Hace exactamente tres décadas, el tejido social y geográfico de México sufrió una fractura que hoy se manifiesta con crudeza en la selva quintanarroense. La reforma al artículo 27 constitucional de 1992, emblema del salinismo, no solo alteró la tenencia de la tierra; inauguró una era donde la naturaleza fue redefinida como mercancía. Hoy, tras treinta años de políticas que han mantenido intacto este paradigma de especulación, los cenotes bienes nacionales inalienables han quedado reducidos a activos privados, vallados por casetas de cobro que operan bajo un silencio cómplice del Estado.

La herencia salinista: cuando la tierra dejó de ser nuestra

El modelo de «dominio pleno» implementado a inicios de los años 90 prometía modernidad y certeza jurídica. En la práctica, fue la llave maestra que permitió la desarticulación del ejido y la entrega del territorio a grupos inmobiliarios. En Quintana Roo, el impacto fue devastador: miles de hectáreas de selva, que incluían cenotes, ríos subterráneos y cavernas, pasaron del resguardo comunitario a la propiedad privada especulativa.

El Estado, en su afán de atraer inversión extranjera y turística, entregó los títulos de propiedad sin salvaguardar lo único que garantizaba el derecho de los ciudadanos: la servidumbre de paso. Al privatizar el «contenedor» (el suelo), el gobierno permitió, por omisión, que los nuevos dueños ejercieran un derecho de exclusión sobre el agua, un bien que constitucionalmente pertenece a la Nación.

Treinta años de inacción: una política de Estado

Resulta alarmante que, después de tres décadas y múltiples alternancias en el poder, ningún gobierno haya tenido la voluntad política de romper de raíz con esta herencia. La especulación sobre los bienes nacionales se ha normalizado bajo una retórica de «desarrollo turístico».

Gobiernos de todos los colores políticos han mantenido la misma dinámica: autorizar desarrollos inmobiliarios y ecoparques sin exigir la apertura de corredores públicos hacia los cuerpos de agua. Esta inacción no es casual; es el resultado de un sistema administrativo que trata al ciudadano como un consumidor y a la nación como un inventario de mercancías. La corrupción, presente en la expedición de licencias de funcionamiento para lugares que operan sobre bienes nacionales sin concesiones federales, es el engranaje que mantiene aceitada esta maquinaria de despojo.

El cenote como mercancía: la vulneración del derecho al agua

Hoy, el acceso a un cenote en Quintana Roo tiene un costo de entrada. El argumento de los operadores basado en la inversión en «servicios e infraestructura» es técnicamente legal, pero éticamente vacío. La verdadera ilegalidad radica en la privatización del acceso físico a un bien natural que no debería tener dueño.

Este modelo ha transformado nuestra relación con el territorio. Lo que antes era un patrimonio compartido, hoy es un producto de lujo. Al impedir el libre tránsito, no solo se limita el esparcimiento humano, sino que se bloquea la vigilancia social sobre el acuífero. Al privatizar el entorno de los cenotes, se privatiza también la capacidad de la comunidad para denunciar la contaminación, la sobreexplotación y la degradación de un sistema hídrico que es, a todas luces, la vena de vida de la península.

La nación frente al espejo: ¿hacia dónde?

La persistencia de esta política durante 30 años ha derivado en una crisis de derechos humanos ambientales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Legislativo han mantenido una postura de neutralidad frente a este «secuestro del paisaje». Mientras la ley continúe priorizando la propiedad privada sobre la protección de los bienes públicos, la soberanía de la nación sobre sus aguas seguirá siendo una ficción jurídica.

Es imperativo que la agenda pública deje de ver los cenotes como albercas privadas. Se requiere una reforma estatal que obligue a los propietarios de terrenos con cenotes de valor ecológico a garantizar accesos gratuitos y seguros, replicando el modelo de las playas mexicanas.

El sistema salinista no solo privatizó la tierra; privatizó nuestra capacidad de habitar nuestro propio territorio. Romper con este modelo requiere más que discursos: exige la revisión inmediata de los títulos de propiedad otorgados con irregularidades y, sobre todo, la determinación de devolverle a la ciudadanía el derecho de caminar por su propia tierra para contemplar el agua que nos pertenece a todos.

La historia de los últimos 30 años es la historia de una desposesión silenciosa. Quintana Roo ya no puede seguir siendo el rehén de una especulación que trata la naturaleza como un objeto desechable y a la nación como un mercado. El agua, en su flujo libre, es el recordatorio constante de que nada ni siquiera el dominio pleno debería estar por encima del bien común.

Por. A.G.