Con el propósito de impulsar el desarrollo territorial y mejorar la infraestructura urbana, se formalizó el Convenio Marco de Coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el gobierno del estado de Quintana Roo y el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Este instrumento jurídico establece las bases operativas para el ejercicio de recursos federales correspondientes a la vertiente de infraestructura y equipamiento del Programa Territorial para el Bienestar.

¿En qué consiste el acuerdo?

El convenio general funciona como una directriz de colaboración institucional para coordinar la ejecución de obras públicas y acciones de equipamiento urbano en beneficio de la población local. Aunque el documento marco no especifica una cifra monetaria única, establece los mecanismos técnicos y normativos mediante los cuales se autorizan y transfieren los subsidios federales.

Los proyectos financiados deben contar previamente con una evaluación técnica y un dictamen de viabilidad emitido por la SEDATU, asegurando que respondan a las necesidades prioritarias del municipio.

Manejo transparente y fiscalización de los recursos

Para garantizar el correcto uso del presupuesto, el acuerdo estipula reglas estrictas de administración:

• Cuentas específicas: El gobierno estatal y el municipio tienen la obligación de aperturar cuentas bancarias productivas únicas para recibir y administrar los subsidios con transparencia.
• Destino exclusivo: Los fondos federales no pueden utilizarse para fines distintos a los proyectos aprobados. Cualquier sobrante o rendimiento financiero generado debe ser reintegrado a la Tesoreros de la Federación (TESOFE).
• Auditoría y rendición de cuentas: La ejecución de los recursos está sujeta a la revisión y fiscalización de instancias como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Asimismo, se promueven mecanismos de contraloría social para que la ciudadanía vigile el avance de las obras.

Compromisos institucionales

El convenio establece responsabilidades claras para cada nivel de gobierno:

• La SEDATU funge como el órgano normativo encargado de evaluar los proyectos, brindar asesoría técnica y vigilar el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
• El Gobierno del Estado actúa como conducto para radicar los recursos hacia la demarcación municipal y coadyuvar en la integración de los expedientes técnicos.
• El Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto asume el papel de instancia ejecutora, comprometiéndose a aportar la documentación necesaria, acreditar la propiedad de los predios a intervenir, tramitar las licencias correspondientes y rendir informes trimestrales sobre el avance de los trabajos.

El acuerdo enfatiza que los recursos públicos se apegan al principio de imparcialidad, por lo que su aplicación se encuentra blindada contra cualquier uso político o electoral, priorizando el beneficio social y el ordenamiento territorial del municipio.

Por. A.G.