Con 125 desaparecidos, el gobierno colombiano militariza Cali para frenar las protestas

Realidades.- Organizaciones de Derechos Humanos redactaron un lapidario informe contra el gobierno colombiano.

Con 125 desaparecidos, el gobierno colombiano militariza Cali para frenar las protestas

Colombia continúa en estado de ebullición. A las protestas que se registraron el fin de semana en las principales ciudades se le suma el décimo paro nacional impulsado por las organizaciones sindicales.

Las marchas contra el gobierno están por cumplir su segunda semana y hay registrados 39 muertos, según las organizaciones de la sociedad civil que monitorean el accionar policial. Esta cifra no coincide con la del gobierno que indicó que hubo 27 víctimas fatales.

En este marco, el presidente Ivan Duque anunció el despliegue de todas las fuerzas de seguridad con el fin de militarizar la ciudad de Cali y “restaurar el orden público local”.

Demócratas se meten en la crisis en Colombia y aumenta la presión sobre Duque

El ex presidente Álvaro Uribe celebró la decisión presidencial y pidió la “captura de las hordas de bandidos que han invadido la ciudad [de Cali]”. La idea de “invasión” es parte de la narrativa del uribismo y la derecha regional de apuntar al gobierno de Venezuela como organizador de la rebelión, tal como denunciaron en 2019 durante los estallidos de Chile y Ecuador.

Mientras la violencia crece y la represión aumenta, las organizaciones de Derechos Humanos empiezan a mirar con preocupación el crecimiento del números de desaparecidos que participan de las marchas.

LPO accedió a un informe de la “Misión de verificación del paro nacional en Santiago de Cali Abril- Mayo 2021” con fecha del 6 de mayo en colaboración que contó con el acompañamiento de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

Allí, destacan que desde el 28 de abril hasta el 6 de mayo de 2021, reconociendo un subregistro a la fecha, se documentaron 156 desapariciones de los cuales aparecieron vivos 31 personas. Algunas de ellas fueron detenidas, heridas y golpeadas por la fuerza pública. No obstante, agrega el reporte, aún se desconoce el paradero de 125 personas.

María Eugenia Alarcón es coordinadora de la Red de Defensoras de los Derechos Humanos y dijo a LPO que “alrededor de las manifestaciones pacificas, se iniciaron acciones de vandalismo que llevaron a enfrentamientos fuertes entre estas personas y el Esmad. Sin embargo en algunos sectores de la ciudad, en las noches se vivió con horror la agresión de la policía a los jóvenes manifestantes”.

“El gobierno nacional solo responde con acciones de fuerza pública pero no generó las condiciones para un dialogo que permitiera canalizar las solicitudes del paro nacional y de las personas que organizaron barricadas y cierres de la ciudad, que hoy han generado desabastecimiento de alimentos, oxigeno para los hospitales y combustible. En algunos casos se iniciaron diálogos mediados por la Iglesia y se han concretado la apertura de corredores humanitarios. Hoy ha ingresado combustible, alimentos e insumos médicos”, agregó.

El gobierno nacional solo responde con acciones de fuerza pública pero no generó las condiciones para un dialogo que permitiera canalizar las solicitudes del paro nacional y de las personas que organizaron barricadas y cierres de la ciudad, que hoy han generado desabastecimiento de alimentos, oxigeno para los hospitales y combustible

El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) está en el ojo de la tormenta y Alarcón detalló que “se han presentado muchas situaciones claramente identificadas como actuaciones de la policía de civil, con armas que atacan a los manifestantes. La tensión que se ha generado en una parte de la ciudadanía por el desabastecimiento, ha provocado que sectores planteen armarse para defenderse, como se concreto el día de ayer con los enfrentamientos entre ciudadanos de extractos altos de la ciudad y la guardia indígena que ha cumplido un papel de protección a los manifestantes”.

“Los desmanes se están presentando de todos los lados, igualmente la policía se ha visto seriamente agredida por los civiles precisamente por haberse visto esos actos de terror que distancian a la población de reconocer a la fuerza pública en su función de proteger la ciudadanía”, agregó la activista que, además, radica en Cali.

El diálogo político entre el gobierno y el Comité Nacional de Paro que impulsa la medida de fuerza y las movilizaciones está roto y anunciaron que habrá nueva movilización para el 12 de mayo tras no llegar a un acuerdo.

