En un movimiento que sacude los cimientos de la procuración de justicia en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha oficializado el Acuerdo General 5/2026. Esta medida ordena detener el dictado de sentencias en todos los juicios de amparo promovidos por el personal sustantivo de la Fiscalía General de la República (FGR). Agentes del Ministerio Público, policías de investigación y peritos han quedado atrapados en un «pausa» judicial que podría durar meses o años.

El origen del conflicto: Unas reglas bajo sospecha

El problema no es nuevo, pero ha llegado a un punto crítico. Todo gira en torno a los llamados «Lineamientos L/003/19». Estas son las reglas que el Gobierno Federal creó en 2019 para regular al personal que venía de la antigua Procuraduría (PGR) y que pasó a la actual Fiscalía (FGR).

Desde su creación, estos lineamientos fueron señalados por los propios trabajadores de la institución como injustos e inconstitucionales. Miles de servidores públicos encargados de investigar delitos federales consideraron que estas normas violan sus derechos laborales básicos y su seguridad jurídica. Esto desató una ola de demandas y amparos en todo el país.

¿Qué declaró la Suprema Corte?

Ante el caos de ver cientos de juicios similares en diferentes tribunales, el Pleno de la Corte —encabezado por el Ministro Hugo Aguilar Ortiz— decidió aplicar la «cláusula de congelamiento»:

1. Sentencias pausadas: Los jueces de distrito y magistrados pueden llevar los juicios hasta el final, pero tienen prohibido firmar la sentencia definitiva.
2. Esperando la «Palabra Mayor»: La Corte admite que existen contradicciones y dudas sobre si esas reglas de la FGR son legales o violan la Constitución. Hasta que los ministros no decidan si los lineamientos son válidos, nadie en México podrá ganar o perder un juicio relacionado con este tema.
3. Cifras del conflicto: La propia FGR ha reconocido oficialmente que existen decenas de expedientes (al menos 67 de alto impacto inmediato) que presentan exactamente la misma problemática, lo que pone en evidencia un fallo sistémico en la forma en que se administra al personal de justicia.

¿Por qué esto le importa al ciudadano común?

Podría parecer un pleito interno de oficina, pero las repercusiones para el pueblo de México son profundas:

• Investigadores en la incertidumbre: Quienes deben perseguir al narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado están trabajando sin saber si sus condiciones laborales son legales. Un agente que vive con el temor de ser sancionado bajo reglas dudosas es un agente vulnerable.
• Fuga de talento y experiencia: Muchos peritos y agentes con décadas de experiencia han sido removidos o sancionados bajo estos lineamientos ahora cuestionados. Al congelar sus juicios, se impide que los elementos valiosos regresen a sus puestos.
• Costo al erario: Si la Corte decide finalmente que los lineamientos eran ilegales, el Estado mexicano tendrá que pagar miles de millones de pesos en salarios caídos e indemnizaciones, dinero que sale directamente de los impuestos de los ciudadanos.

La justicia que no llega

Nuevamente, el máximo tribunal de México utiliza la figura del «aplazamiento» para intentar poner orden en un desastre administrativo. Sin embargo, para el personal de la FGR que se siente injustamente sancionado o despedido, esta medida es vista como una táctica de desgaste.

Mientras la Suprema Corte analiza la «constitucionalidad, vigencia y obligatoriedad» de las reglas de 2019, la columna vertebral de la justicia federal en México —sus investigadores— permanece en un estado de parálisis legal. Una vez más, la burocracia institucional demuestra que, incluso dentro de las casas de justicia, la resolución definitiva es un lujo que se hace esperar.

Por. A.G. Información DOF-

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