En un movimiento que el Gobierno Federal califica como «histórico» para la preservación del patrimonio natural, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha formalizado la creación del Certificado de Libre de Deforestación. Sin embargo, lo que se presenta como una victoria ambiental, para muchos productores locales representa un nuevo sistema de control sobre la tierra que ignora las fallas estructurales del sistema ejidal y favorece la consolidación de la agroindustria.

El decreto: Orden público vs. Realidad agraria

El acuerdo, publicado recientemente en el Diario Oficial de la Federación, instruye a la Dirección General de Gestión Forestal a emitir certificados que acrediten que cualquier actividad en una superficie determinada no ha implicado el cambio ilegal de uso de suelo. La medida se declara de orden público e interés social, basándose en cifras alarmantes: entre 2001 y 2024, México perdió un promedio de 44,766 hectáreas de bosque al año debido a la conversión agrícola.

A pesar de que la deforestación ya era un delito, este nuevo instrumento administrativo vincula directamente la producción con la legalidad comercial y el acceso a apoyos económicos.

El impacto en el productor: ¿Soberanía o control?

La implementación de este certificado introduce una serie de obstáculos para el pequeño productor y aquellos que operan bajo sistemas agroforestales:

• Bloqueo de apoyos: La Secretaría de Agricultura (Sader) tiene ahora prohibido otorgar incentivos a actividades que propicien el incremento de la frontera agrícola a costa de los bosques.
• Vigilancia tecnológica: Se utilizará una plataforma de información coordinada para verificar polígonos georreferenciados, lo que centraliza el poder de decisión sobre qué tierra es productiva y cuál no.
• Acaparamiento de títulos: En un país donde la tierra suele estar concentrada en unos pocos ejidatarios —algunos con múltiples títulos a su nombre—, este certificado podría convertirse en una herramienta de exclusión para quienes no poseen la documentación formal o el favor de las autoridades ejidales.

La sombra de la agroindustria

Mientras el pequeño productor enfrenta nuevas trabas burocráticas, el decreto parece diseñado para limpiar la imagen de la gran agroindustria ante los mercados internacionales. Al reformarse la Ley de Comercio Exterior, la prevención de la deforestación se convierte en un requisito para la exportación.

Irónicamente, la agroindustria es señalada por el propio sistema de monitoreo como responsable de gran parte del 28% de los ecosistemas terrestres ya transformados en zonas agropecuarias. Al tener los recursos para gestionar la compleja tramitología de los «polígonos», las grandes empresas podrían ser las únicas capaces de navegar este nuevo sistema, profundizando la brecha con el campo independiente.

¿Conservación o hambruna productiva?

El debate queda abierto: mientras el Estado prioriza la «rastreabilidad» para cumplir con compromisos internacionales, los productores cuestionan si es mejor dejar morir de hambre a la población protegiendo plantas que no producen alimento, o permitir sistemas de cultivos sustentables y productivos que hoy quedan bajo sospecha administrativa.

Con la entrada en vigor de este acuerdo, el campo mexicano inicia una etapa donde la producción de alimentos ya no solo dependerá de la lluvia y el suelo, sino de un código digital y un certificado de la Semarnat.

Por. A.G. Información. DOF.