En una maniobra administrativa que consolida la ruta trazada por la reciente «Segunda Subasta Energética», la Secretaría de Energía (SENER) publicó este 13 de mayo de 2026 un acuerdo que redefine quién tiene el poder de decisión sobre el territorio nacional. Bajo el argumento de «agilizar y eficientar» trámites, la dependencia ha delegado facultades críticas en mandos medios, facilitando la ocupación de tierras y la validación de consultas indígenas para proyectos eléctricos y de hidrocarburos.
El «Poder de Firma»: El fin de los contrapesos de alto nivel
El acuerdo firmado por la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, otorga a coordinadores y subdirectores de la Dirección General de Impacto Social la capacidad legal para suscribir documentos que antes requerían una revisión del más alto nivel.
Entre las facultades delegadas destacan tres pilares que afectan directamente a las comunidades:
- Validación de Consultas Indígenas: Ahora, subdirectores podrán decidir si una consulta a un pueblo originario es válida, lo que abre la puerta a procesos exprés en zonas de alto interés para granjas solares y gasoductos.
- Ocupación Superficial: Se otorga poder de firma para gestionar el uso de terrenos (ejidales o privados). Esto acelera la entrada de empresas a las parcelas bajo el esquema de «utilidad pública».
- Justicia Energética y Gestión Social: Los planes de mitigación que las empresas ofrecen a cambio de instalarse en las comunidades serán revisados por áreas operativas, reduciendo la vigilancia política sobre lo que las transnacionales entregan realmente al pueblo.
Conexión con la Segunda Subasta: El negocio redondo
Esta reforma administrativa no es aislada. Ocurre apenas dos días después de que se lanzara la convocatoria para que inversionistas privados con capitales mínimos de un millón de dólares tomen el control de la generación eléctrica.
«Mientras la subasta pone las reglas del negocio para las élites, este acuerdo de hoy pone las herramientas para quitar los obstáculos del camino: la tierra y la resistencia social», señalan analistas del sector.
Al permitir que funcionarios de segundo y tercer nivel autoricen el impacto social y el uso de suelo, se reduce la transparencia y se aumenta el riesgo de acuerdos opacos entre la burocracia y los grandes capitales extranjeros, que ven en el sol y el viento de México un activo financiero y no un derecho humano.
Quintana Roo: El epicentro de la entrega
Para estados como Quintana Roo, este acuerdo es una señal de alerta máxima. Con el antecedente de la privatización de servicios básicos en ciudades como Cancún y Playa del Carmen, la delegación de estas facultades facilita que grupos hoteleros y consorcios europeos (principalmente españoles) aseguren extensiones masivas de tierra para proyectos de autogeneración.
En la práctica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) queda relegada a un papel de simple «administrador de cables», mientras que la generación de la energía y por ende el control del precio y el suministro se traslada a oficinas corporativas que ahora encontrarán trámites más «ágiles» gracias a lo publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación.
¿Qué significa esto para el ciudadano?
Para el pueblo de México, esto se traduce en una pérdida de control sobre su propio entorno. Cuando la decisión de ocupar una tierra o validar una consulta queda en manos de una subdirección técnica y no de una autoridad con responsabilidad política directa, el ciudadano pierde capacidad de defensa.
La soberanía energética, definida por la Constitución en sus artículos 27 y 28, enfrenta hoy un desmantelamiento administrativo. La luz, lejos de ser un servicio social garantizado por el Estado, se perfila para ser un producto comercializado por privados, donde el Gobierno de México solo actúa como el gestor de los permisos.
Por. A.G. Información. DOF-
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