El regidor del Solidaridad realizó una protesta en contra de la empresa Aguakan en las inmediaciones de Palacio Nacional donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Situación que deja en evidencia la hipocresía discursiva de Marciano Toledo al exigir que se cancele la concesión de la empresa Desarrollos Hidráuilicos de Cancún S.A. de C.V. conocida bajo su nombre comercial de Aguakan, cuando su hijo fue parte de los representantes populares que junto a Roberto Borge privatizaron el agua en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y extendieron la concesión de Aguakan en los Municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres hasta el año 2053.

José Luis Toledo Medina, alias «Chanito Toledo» se desempeñaba como presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo durante la XIV Legislatura cuando se respaldó el Acta de Cabildo que privatizaba el agua en el Municipio de Solidaridad durante la administración de Mauricio Góngora.

Desde 1993, la empresa Aguakan de Jorge Eduardo Ballesteros Franco  –demandado en Estados Unidos en 2001 por abuso de información privilegiada– da el servicio de agua, drenaje y saneamiento al norte de Quintana Roo. La concesión es hasta 2053.

Sin licitación de por medio para determinar la mejor opción y por solo mil 055 millones de pesos, la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan), subsidiaria de la constructora Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), tiene un título de concesión integral hasta el 2053 para otorgar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en el norte de Quintana Roo en los municipios turísticos de Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres y Puerto Morelos desde 1993 y de Solidaridad (Playa del Carmen) desde 2015. 

Aguakan se formó en julio de 1990 y opera en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde diciembre de 2014. Ante sus inversionistas, la empresa propiedad de Jorge Eduardo Ballesteros Franco justifica que desde la década de los noventa la “escasez” de presupuesto público para invertir en sistemas de agua dieron lugar a nuevos esquemas para “resolver el grave rezago”, sobre todo en los centros turísticos de la entidad. En 1991, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) estatal y la empresa realizaron un primer proyecto de coinversión en infraestructura y el 20 de octubre de 1993 se otorgó la concesión, ampliada por 30 años en el 2014 durante el Gobierno estatal de Roberto Borge Angulo, detenido por desvío de recursos públicos. 

En Estados Unidos, la Comisión de Valores lo demandó en 2001 y a otras 15 personas por un “amplio y altamente lucrativo” abuso de información privilegiada, con lo que obtuvieron ganancias por más de 3.7 millones de dólares. Jorge Eduardo Ballesteros Franco y otros, incluido su fallecido hermano José Luis, compraron miles de acciones –usando fideicomisos en el extranjero bajo nombres falsos– de Nalco Chemical Company, antes del anuncio público del 28 de junio de 1999 de que la empresa sería comprada por la firma francesa Suez-Lyonnaise des Eaux.

LA AMPLIACIÓN HASTA 2053

El 10 de noviembre de 2014, los entonces apoderados de la empresa José Antonio Salazar Guevara y Paul Andrew Rangel Merkley solicitaron al Gobierno estatal de Roberto Borge Angulo, así como a los gobiernos municipales de Benito Juárez (desde 2015 también Puerto Morelos), Isla Mujeres y Solidaridad, y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) un único título de concesión para los municipios, extenderlo a Solidaridad y prorrogarlo hasta el 31 de diciembre de 2053. 

Sin embargo, el Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad en su artículo 45 prohíbe expresamente la concesión de los servicios públicos como el agua y alcantarillado a particulares. Además, el otorgamiento también violó el artículo 126 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, ya que no se realizó la convocatoria por parte del Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable con las bases ni licitación para optar por la mejor opción financiera y de calidad para el municipio. 

“Fue el contubernio de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo; Mauricio Góngora, exedil de Solidaridad, Paul Carrillo de Cáceres, exedil de Benito Juárez; y Agapito Magaña Salazar, exedil de Isla Mujeres los que le abrieron la puerta a Jorge Eduardo Ballesteros para que pudiera extorsionar a los quintanarroenses del norte con la empresa Aguakan”, ha escrito el periodista Pedro Canché en notas.

El 5 de diciembre, antes de la aprobación del Cabildo de Solidaridad, la entonces directora general de la Comisión de Agua, Paula Guadalupe González Cetina, la Secretaría de Finanzas del Gobierno estatal y la empresa firmaron un contrato donde acordó el pago de una contraprestación por única ocasión de mil 055 millones de pesos por parte de Aguakan y que la vigencia de la concesión se ampliara del 20 de octubre de 1993 al 31 de diciembre de 2053.

Hasta el 8 de diciembre de 2014, durante la presidencia municipal de José Mauricio Góngora Escalante, el Cabildo de Solidaridad aprobó que este derecho humano pasara de la gestión de la Comisión de Agua Potable a esta compañía.

Las bases para el otorgamiento de esta concesión piden a la empresa satisfacer la demanda de agua potable y drenaje en un 100 por ciento en un plazo máximo de cinco años (cumplidos en 2019) y seis años (cumplidos en 2020), respectivamente. Además, el título de concesión obliga a la compañía a destinar al menos el 11.40 por ciento de sus ingresos en inversiones de infraestructura. De 1994 a 2014 se incrementó la cobertura de agua potable del 61 al 100 por ciento en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, según los datos de la empresa.

Pero en Solidaridad, las proyecciones de inversión y de la correcta prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en el municipio, señaladas en la solicitud para el otorgamiento de concesión en 2014, no se han cumplido.

Información: Sin Embargo