Mientras la nación duerme, la maquinaria administrativa del Estado ha dado un golpe de timón definitivo. En una publicación que debería encender todas las alarmas de soberanía nacional, el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 26 de mayo de 2026 revela una modificación estructural a las reglas del juego energético. Bajo el pretexto de «favorecer una mayor participación», la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, ha firmado un acuerdo que no es otra cosa que una alfombra roja extendida para que las élites económicas aseguren el control del interruptor nacional.

La Estrategia del «Albazo» Administrativo

El documento «2026_05_26_MAT_sener.doc» detalla cómo se han manipulado los plazos para que la entrega de permisos sea irreversible antes de que termine el año. No se trata de un simple ajuste de fechas; es una compresión del tiempo democrático para favorecer al gran capital.

1. El Registro del Despojo (2 de junio al 2 de septiembre de 2026): Se abre el periodo para que las empresas registren sus «manifestaciones de interés» en proyectos estratégicos y almacenamiento de energía. Este plazo de tres meses asegura que solo los consorcios con despachos de abogados y técnicos ya preparados puedan acceder a la Ventanilla Única de Proyectos Estratégicos (VUPE).
2. CENACE: De Guardián a Cajero de las Élites: Entre el 5 y el 8 de junio, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) determinará los montos que los privados deben pagar por sus estudios de interconexión. Es un periodo de apenas 72 horas hábiles donde se decidirá quién entra en el negocio y quién queda fuera.
3. El Filtro del Dinero (9 al 15 de junio): El gobierno exige que el pago de las líneas de captura se realice en menos de una semana. Esta es la barrera definitiva: quien no tenga millones de pesos líquidos en ese instante, queda fuera de la «Segunda Convocatoria». Es un juego donde solo se aceptan fichas de a millón.

Quintana Roo: El Laboratorio de la Exclusión

Para quienes vivimos en Playa del Carmen y Cancún, las implicaciones son devastadoras. El documento oficial instruye que los proyectos deben estar alineados a la «planeación vinculante», un término elegante para decir que el gobierno ya decidió dónde se instalarán las granjas solares masivas.

En nuestro estado, este acuerdo facilita que los «millonarios de gobierno» y capitales europeos (especialmente españoles) se apropien de tierras ejidales mediante la figura de la «atención prioritaria». Mientras al ciudadano común se le corta la luz por una deuda de unos cuantos pesos, el Comité Técnico de la CNE sesionará de forma «extraordinaria» el 20 y 21 de agosto para bendecir los permisos de generación de los poderosos.

La Muerte de la Soberanía en 17 Etapas

El nuevo calendario previsto en el numeral 7 del acuerdo es una cronología de la capitulación energética:

• 27 de julio: El CENACE notificará los costos de las «Obras de Refuerzo». Aquí es donde el pueblo termina pagando la infraestructura para que el privado haga su negocio.
• 12 al 13 de agosto: Los solicitantes aceptarán los costos de manera «irrevocable», sellando el destino de nuestro sistema eléctrico.
• 25 de agosto: La notificación formal de los permisos aprobados. Ese día, el Estado dejará de ser el dueño del sol para convertirse en el cobrador de las transnacionales.

El Engaño de la «Confiabilidad»

El acuerdo cita los Artículos 27 y 28 de la Constitución, aquellos que Lázaro Cárdenas y López Mateos defendieron con honor, para justificar lo injustificable: que la generación eléctrica (el corazón del sistema) pase a manos de quienes buscan rentabilidad y no bienestar social.

La narrativa oficial dice que esto es para fortalecer la «continuidad y seguridad» del Sistema Eléctrico Nacional. La realidad que revela el archivo «2026_05_26_MAT_sener.doc» es que la CFE está siendo reducida a un administrador de cables, un simple «repartidor» que garantiza que el dinero de los mexicanos termine en cuentas en el extranjero.

Llamado a la Acción: No podemos permitir que este acuerdo transite en silencio. La luz no es una mercancía de subasta; es un derecho humano y un recurso de seguridad nacional. El 24 de agosto de 2026 se publicarán los resultados finales de este despojo institucionalizado. El pueblo tiene el derecho y el deber de cuestionar por qué se le entrega a la élite lo que por sangre e historia le pertenece a la nación.

Por. A.G. Información. DOF– DOF2.