El derecho a la vivienda, sin intermediarios

La autora es Diputada Federal

Realidades.- El derecho a una vivienda digna y decorosa, consagrado en la Constitución, se complementa con tratados internacionales firmados por nuestro país. La Organización de Naciones Unidas define que la vivienda debe contar con seguridad en la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, accesibilidad y respetar la identidad cultural.

La iniciativa enviada por el jefe del Ejecutivo, aprobada por abrumadora mayoría plural es un paso significativo hacia el cumplimiento del derecho humano a la vivienda en el sentido más amplio.

Entre los principales cambios está el que plantea que con los recursos de su ahorro, los trabajadores puedan adquirir suelo para edificar su propia vivienda.

Hasta ahora, nuestro marco legal no garantizaba un ejercicio pleno del derecho humano a la vivienda, puesto que estaba diseñado para favorecer a los intermediarios, las constructoras, las desarrolladoras o instituciones financieras.

Ese diseño elevaba, naturalmente, los costos, además de ir en sentido contrario a la accesibilidad que plantea la ONU, pues los trabajadores quedaban a merced de empresas que determinaban unilateralmente las características de las viviendas. Los periódicos de los últimos años están repletos de noticias sobre fraudes inmobiliarios, miles y miles de viviendas abandonadas porque se construyeron en lugares inadecuados, y un rosario de irregularidades tan largo que no cabría aquí repetirlo.

Con la reforma, un trabajador podrá disponer de sus recursos para comprar un terreno y, digamos, construir solo dos espacios habitables. Acto seguido, y aquí destaco un punto importante, podrá ampliar y adecuar su vivienda, o incluso adquirir otra, puesto que no hay límite al número de créditos al que puede tener acceso (una vez liquidado el anterior).

Además de beneficiar a los trabajadores en activo, la reforma favorece a los pensionados, jubilados o personas que hayan cotizado al Infonavit, en un acto que subraya el compromiso de la Cuarta Transformación con los grupos más vulnerables de la población.

Con esta trascendente reforma, el trabajador tendrá derecho a recibir directamente los recursos, una vez que cumpla los requisitos que para el efecto establezca el Consejo de Administración del instituto. Además, tendrá derecho a que la institución le informe del estatus jurídico y financiero de la casa o terreno que pretenda adquirir.

Esta reforma se finca en reconocer la libertad de elección de las y los trabajadores para adquirir una casa o terreno, en tanto que establece su derecho a recibir su crédito directamente, sin intermediarios.

El Infonavit podrá otorgar créditos para la adquisición de suelo (comprar un terrenito, dice el habla popular). En el corto plazo, lo anterior podría beneficiar a más de 300 mil derechohabientes.

El Congreso de la Unión aprobó también que el instituto pueda otorgar créditos para la autoproducción de vivienda, lo que resultaría en beneficios para 2.3 millones de trabajadores.

Los créditos para autoconstrucción, remodelación o ampliación se complementan con acciones institucionales como la plataforma “Decide y Construye”, de pronta puesta en marcha. Se trata de una vía para brindar asesoría de arquitectos sobre cómo modificar viviendas y orientaciones en el proceso de autoproducción.

El amplio consenso logrado con esta reforma es una prueba de los enormes rezagos que padecemos en materia de vivienda, que no fueron resueltos por esquemas que privilegiaban a los intermediarios.

Esta reforma cambia la ecuación para favorecer a los trabajadores que tendrán la posibilidad de mejorar los términos y condiciones de créditos contratados en el pasado.

La reforma también busca que crezca la capacidad crediticia de los derechohabientes, quienes podrán contratar créditos subsecuentes.

Este cambio fundamental es también la reforma de inclusión financiera más grande en la historia del país, pues permitirá que millones de personas tengan acceso a financiamiento.

No se trata de algo menor para un país donde, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 32 por ciento de la población de 18 a 70 años de edad está fuera del sistema financiero formal.

Fuente: El Financiero

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