Columna: Pensamiento Crítico
Es de conocimiento público que la denominada cuarta transformación llegó a Quintana Roo a través de un pacto cupular entre el entonces presidente López Obrador, el ex gobernador Carlos Joaquín y el dirigente del PVEM, Emilio González.
A nadie sorprende ya el pragmatismo político impulsado por Lopez Obrador que colocó a Carlos Joaquín como Embajador en Ottawa como parte de los acuerdos para abrirle la puerta a Morena en el Estado de Quintana Roo sin una disputa frontal con el viejo régimen, como si sucedió en Tamaulipas, Puebla y Campeche, por mencionar algunos ejemplos donde los triunfos de la 4T sí fueron fuertes batallas electorales.
Como parte de esos acuerdos cupulares, Cristina Torres, siendo diputada plurinominal en la elección de 2019 brincó del PAN en el Congreso local hacia la bancada de Morena, allá por el año 2020 a pesar de que Torres Gómez hizo campaña junto a Ricardo Anaya en 2018 y que intentó operar un fraude electoral en contra de Morena para forzar su reelección municipal frente a la inesperada victoria de Laura Beristain que logró vencer al aparato estatal por el tsunami de votos de la elección presidencial de 2018.
Carlos Joaquín previó el ascenso de AMLO a la presidencia e infiltró al naciente partido Morena para mantener el control político local, sin embargo, en Playa del Carmen no logró mantener dicho control cuando Laura Beristain concretó la candidatura morenista por el cabildeo de su hermana; la entonces Senadora Luz María Beristain, asignada en Yucatán como delegada de Morena en 2018, después de abandonar al hoy extinto PRD en el Senado de la República desde 2017 para respaldar el proyecto presidencial de López Obrador.
Cristina Torres durante su corto mandato (2016-2018) aprobó el desmonte del manglar para la construcción de un edificio a pie del litoral en la playa pelícanos donde la erosión de la playa es devastadora actualmente por la nula visión de sustentabilidad y respeto a los arenales.
Además, Cristina Torres formó parte de la Desarrolladora de la Riviera Maya (DERIMAYA), el bodrio empresarial público-privado creado durante la administración del ex gobernador Joaquín Hendricks para tomar el control de los lotes en la colonia Luis Donaldo Colosio sin antecedente registral en el Registro Público de la Propiedad.
La DERIMAYA operó un fraude en detrimento de miles de familias en Playa del Carmen al ostentarse como propietaria ilegítima de los terrenos nacionales.
AMLO publicó un primer decreto en el DOF que incluía la nacionalización del predio costero Chen Zubul como parte del compromiso de entregar títulos de propiedad a los legítimos ocupantes de la colonia Colosio de Playa del Carmen, sin embargo, Carlos Joaquín y Julio Scherer desde la consejería jurídica echaron abajo ese decreto y convencieron a AMLO de publicar un segundo decreto dejando fuera al predio de Chen Zubul y limitando el decreto de expropiación a la zona limítrofe urbana.
Legado ominoso de Cristina Torres
La actual Secretaria de Gobierno en la administración de Mara Lezama es la mayor pieza del joaquinismo instalado en el gobierno de la 4T junto a otros operadores como Alonso Ovando en SEDETUS y Bernardo Cueto en SEDETUR.
Durante la administración de Cristina Torres (2016-2018) se detonó un fenómeno de violencia con el asesinato de 5 personas, incluidos un ciudadano canadiense y un estadounidense en el “Blue Parrot” durante la clausura del festival de música electrónica BPM que era emblemático en el destino.
Asimismo, Cristina Torres y su suplente Samaria Ángulo operaron la privatización del espacio público en Playa del Carmen a través de la entrega de la concesión a la empresa de parquímetros que cobra de manera discrecional multas y tarifas de forma privada a los propietarios de vehículos en la zona turística representando un negocio redondo.
Cabe mencionar que la empresa de parquímetros retiró el servicio de renta de bicicletas que formaba parte de la concesión, incurriendo en una ruptura del acuerdo legal original que presuntamente promovía la movilidad sustentable para convertirse únicamente en una empresa que lucra con el espacio público.
En dos años de gobierno municipal, Cristina Torres aprobó la construcción de nuevos desarrollos habitacionales que saturaron la infraestructura eléctrica de la CFE, pero hoy se presenta como conciliadora entre el descontento ciudadano por los constantes apagones que ella y su administración provocaron. Asimismo su paso como secretaria general del ayuntamiento en las administraciones del PRI en el Municipio de Solidaridad, hoy Municipio Playa del Carmen la hacen corresponsable de la crisis de apagones provocados por la corrupción priísta.
En síntesis, las aspiraciones de Cristina Torres de buscar una candidatura por Morena en Playa del Carmen representa un retroceso en el avance político y social de la cuarta transformación. Si bien Estefanía Mercado también es resultado del mismo pacto cupular mencionado, su paso por la administración pública ha estado marcado por el boicot de su ex tesorero Regalado Hendricks, miembro honorario del viejo régimen priísta incrustado en la 4T, familiar del ex gobernador Joaquín Hendricks.
Estefanía Mercado aglomeró a los poderes fácticos del corporativismo gestados en la época priísta como son la CROC y el sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas, así como fundadores de Morena, operadores políticos del Verde Ecologista y entregó la seguridad municipal a la FGE dirigida por Raciel López a través del nombramiento de Montesinos en la SSC Municipal.
La realidad es que Estefanía ha tratado de impulsar una agenda institucional a través del establecimiento del color arena en la infraestructura municipal, el cambio de nombre del Municipio de Solidaridad a Playa del Carmen para fortalecer la identidad local, pero el viejo régimen opera para desecharla y retomar el control político.
El diagnóstico es que la competencia por la coordinación estatal de Morena en Quintana Roo, es la antesala a la candidatura por la gobernatura, dicha situación ya está cimbrando políticamente a toda la entidad y a sus 11 municipios como posibles piezas de cambio para los derrotados. Esta situación denota turbulencia política y la falta de gobernabilidad al interior de la alianza que comenzó con el fracaso de la reforma política impulsada desde el Ejecutivo Federal que topó con pared con sus partidos aliados.
Los aspirantes más fuertes son Eugenio Segura, que cuenta de facto con el apoyo de la Gobernadora Mara Lezama y por otro lado Rafael Marín Mollinedo, fundador de Morena en la entidad que goza de gran respaldo popular construido desde las bases, lejos del pacto cupular. Les siguen, Ana Patricia Peralta y Marybel Villegas en la búsqueda de la coordinación.
En ese contexto, se percibe incertidumbre política, la guerra mediática en redes sociales está a todo lo que da y deja entrever que la competencia por la coordinación estatal se está llevando acabo sin disciplina partidaria. Un claro síntoma de eso fue la llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia de Morena y la de Citlali Hernández a la comisión de elecciones para intentar corregir el rumbo con la venia de la presidenta Claudia Sheinbaum.
