Reporta EU primer juicio «exitoso» contra traficante de armas a México

Realidades.- Un ciudadano estadunidense que ensamblaba y traficaba arsenal automático para los cárteles del Noreste (CDN) y Jalisco Nueva Generación (CJNG) se declaró en su país culpable “de conspiración de tráfico de armas de fuego” y podría alcanzar una pena de hasta 20 años de prisión.

De acuerdo a las autoridades estadunidenses, se trata del “primer enjuiciamiento exitoso” en el país por la exportación y fabricación de armas de fuego para cárteles mexicanos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) informó que Andrew Scott Pierson, de 47 años y originario de Oklahoma “se declaró culpable de su papel en una conspiración que resultó en el tráfico de armas de fuego a los cárteles mexicanos como parte de la Operación Martillo de Thor, un esfuerzo para interrumpir el acceso de los cárteles a las armas de fuego”.

Armamento asegurado por la Fiscalía General de la República.
Armamento asegurado por la Fiscalía General de la República. Foto cortesía FGR / Archivo

Se espera que en próximos días, el juez federal de distrito Brian S. Miller, dicte la sentencia contra Pierson.

En un comunicado del DOJ, difundido en México por la embajada de Estados Unidos, se refirió que en mayo de 2017, un residente de Arkansas recibió un envío de componentes de armas de fuego que le habían enviado para cerakoting, que es un proceso para agregar un recubrimiento de polímero-cerámica a un arma de fuego o sus partes para mejorar la durabilidad.

De acuerdo con la información, las piezas recibidas por el residente eran receptores inferiores en un 80 por ciento de Colt, por lo que esta persona reconoció se trataba de partes falsas y se puso en contacto con la policía.

“Los receptores falsificados se rastrearon hasta una organización en Laredo, Texas, que transportaba piezas de armas de fuego a Pierson en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Peirson ensambló las piezas en armas automáticas en funcionamiento para el CDN y CJNG”.

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El DOJ reseñó que el hoy declarado culpable se entregó a as autoridades en un puerto de entrada el 10 de diciembre de 2018. Admitió haber pedido y recibido piezas de armas de fuego de Estados Unidos y haber fabricado armas automáticas en México para las organizaciones criminales referidas, dos de las más poderosas y con gran potencial de armamento.

“Las fuerzas del orden confirmaron más tarde que la disponibilidad de armas de fuego del cártel se vio afectada tras el arresto de Pierson”.

El 3 de septiembre de 2019, un gran jurado federal lo acusó, junto a otras siete personas, por su participación en conspiraciones para traficar con productos falsificados y violar la Ley de Control de Exportación de Armas.

Anteriormente, cinco coacusados se declararon culpables, en tanto que uno más sigue prófugo en México.

“Este caso es el primer enjuiciamiento exitoso en el país por la exportación y fabricación de armas de fuego de carteles mexicanos”, declaró el Fiscal Federal Interino Jonathan D. Ross para el Distrito Este de Arkansas.

Agregó: “Estamos orgullosos de que esta investigación haya dificultado la obtención de armas de fuego por parte de cárteles violentos, y tenemos la intención de procesar cualquier caso que ayude a mantener las armas fuera del alcance de estas organizaciones criminales».

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“La cooperación entre las agencias policiales locales, estatales y federales y el gobierno de México es la base para combatir el tráfico transfronterizo de armas de fuego”, dijo el Agente Especial de la División de Campo de Nueva Orleans de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), a cargo Kurt Thielhorn.

“La ATF trabaja sin descanso para mantener las armas fuera del alcance de las organizaciones de tráfico de drogas y sus asociados violentos. Detener el flujo de armas ilegales a México sigue siendo una alta prioridad para la ATF ”, añadió.

De acuerdo con las leyes estadunidenses, Pierson podría ser sentenciado hasta con 20 años de prisión, una multa de no más de un millón de dólares y no más de tres años de libertad supervisada.

El caso fue investigado por ATF y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS), con el apoyo de Investigaciones de Seguridad Nacional. El caso está siendo procesado por la fiscal federal adjunta Anne Gardner.

Fuente: lajoranda.com.mx

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