Calica pierde amparo contra el Gobierno de México

Realidades, Playa del carmen.- Entre las autoridades demandadas como responsables fueron el presidente de la República, la Semar y la SCT.

Un juicio de amparo promovido por Calica fue sobreseído, por lo que se pone fin a la contienda constitucional que mantenía contra el Gobierno de México por la revocación de la concesión del puerto de Punta Venado.

Se trata del expediente 533/2022 de juicio de amparo indirecto cuya resolución dictada por el Juzgado Noveno de Distrito, del Vigésimo Séptimo Distrito Judicial, en Cancún, pone fin al mencionado proceso judicial.

Lo anterior derivado de diversos supuestos que contempla la Ley de Amparo, como la falta de existencia del acto reclamado, que en este caso fue contra la negativa para sacar mercancías por dicha vía marítima.

Pierde Calica batalla legal contra el gobierno federal. (Foto: Harold Alcocer)

Las autoridades demandadas como responsables fueron:

  • El presidente de la República
  • La Secretaría de Marina Armada de México (Semar)
  • La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
  • La Agencia Nacional de Aduanas de México

De acuerdo con el expediente al que se tuvo acceso, el título de concesión otorgado a favor de la sociedad mercantil Calizas Industriales del Carmen (Calica) tiene como fecha del 21 de abril de 1987 para iniciar con el aprovechamiento de la terminal portuaria de altura para la carga, almacenamiento, manejo y distribución de material pétreo, el cual era extraído de terrenos del sur de Playa del Carmen.

La demanda fue ingresada ante el órgano jurisdiccional el 10 de mayo, es decir, unos días después que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, diera a conocer que Calica había incumplido el acuerdo para frenar sus actividades de extracción de caliza.

Todavía quedan dos juicios pendientes 

No obstante, quedan dos juicios aún pendientes, con los cuales la trasnacional lucha para que se le retribuya la concesión de extracción de material pétreo en el predio “La Rosita”, donde el pasado 5 de mayo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una clausura.

De igual manera, se encuentra aún abierta la demanda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), donde pretende que el Gobierno de México le pague más de mil 500 millones de dólares por pagos realizados a las diversas administraciones públicas, más daños y perjuicios.

Fuente: sipse.com

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