Mérida, Yucatán. Bajo la superficie de la península, un laberinto de ríos subterráneos y cenotes sostiene la vida de miles de comunidades mayas. Sin embargo, ese acuífero, uno de los más frágiles del país por la porosidad del suelo kárstico, enfrenta una crisis silenciosa: la filtración de desechos orgánicos provenientes de cientos de megagranjas porcícolas que, en muchos casos, operan sin sistemas de tratamiento de aguas residuales adecuados o simplemente vierten sus desechos al entorno.

La geografía de Yucatán no perdona. Al carecer de ríos superficiales y de una capa de suelo que filtre los contaminantes, cualquier residuo que se deposita en la selva o en las fosas de las granjas se infiltra directamente hacia el manto freático. Ambientalistas y comunidades locales advierten que la expansión de la industria porcícola, que concentra más de 500 granjas en la región , está comprometiendo la única fuente de agua potable de la península.

Promesas incumplidas y desechos al descubierto

El caso más emblemático de esta problemática es el de la granja porcícola de la empresa Kekén en el municipio de Kinchil. Según denuncias de campesinos y apicultores locales, desde su instalación hace más de ocho años, la empresa habría vertido aguas residuales sin tratar en aproximadamente 160 hectáreas de selva baja, formando extensiones de aguas negras que afectan mantos freáticos, milpas y cenotes . Aunque la empresa se habría comprometido a someter las aguas a tratamiento, los denunciantes aseguran que esa promesa nunca se cumplió .

La problemática no se limita a una sola empresa. En septiembre de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una clausura total y definitiva a la granja Pecuaria Peninsular, ubicada en la comisaría de Santa María Chi, tras detectar la descarga directa de aguas residuales sin permiso y el incumplimiento reiterado de medidas correctivas . Sin embargo, meses después del retiro de los cerdos, los habitantes de la zona denunciaron que las pilas de almacenamiento de residuos seguían llenas, con el riesgo latente de que los lixiviados continuaran filtrándose al subsuelo .

Un marco regulatorio rebasado

El marco legal existe, pero las autoridades reconocen su insuficiencia. La Norma Técnica Ambiental para granjas porcícolas en Yucatán exige que cada centro de producción cuente con un sistema de tratamiento de aguas residuales y un programa de manejo de residuos . No obstante, activistas señalan que las normas de descarga son «muy laxas» y que muchas instalaciones optan por evadir los controles para reducir costos, utilizando prácticas como el riego por aspersión de aguas no tratadas en la selva, confiando en que la vegetación «desaparezca» el problema, cuando en realidad solo acelera la infiltración de contaminantes .

El diagnóstico es claro: la capacidad de supervisión es insuficiente para la cantidad de granjas que operan en el estado, incluyendo un número indeterminado de instalaciones clandestinas . Aunque en abril de 2026 se firmó un convenio entre la Semarnat, la Profepa y el gobierno estatal para fortalecer la evaluación de impacto ambiental y la fiscalización del sector porcícola , las comunidades afectadas exigen resultados concretos y, sobre todo, la reparación del daño ambiental ya causado.

El costo humano y ecológico

Para las comunidades mayas, la contaminación del acuífero no es una abstracción técnica. Los habitantes de localidades cercanas a las granjas reportan olores fétidos persistentes, proliferación de moscas y cambios en la calidad del agua de sus pozos . La preocupación se extiende también a la biodiversidad: apicultores de la zona de Kinchil temen que la contaminación afecte los periodos de floración y, con ello, la producción de miel, una actividad económica fundamental para la región .

Organizaciones civiles y colectivos en defensa del agua han insistido en que el principio precautorio debe aplicarse con urgencia. En un territorio kárstico, señalan, la carga de la prueba no puede recaer en las comunidades que denuncian, sino en las empresas que deben demostrar que sus operaciones no están contaminando el agua que todos comparten . Mientras tanto, el acuífero maya sigue esperando que la regulación deje de ser una promesa escrita y se convierta en una realidad subterránea.

Protesta simbólica

Un cerdo inflable atrapado entre rejas y luego liberado se convirtió en el símbolo de una protesta contra las megagranjas porcícolas de Kekén en Paseo de Montejo.

Con esta acción, activistas pusieron sobre la mesa las consecuencias de la industria porcícola para el agua y las condiciones en que viven miles de cerdos. También reclamaron mayor vigilancia sobre las granjas, un censo que permita conocer cuántas operan realmente y castigos para quienes incumplan las disposiciones ambientales y de bienestar animal.

La manifestación fue convocada por Mercy For Animals Latinoamérica.