¿OTRO CRUCE ENTRE CJ Y LA 4T? | En riesgo PMOTEDUS de Bacalar, Cozumel, OPB y Carrillo Puerto

Realidades.- Podrían seguir el mismo destino que el de Tulum, que tiene encima una suspensión definitiva y una controversia constitucional. 

El estado le pidió a Semarnat un informe sobre el Programa de Bacalar, y les advertieron que todos tienen los mismos vicios de origen, con una respuesta demoledora.

“De no medir el crecimiento y el desarrollo, las afectaciones al patrimonio biocultural no tendrán marcha atrás”, les dijeron. 

El Gobierno de CJ presiona para que los cuatro PMOTEDUS citados estén aprobados antes de que concluyan las actuales administraciones. 

Pero Semarnat dice que son ilegales y que generarán un enorme deterioro ambiental en los municipios. 

Lo que hay en juego, en el fondo, es un enorme negocio inmobiliario que pondrá en jaque la viabilidad ambiental de Quintana Roo. 

El caos político y jurídico que enfrenta el Gobierno del estado por el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable (PMOTEDUS) de Tulum, podría replicarse en breve en otros 4 municipios.
Se trata de los municipios de Bacalar, Cozumel, Othón P. Blanco, y Felipe Carrillo Puerto, en donde se están realizando los mismos Programas, y que parece tendrán también el mismo destino que el de Tulum. 
Hay que recordar que el PMOTEDUS de Tulum tiene actualmente una controversia constitucional presentada por Semarnat, por la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión provisional contra el Programa, y también hay una suspensión definitiva otorgada por el Juzgado Séptimo de Distrito. 
PMOTEDUS - Twitter Search
El origen del problema es que Semarnat considera que ese PMOTEDUS es ilegal, y generará un enorme deterioro ambiental en el municipio. 
El tema de fondo es que hay mano política detrás, porque esos programas los impulsa el Gobierno Estatal, que quiere tener el control sobre el futuro desarrollo urbano e inmobiliario de todos los municipios. 
El inicio de este caos fue justamente la aprobación en 2018 de la ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, un Frankenstein legal que ha servido de base para los PMOTEDUS. 
Desde el inicio, las autoridades federales acusaron que esa ley no está acorde a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) pero desde el estado nunca quisieron cambiarla.  
Esa Ley de Asentamiento creó un mecanismo denominado “constancia de congruencia”, que otorga Sedetus, y es el que permite que los PMOTEDUS avancen aún en medio de todas las dudas que generan. 

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BACALAR Y LOS QUE VIENEN 

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Por eso, las malas noticias no terminan acá.
En julio pasado, el Gobierno estatal le solicitó a Semarnat una opinión técnica sobre el PMOTEDUS de Bacalar, y la respuesta que recibió dejó a todos preocupados. 
En un documento emitido el pasado 29 de julio por la Subsecretaria de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, al cual La Opinión tuvo acceso, la dependencia federal es lapidaria sobre la situación.
Le recuerda al Estado, en primer término, que la Ley de Asentamientos Humanos no está acorde con la LGEEPA, y hace un pormenorizado análisis técnico de todas las irregularidades de ese Programa de Bacalar. 
Pero en el rubro conclusiones, deja en claro que el tema es más grave aún. 
Dice textualmente: 

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“Después de realizar la revisión del presente documento, así como de otras propuestas de PMOTEDUS en el estado de Quintana Roo, se identifica el interés de los municipios por hacer un mayor aprovechamiento en zonas con alto valor ambiental”. 
“La presión antrópica a los recursos naturales pone en riesgo el mantenimiento y conservación de los ecosistemas terrestres y marinos, así como la permanencia de las generaciones humanas presentes y futuras”. 
“De no medir el crecimiento y el desarrollo, las afectaciones al patrimonio biocultural no tendrán marcha atrás”. 

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La situación va más allá de Bacalar. Actualmente en la misma situación están los Programas de Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto, que están en el último tramo antes de su aprobación, y el de Cozumel, que ingresa en la etapa de consulta pública. 
Pero más allá de datos técnicos o políticos lo que hay que entender es lo que está en juego de fondo, que es un enorme negocio inmobiliario que pondrá en jaque la viabilidad ambiental de Quintana Roo. 

Fuente: laopiniónqr.com

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