En un fallo de gran relevancia para el sistema de justicia en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha puesto un freno a leyes estatales que permitían castigar a funcionarios y profesionales sin reglas claras. Tras analizar la Acción de Inconstitucionalidad 77/2025, el máximo tribunal del país determinó que la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Yucatán presentaba fallas graves que vulneraban los derechos humanos.
El Corazón del Conflicto: ¿Por qué intervino la Corte?
La controversia inició cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que el Congreso de Yucatán había redactado una ley con «espacios vacíos». Estos vacíos permitían que las autoridades impusieran castigos de manera subjetiva, lo que en el derecho se conoce como una violación al Principio de Legalidad y Seguridad Jurídica.
La Constitución Mexicana exige que cualquier sanción debe estar perfectamente definida: el ciudadano debe saber exactamente qué conducta es una falta y cuál será el castigo exacto (mínimo y máximo).
Los Puntos Críticos: Artículos y Casos Analizados
La sentencia, bajo la ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, desglosó la ley y determinó lo siguiente:
1. Sanciones «Al Arbitrio» (Artículos 134, fracciones II, IV y VI)
El Congreso local había establecido que los facilitadores (quienes ayudan a resolver conflictos entre particulares sin ir a juicio) podían recibir las siguientes sanciones:
- Multas económicas.
- Suspensión de su certificación.
- Inhabilitación para trabajar.
El problema detectado: La ley no decía de cuánto era la multa, ni cuánto tiempo duraba la suspensión o la inhabilitación. La Corte determinó que esto dejaba al profesional a merced de la voluntad del funcionario en turno, quien podía imponer un castigo leve o uno ruinoso sin una base legal sólida. Al no haber un tope o un piso, la norma se declaró inválida.
2. El «Pasado» como Barrera (Artículo 114)
Se analizó el requisito de no haber sido sentenciado por delitos de corrupción o responsabilidades administrativas para poder ser facilitador.
- El fallo: La Corte consideró que este requisito es válido. Se explicó que, dado que estos profesionales manejan la justicia y la paz social, es necesario que tengan un historial de honestidad vinculado directamente con su función pública.
3. Claridad en las Conductas (Artículos 45 y 137)
También se denunció que no era claro cuándo se perdía una certificación. Sin embargo, en este caso, la Corte le dio la razón al Estado, argumentando que estos artículos sí describen con suficiente detalle las causas por las cuales un facilitador deja de ser apto para su cargo, por lo que estas normas siguen vigentes.
Los Responsables detrás de la Ley
La nota subraya que la ley fue producto del Congreso del Estado de Yucatán, bajo el Decreto 84/2025, publicado originalmente el 20 de junio de 2025. La demanda que obligó a revisar estos textos fue firmada por la titular de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra.
¿Qué significa esto para el pueblo?
Este fallo es una victoria para la transparencia. Significa que en Yucatán, y por extensión en todo México, ninguna autoridad puede inventar castigos sobre la marcha. La justicia debe ser predecible:
- Protección al trabajador: Los mediadores y facilitadores ahora tienen la seguridad de que no serán inhabilitados de por vida por una falta menor solo porque la ley no tenía límites.
- Calidad en la justicia: Al validar los filtros de honestidad, se asegura que quienes ayuden a resolver pleitos de los ciudadanos sean personas con ética probada.
El Congreso de Yucatán está ahora obligado a legislar de nuevo para corregir estos errores y establecer tablas de sanciones que respeten los límites de tiempo y dinero que la Constitución exige.
Por. A.G. Infomración. DOF-
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