para enfrentar la pandemia del covid-19, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también realizó una serie de recomendaciones para llevar a cabo un ajuste fiscal (mediante aumento y creación de impuestos) a partir del próximo año y a las que el Ministerio de Hacienda se ha comprometido cumplir.

“Nos comprometemos a implementar un ajuste fiscal gradual de al menos el 3 % del PIB en medidas permanentes durante 2021–24, para lograr un equilibrio fiscal primario del 3.5 % del PIB (producto interno bruto) a fines de 2024, para colocar la deuda firmemente en una senda en declive y cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal y un índice de deuda pública que incluye pensiones del 60 % del PIB para 2030”, reza parte de la carta de intención enviada por el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, el 4 de abril al FMI.

La administración pública plantea que en 2021 se ejecutarán medidas como la facturación electrónica y un monotributo; sin embargo, estas solamente lograrían un 0.8 % del PIB.

El equipo del Fondo recomienda “medidas permanentes” adicionales como el aumento de los impuestos especiales sobre la gasolina y el diésel (dada la fuerte caída de los precios del petróleo), un aumento en los ingresos fiscales al introducir un impuesto a la propiedad y elevar las tasas de los impuestos al consumo, entiéndase el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o algunos impuestos especiales.

En la parte del gasto, se debe reducir la factura salarial (por ejemplo, congelamiento de contrataciones y jubilación anticipada de empleados públicos) y centralizar las compras en todos los ministerios y agencias del sector público. 

Aunque algunas medidas podrían empezar a implementarse el próximo año, la mayor parte del ajuste comenzará en 2022, cuando se espera que la economía salvadoreña “se haya recuperado completamente del choque pandémico”.

Así, el total de estas medidas para reducir la deuda pública podría significar un ajuste del 2.5 % del PIB para el año 2023, por lo que todavía haría falta continuar con nuevas soluciones.

“Las autoridades (del Gobierno de El Salvador) estuvieron de acuerdo con las recomendaciones del personal (del FMI) para preservar la estabilidad financiera y enfatizaron que continúan trabajando para fortalecer la cooperación transfronteriza y financiar adecuadamente el marco de asistencia de emergencia de liquidez”, reza parte del informe elaborado por la multilateral.

Finalmente, el Fondo advierte que el ajuste debe integrarse en “un plan fiscal a mediano plazo” que “priorice el gasto” para abordar problemas estructurales a más largo plazo (como brechas de seguridad, infraestructura y educación), al tiempo que “ayuda a reducir sustancialmente los costos de los préstamos mediante la identificación de fuentes de financiamiento no eficientes y eficiencias de gasto”.

Costo

En la carta de intención, el jefe de la cartera de Estado dice al FMI que las consecuencias económicas que traerá la pandemia del covid-19 pueden ser “muy graves” para El Salvador.

Se espera que el costo público de las medidas para prevenir, detectar, controlar, tratar y contener el virus alcance aproximadamente $900 millones (un 3.5 % del PIB), lo que, junto con una pérdida de ingresos, deteriorará para 2020 presupuestar alrededor del 8.7 % del PIB, lo que requiere un financiamiento adicional de al menos $1,300 millones.

El ministro Fuentes dice que la pérdida de producción acumulada hasta 2025 se ha estimado en alrededor de $ 2,500 millones, equivalentes al 10 % del PIB.

“Se espera que la pandemia abra una gran necesidad de balanza de pagos y detenga el impulso de crecimiento que comenzó en 2019 gracias a la mejora de la confianza empresarial. La posición fiscal se deteriorará a corto plazo debido a un menor crecimiento económico, menores ingresos y mayores gastos para contener las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus”, manifestó el funcionario en la misiva.

El crecimiento previsto en enero, continúa el titular de Hacienda, ha resultado en un gran impacto en la balanza de pagos de alrededor de $1,400 millones.

Esto hará que el financiamiento de todas las necesidades del sector público proveniente de los mercados internacionales sea “excesivamente costoso, poniendo en riesgo aún más la sostenibilidad” de la deuda pública.

De hecho, la deuda pública salvadoreña a diciembre de 2019 era del 73.3 % del PIB, por lo que ya se consideraba alta y vulnerable a los “shocks”.

Se espera que la con la situación actual, una combinación de una recesión estadounidense y la pandemia global, aumente el nivel de deuda pública en más del 10 % (incluidas las obligaciones de pensiones de aproximadamente el 19 % del PIB) y llegue al 82 % del PIB este año.

Más a mediano plazo, en ausencia de un ajuste fiscal “significativo”, el FMI advierte que la deuda salvadoreña continuaría aumentando, alcanzando el 85 % del PIB dentro de cinco años.

Por ello, preservar la sostenibilidad fiscal se vuelve una prioridad política y las medidas antes mencionadas (tanto para defenderse de la crisis como para ayudar a garantizar la sostenibilidad en el mediano plazo) cuentan con el apoyo del compromiso de las autoridades.

Para 2021, el personal del FMI recomienda, además, revertir el aumento en el gasto debido a medidas de emergencia por alrededor de $900 millones y, en el medio plazo, priorizar proyectos de inversión pública para financiar infraestructura crítica.

“(Las autoridades) Creen que la implementación estricta y oportuna de las medidas puede en última instancia proteger la economía, y las medidas de alivio podrían mitigar el impacto adverso en los hogares y las empresas más vulnerables y apoyar la recuperación”, indica el Fondo.

Fuente: ElEconomista

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