El discurso oficial habla de una transformación profunda, pero en los cimientos de las casas de interés social la realidad es otra. El sistema de vivienda en México no ha cambiado su ADN; sigue siendo el mismo modelo neoliberal que reformó la Constitución para arrebatarle la tierra al trabajador y entregársela al mercado. Hoy, bajo la administración de la «Cuarta Transformación», la práctica se mantiene viva: el Estado ya no provee tierra para que el obrero construya según sus necesidades y agrado; ahora el Estado es el cobrador de un sistema que estruja al trabajador para beneficiar al capital inmobiliario.

La Constitución reformada: El origen de la exclusión

La raíz de esta «esclavitud moderna» no es nueva. Se gestó en las reformas que permitieron la privatización del suelo, eliminando la posibilidad de que el obrero accediera a terrenos sociales para construir su propio hogar de forma progresiva. En lugar de un sistema que facilite la tenencia de la tierra, el modelo actual obliga al trabajador a comprar un «paquete» cerrado: una casa diminuta, en un lugar remoto, diseñada por una empresa cuyo único objetivo es maximizar su margen de ganancia.

La continuidad del modelo: El «cambio» que no llegó a la tierra

La crítica es contundente: el gobierno actual ha optado por mantener la inercia del sistema externo de adquisición. No existe un programa nacional que desmercantilice el suelo. Al contrario, al elevar los montos máximos de crédito —como lo muestra el reciente aviso en el Diario Oficial de la Federación—, el sistema no está ayudando al obrero, lo está condenando a una deuda más larga y pesada.

Elevar el valor del crédito es, en realidad, un subsidio indirecto a los desarrolladores inmobiliarios. Mientras el valor de la vivienda sube artificialmente, el obrero solo ve cómo su «condena» se alarga de 20 a 30 años. Es un sistema que favorece descaradamente a la clase alta adquisitiva, que utiliza estas tasas y créditos para inversión y acumulación, mientras que para el trabajador de a pie, el crédito es un grillete de supervivencia.

Mejoravit: El paliativo que no rompe las cadenas

Incluso programas como Mejoravit fallan en atacar el problema de fondo. Aunque se presenten como opciones de «mejora», no eliminan el sistema perpetuo de deuda. Sin acceso a tierra barata y bien ubicada, el trabajador se ve obligado a remodelar espacios que desde su origen son insuficientes. Es «maquillar» la celda en lugar de abrir la puerta de la esclavitud financiera.

El análisis del estrujamiento: Datos de una realidad estancada

Con un salario de $10,000 pesos mensuales, la aritmética del bienestar es imposible:

• La condena: Un crédito ajustado a los nuevos montos obliga al trabajador a pagar hasta los 73 o 75 años.
• La transferencia de riqueza: Mientras el obrero destina el 30% de su sueldo a una propiedad que se devalúa por su mala calidad, el sector inmobiliario y financiero concentra la riqueza generada por ese interés.
• La miseria operativa: Después de pagar la «raya» del Infonavit, impuestos y servicios (luz, agua, gas), el presupuesto para alimentar a una familia se reduce a lo mínimo indispensable, eliminando cualquier posibilidad de ahorro o movilidad social.

Conclusión: El derecho secuestrado

El modelo de vivienda en México es el ejemplo perfecto de una política que cambió de nombre pero no de resultados. El «negocio constitucional» sigue en pie. Al no existir un sistema que provea de tierras al trabajador para construir conforme a su agrado y necesidad, se perpetúa una forma de control social donde el obrero no es un ciudadano con derechos, sino un deudor con un número de seguridad social.

La verdadera transformación no vendrá de aumentar los límites de crédito, sino de devolverle al pueblo el acceso a la tierra. Mientras tanto, el sistema seguirá siendo una «tienda de raya» moderna: un lugar donde trabajas toda la vida para pagar el lugar donde apenas te permiten descansar.

Por- A.G.