El pasado 27 de mayo de 2026, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un documento que, bajo una fachada de «mejora administrativa», esconde una transformación radical en la forma en que se maneja el dinero y las decisiones estratégicas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Se trata del Acuerdo 81/2026, firmado por el titular de la dependencia, Édgar Abraham Amador Zamora, el cual representa un retroceso sin precedentes en la vigilancia del gasto público en México.

El desmantelamiento de la firma única

Históricamente, la responsabilidad de autorizar el uso de recursos públicos recaía sobre el Secretario de Hacienda, garantizando que una sola autoridad —la máxima en la materia— fuera responsable ante la nación por cada peso gastado en consultorías, eventos y obras. Con este nuevo acuerdo, esa responsabilidad se «diluye» y se reparte entre decenas de funcionarios de nivel intermedio.

El acuerdo, que abroga las reglas establecidas desde 2010, delega facultades críticas a titulares de Unidades Administrativas, Subsecretarías, la Tesorería de la Federación, la Procuraduría Fiscal y los órganos desconcentrados. A partir de ahora, el Secretario de Hacienda se deslinda de la responsabilidad directa sobre decisiones que antes requerían su aval, creando un sistema donde la toma de decisiones ocurre en niveles donde la lupa ciudadana y el escrutinio público tienen mucho menos alcance.

¿Qué es lo que ahora pueden decidir sin consultar al Secretario?

El documento oficial detalla facultades que, en manos equivocadas o sin la supervisión adecuada, pueden comprometer el patrimonio nacional:

1. Gastos de «orden social» y eventos: Funcionarios intermedios tienen ahora el poder de autorizar, a su libre albedrío, erogaciones para congresos, convenciones, seminarios, foros y cualquier tipo de evento análogo. Esto abre la puerta al uso discrecional del presupuesto en actividades que, muchas veces, funcionan como cajas chicas para la promoción de imagen política.
2. Consultorías y estudios millonarios: La contratación de servicios de «consultorías, asesorías, estudios e investigaciones» —el rubro favorito para desviar recursos públicos a través de empresas fachada— ya no necesita la firma del Secretario. Ahora, cualquier unidad administrativa puede gestionar estas contrataciones directamente.
3. Contratos en el extranjero: Se delega la facultad de autorizar dictámenes de procedencia para contrataciones que se realicen fuera de nuestras fronteras. Esto es sumamente delicado, ya que el gasto en moneda extranjera y bajo legislaciones foráneas siempre ha sido un punto ciego para las auditorías locales.
4. Adjudicaciones directas sin límite: La facultad de fijar porcentajes superiores a los establecidos en la Ley de Obras Públicas es, quizás, la más peligrosa. Permite que, en «casos excepcionales», se otorguen obras a dedo (invitación restringida o adjudicación directa) sin pasar por procesos de licitación pública competitiva.

Un escudo de «agilización» para esconder la discrecionalidad

El argumento oficial de la Secretaría es que se busca «agilizar el despacho de los asuntos» y lograr una «mejor organización del trabajo». Sin embargo, la experiencia histórica en México enseña que cuando se elimina la firma del máximo responsable, lo que realmente ocurre es que se elimina la rendición de cuentas.

Al fragmentar el poder de decisión, el Gobierno de México está creando un ecosistema de opacidad. Si algo sale mal, si un contrato de consultoría resulta ser un fraude o si una obra se adjudica a un sobreprecio injustificado, la responsabilidad se vuelve un laberinto legal donde cada funcionario apuntará al otro, y el Secretario de Hacienda, bajo el amparo de este acuerdo, podrá argumentar que él «delegó la facultad» y no es responsable de la ejecución operativa.

¿Por qué esto debería importarle al pueblo?

El Acuerdo 81/2026 no es un papel técnico sin importancia; es la arquitectura legal que permite que el presupuesto nacional deje de ser una herramienta de desarrollo para convertirse en un botín gestionable por mandos medios.

Mientras el ciudadano lucha por comprender cómo se usan sus impuestos, Hacienda ha decidido que la vigilancia centralizada es un «estorbo» para sus planes. Al autorizar que se firmen estudios, consultorías y obras fuera del control del Secretario, México camina hacia un sistema donde el erario es manejado como una empresa privada, sin los candados de seguridad que nuestra Constitución exige.

El pueblo de México debe estar alerta: la «agilidad» que pregona este acuerdo puede ser el camino más corto hacia el dispendio, la corrupción y el desvío de los recursos que deberían destinarse a resolver las carencias sociales, no a financiar la burocracia dorada o los intereses de quienes operan desde las sombras en la administración pública.

Por. A.G. Inforamción. DOF.