El Gobierno Federal inició un nuevo frente legal contra Calica al reclamar formalmente 6.1 hectáreas ubicadas dentro del área concesionada del puerto de Punta Venado, en Quintana Roo. La Federación argumenta que dichos terrenos fueron donados desde 1991 por la filial de Vulcan Materials Company, aunque el acto nunca fue inscrito oficialmente en el Registro Público.

Federación busca recuperar terrenos estratégicos en Punta Venado
El conflicto entre el Gobierno de México y Calica volvió a escalar tras la solicitud formal de recuperación de 6.1 hectáreas localizadas dentro del puerto de Punta Venado, al sur de Playa del Carmen.

La reclamación fue promovida por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dependencia que busca formalizar la inscripción de una donación realizada hace más de tres décadas a favor de la Federación.

Los terrenos forman parte de un polígono de 201.9 hectáreas adquirido por la empresa en 1986 y que actualmente corresponde al área de maniobras portuarias de Punta Venado, una zona clave para las operaciones de extracción y exportación de material pétreo en Quintana Roo.

De acuerdo con documentos inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Quintana Roo, oficina Cozumel, el Gobierno Federal y Rancho Piedra Caliza —una de las razones sociales vinculadas a Calica— firmaron un contrato de donación el 16 de mayo de 1991.

Sin embargo, el trámite nunca fue registrado oficialmente, situación que impidió durante años que la Federación pudiera reclamar legalmente la superficie para fines públicos.

Ahora, mediante el oficio 15.6.11.214.00764.2024, la Sedatu busca concretar la inscripción y formalizar la posesión de las hectáreas reclamadas.

La solicitud federal fue dirigida específicamente contra Rancho Piedra Caliza, S. de R.L. de C.V., empresa relacionada con las operaciones de Calica en México y utilizada para la administración de diversos activos de la compañía estadounidense.

Este nuevo episodio se suma a las disputas legales y ambientales que el corporativo mantiene con el Gobierno mexicano desde administraciones anteriores.

La controversia entre la Federación y Calica no es nueva. El caso ha atravesado distintos sexenios, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto hasta la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante los últimos años, las operaciones de extracción de piedra caliza en el sur de Playa del Carmen se convirtieron en uno de los temas ambientales y legales más relevantes en Quintana Roo.

El Gobierno mexicano ha señalado posibles afectaciones ecológicas derivadas de la explotación minera, mientras que la empresa ha defendido sus derechos adquiridos y sus inversiones en infraestructura portuaria.

Documentos públicos revelan que Calica invirtió más de 17 millones de nuevos pesos para desarrollar la infraestructura del puerto de Punta Venado.

Entre las obras realizadas destacan la construcción de una terminal de transbordadores, plataformas de servicio, edificios operativos y un acceso conectado a la carretera federal 307, vía que enlaza Playa del Carmen con Cancún.

Durante casi cuatro décadas, el puerto fue utilizado para exportar material pétreo extraído en la región, actividad que actualmente permanece detenida tras las acciones emprendidas por el Gobierno Federal.

La zona de Punta Venado se mantiene como uno de los puntos estratégicos dentro del conflicto entre México y la filial de Vulcan Materials Company, debido a su ubicación logística y valor económico dentro de la Riviera Maya.

El avance de este nuevo procedimiento podría abrir otro capítulo en la disputa jurídica que ambas partes mantienen desde hace varios años.