El PT va contra Carlos Joaquín | Diputados proponen controversia constitucional por desaparición de Oficialía Mayor

Realidades.- Los legisladores petistas dicen que sólo el Congreso puede tomar esa decisión. 

Y presentaron un punto de acuerdo a favor de una controversia constitucional contra el gobernador. 

El Gobierno estatal ya anunció que va a presentar en la Legislatura la iniciativa para reformar la ley Orgánica de la Administración Pública.  

El bloque de diputados del PT propuso al Congreso del estado presentar una controversia constitucional en contra del gobernador Carlos Joaquín, por la decisión del mandatario de desaparecer por decreto la Oficialía Mayor del estado.  
Los diputados petistas hacen referencia al “Acuerdo por el que se instruye el fortalecimiento de la Secretaría de Finanzas y Planeación para la simplificación de la Administración Pública Centralizada”, publicado el pasado 8 de julio, en donde se establece que la Oficialía Mayor quedará bajo el mando de Sefiplan.   
Los legisladores dijeron que esa decisión sólo le corresponde al Poder Legislativo, ya que incluye una reforma a la ley Orgánica de la Administración Pública, y por lo tanto no puede ser tomada por el Ejecutivo.  
Por eso, dijeron que en el caso de la Oficialía Mayor, sus facultades “no pueden ser invalidadas a través de un Acuerdo Administrativo, aún cuando haya sido emitido por el Gobernador del estado, y traerá aparejado como consecuencia, una serie de amparos en contra de esta circunstancia, que en plena Pandemia, complicará aún más el desempeño de las funciones que por Ley tiene asignada dicha Oficialía”.  
Los diputados del PT quieren que el tema se trate en la próxima sesión extraordinaria de la Comisión Permanente, y que allí se vote la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Sin embargo, el Gobierno estatal ya anunció que va a presentar en la Legislatura la iniciativa para reformar la ley Orgánica de la Administración Pública, y que los cambios propuestos se hagan por ley. 
Hasta ahora, según el Gobierno, sólo se han hecho movimientos administrativos y operativos en la Oficialía Mayor, que no vulneran el marco legal. 

Fuente: La opinión

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