“No se llegaron a acuerdos. No se ha mostrado empatía con las víctimas. Hemos exigido que se pare la masacre, que se pare la violencia oficial y privada contra las personas que están ejerciendo el derecho legítimo a la protesta”, advirtió el Comité Nacional del Paro tras finalizar el encuentro realizado este lunes.

Desde el 28 de abril hasta el 6 de mayo de 2021, reconociendo un subregistro a la fecha, se documentaron 156 desapariciones de los cuales aparecieron vivas 31 personas. Algunas de ellas fueron detenidas, heridas y golpeadas por la fuerza pública. No obstante, agrega el reporte, aún se desconoce el paradero de 125 personas.


De la reunión asistieron Duque, el delegado de Colombia ante la ONU, Carlos Ruiz, el representante de la Iglesia Católica monseñor Héctor Fabio Henao, el director de Pastoral Social, la vicepresidente, Marta Lucía Ramírez; el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos y los representantes del comité de paro.

Jennifer Pedraza, una de las líderes estudiantiles, miembro de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, señaló que “esto es una reedición de lo que pasó en noviembre del 2019 cuando se desconocieron las exigencias. El discurso de Iván Duque fue complaciente con los usos excesivos de la fuerza”.

Hay muchos analistas que sostienen que lo que ocurre hace casi dos semanas en Colombia pueden ser la semilla de una guerra civil. Alarcón considera que “hay muchos elementos que podrían indicar eso, pero no llegamos hasta allá, hay todavía mucha indiferencia, Cali es una ciudad que tiene herencia del narcotráfico, por lo tanto hay una fuerte presencia de micro tráfico, guardaespaldas de gente que tiene negocios, allí hay armas y la cultura esta imbuida del deseo de armas. En un estudio reciente se encontró que el 31% de las personas tendrían un arma si pudieran y que el 2% ya tiene un arma. Entonces esto conlleva que las personas quieran resolver los conflicto por la vía de las armas y distanciarse del dialogo”.

“Buena parte de quienes están en las barricadas de cierres de los puntos de ingreso a la ciudad son jóvenes que no tienen nada que perder, no estudian, no tienen trabajo, no tienen oportunidades, así que están dispuestos a arriesgar hasta la vida. Pero una vez se logre construir un acuerdo eso no necesariamente se va a traducir en una corriente política que se canalice para las elecciones”, detalló la militante pero aclaró que “afortunadamente también existen diversas expresiones que promueven el dialogo y esperamos que por esa vía se logren construir acuerdos que lleven a nuevamente retomar una situación más llevadera en la ciudad, pero seguirá esta bomba de tiempo de no respuesta oportuna y adecuada por parte del Gobierno”.

La agenda de exigencias de los colectivos que protestan exceden la reforma tributaria que desató la bronca social. Al punto que el Comité puso 7 puntos a cumplirse por el gobierno como condición para levantar las marchas. Ellas son el retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación, renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual, la defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina), subsidios a las mipymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria, matrícula cero y no a la alternancia educativa, no discriminación de género, diversidad sexual y étnica, un rechazo a las privatizaciones y detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.

Si bien las grandes ciudades han sido protagonistas de las protestas, el epicentro es Cali a punto tal que el gobierno trasladó todo su gabinete para aumentar la presencia de fuerzas de seguridad. Esto no es casual, la ciudad colombiana registró, según el organismo oficial de estadísticas de Colombia, al cierre de 2020 la tasa de desempleo de Cali se ubicó en 18,6 % (el nacional fue de 13,8 %), mientras que en el mismo periodo de 2019 el indicador era de solo el 12 % (el nacional fue de 9,5 %). Cali es la capital del Departamento de Valle del Cauca y a nivel provincial sufrió una disparada del desempleo, del 11,9 en 2019 al 18,9 en 2020.

La situación se torna inabordable para Duque y en la medida que avanza empieza a ser mirada con preocupación por la comunidad internacional. La ONU, la Unión Europea, la OEA, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, los diputados del partido de Merkel en Alemania y, como anticipó LPO, hasta congresistas Demócratas de Estados Unidos han pedido al gobierno el cese de la represión. Sin embargo, en las filas del uribismo refuerzan el discurso duro y pusieron en las fuerzas policiales y militares la responsabilidad de resolver una crisis que parece recién comienza. 

Fuente.- LaPolíticaOnline

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