En medio de una profunda crisis de opacidad operativa y del despojo económico que sufren las familias trabajadoras mediante cobros ilegales, el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes (IMCAS) ha incurrido en una flagrante violación constitucional. La dependencia utiliza su estructura oficial, plataformas institucionales y recursos públicos incluyendo los salarios de personal de comunicación financiados con el erario para difundir, patrocinar y legitimar festividades de carácter confesional.

Este uso faccioso de la investidura pública no solo vulnera los criterios obligatorios del ordenamiento jurídico mexicano y la doctrina de neutralidad del Estado, sino que reedita las peores prácticas históricas de control corporativo y político que durante siglos sojuzgaron a los pueblos de la península de Yucatán.

I. El marco constitucional y la laicidad: Los criterios de la Suprema Corte y el Diario Oficial de la Federación

A la luz de los preceptos constitucionales y de las sentencias y jurisprudencias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y el Diario Oficial de la Federación (DOF), el principio de laicidad consagrado en los artículos 24, 40 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no admite ambigüedades ni excepciones a discreción de los funcionarios en turno.

• La neutralidad obligatoria del Estado: Las resoluciones y criterios del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han determinado con contundencia que las instituciones públicas, los organismos descentralizados y los gobiernos de todos los niveles tienen la obligación jurídica inexcusable de mantener una neutralidad e imparcialidad absolutas frente a cualquier credo, doctrina o festividad religiosa.
• Prohibición de uso institucional: Ninguna dependencia de gobierno puede anteponer preferencias confesionales ni utilizar sus canales oficiales de comunicación páginas web, redes sociales institucionales o gacetas informativas para otorgar trato preferencial, difusión o patrocinio a cultos particulares.
• La regla democrática frente a las mayorías: Aun cuando en el país exista una mayoría demográfica que profese la fe católica, ningún gobierno legítimo de la República promociona ni difunde contenido religioso en sus plataformas oficiales. La democracia constitucional existe precisamente para garantizar que los derechos de las minorías y el carácter laico del Estado se respeten por igual, protegiendo tanto a los creyentes de cualquier religión como a quienes no profesan ninguna. Al romper esta regla, el IMCAS traiciona el pacto federal.

II. La nómina pública al servicio del culto: El desvío digital del IMCAS

La falta de legalidad en la que incurre el IMCAS va mucho más allá de un simple mensaje en redes sociales; representa una cadena de responsabilidades administrativas y un uso irregular del presupuesto municipal:

• Sueldos del pueblo para propaganda religiosa: Detrás de la difusión digital de procesiones, gremios y celebraciones eclesiásticas dentro de templos hay un despliegue operativo financiado directamente con los impuestos de los habitantes de Solidaridad. Personal de comunicación social, community managers, diseñadores gráficos y redactores, cuyos salarios son cubiertos con el erario, dedican horas de trabajo, herramientas y equipos oficiales a generar y publicar contenidos de culto.
• El quebranto de la función pública: La Ley orgánica y los objetivos institucionales de un instituto de cultura están mandatados para promover las bellas artes, el patrimonio civil, la educación y los derechos culturales universales. Destinar la infraestructura y los recursos humanos del Estado para difundir agendas confesionales constituye un desvío de funciones y una afrenta directa contra los contribuyentes, quienes financian una dependencia cultural para recibir arte y educación, no para presenciar la clerigalla institucional.

III. La memoria histórica del sureste: Los «bancos de la fe» y la opresión oligárquica

Para comprender la gravedad política y social de este comportamiento institucional, es indispensable mirar hacia las raíces profundas de la península de Yucatán y el sureste mexicano. La simulación actual no es un hecho aislado, sino la repetición de viejos vicios de dominación.

• La Iglesia como aparato de control y explotación: Durante la época colonial y el posterior auge de la oligarquía regional, los templos, cofradías y corporaciones eclesiásticas no operaban únicamente como espacios de guía espiritual, sino como verdaderos «bancos de la fe» y engranajes económicos de la élite. En estrecha complicidad con los hacendados y los poderes fácticos, estas estructuras servían para cobrar tributos implacables, diezmos y cuantiosas cuotas que asfixiaban a los pueblos mayas y a las comunidades trabajadoras.
• El dogma al servicio de los privilegios: La fe y las festividades corporativas se utilizaban sistemáticamente como instrumentos de control ideológico para mantener sumisa a la población, justificar el despojo de tierras y proteger los privilegios de una minoría blanca y terrateniente a costa del sufrimiento colectivo.

IV. La Revolución Socialista del Sureste y la dignidad de los pueblos

Ante aquel yugo insostenible, la historia del sureste mexicano está marcada por la resistencia y la dignidad inquebrantable de sus comunidades.

• El combate a los símbolos del yugo: Durante los momentos más agudos de transformación social, destacando la heroica Guerra de Castas y las reformas radicales impulsadas por la Revolución Socialista del Sureste bajo el liderazgo de figuras como Felipe Carrillo Puerto, el pueblo trabajador no se levantó contra la fe íntima o espiritual de las personas, sino contra los símbolos físicos del poder opresor. Las estructuras y templos que funcionaban como bastiones económicos y políticos de la oligarquía fueron combatidos y transformados por el pueblo como un acto de emancipación radical frente a quienes usaban el dogma para esclavizar la tierra y las conciencias.
• Orgullo e inteligencia en el presente: Las comunidades actuales de Solidaridad y de toda la región deben sentirse profundamente orgullosas de esa herencia de lucha socialista y revolucionaria. La gran enseñanza histórica es que la defensa de la justicia social y el laicismo no requiere hoy de la violencia del pasado, sino de la inteligencia, la organización social firme, la presión ciudadana y el rigor jurídico.

V. La traición del IMCAS y el llamado a la organización ciudadana

Lo que hoy ejecuta el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Playa del Carmen traiciona por completo esa memoria de emancipación. Al subordinar una institución pública a intereses corporativos y difundir cultos religiosos con dinero del pueblo, el IMCAS reedita la vieja escuela de la oligarquía regional: usar la investidura del gobierno para entrelazarse con poderes fácticos, simular cercanía con el pueblo y pisotear la Constitución.

El pueblo de Playa del Carmen tiene el derecho legítimo, histórico y constitucional de exigir un alto total a esta simulación. Las instituciones del Estado pertenecen a todas y a todos por igual; no son capillas privadas de los funcionarios ni aparatos de propaganda clerical. La defensa del Estado laico y de los recursos públicos es una tarea ineludible que exige la rendición de cuentas, la rectificación institucional y la firmeza organizada de la comunidad.

Por. A.G.