Un análisis exhaustivo que cruza datos de la investigación «Tráfico Ilegal de Vida Silvestre y Justicia Ambiental en México (2012-2022)» con los indicadores globales de 2026, revela un deterioro crítico en la seguridad nacional. México no solo se mantiene como un epicentro del crimen organizado, sino que ha empeorado su posición internacional, pasando del cuarto al tercer lugar en el Índice Global de Criminalidad.

El ascenso en el ranking del horror Mientras que en el periodo 2021-2023 México se ubicaba en la cuarta posición mundial (superado solo por Congo, Colombia y Myanmar), los datos más recientes de 2025 y 2026 confirman que el país ha escalado al tercer lugar global. Con una puntuación de 7.68 sobre 10, México presenta ahora una mayor penetración de estructuras criminales que casi cualquier otra nación en el planeta, liderando además el rubro de «mercados ilícitos».

Una década de impunidad (2012-2022) El estudio realizado por investigadoras de la UABC y la UAM destaca que este ascenso no es fortuito, sino el resultado de años de ineficacia institucional. Durante la década analizada:

• Se abrieron 14,807 carpetas de investigación por delitos ambientales a nivel federal.
• En 2021, de las 1,149 carpetas iniciadas, solo el 31% llegaron a tipificarse como delitos ambientales formales, dejando el resto en un limbo jurídico.
• Quintana Roo se consolidó como el estado con mayor acumulación de casos judiciales ambientales en ese periodo, sumando 1,113 registros.

Radiografía del tráfico y la violencia ambiental La crisis no se limita a la violencia común; el tráfico de vida silvestre se ha convertido en una extensión de las carteras de los cárteles.

1. Especies en jaque: El mercado ilegal de la totoaba y la madera preciosa ha vinculado a mafias locales con redes transnacionales en Asia, provocando sanciones internacionales de la CITES contra México en 2023.
2. Riesgo mortal: En 2021, México fue catalogado como el país más mortífero para los defensores del medio ambiente, con 54 asesinatos registrados en un solo año.
3. Fallas en la resiliencia: A pesar de las inversiones en la Guardia Nacional y cambios en el sistema penal, la capacidad de respuesta del Estado (resiliencia) ocupa el lugar 111 de 193, lo que indica que el crimen avanza más rápido que la ley.

Contexto regional A nivel estatal, la presión sigue siendo máxima en la zona sureste. En 2021, Campeche registró la tasa más alta de delitos ambientales por habitante (9.16), seguido de cerca por Baja California Sur y Quintana Roo. Estas cifras demuestran que el patrimonio natural del país está bajo asedio directo de grupos delictivos que operan con casi total impunidad.

Este panorama subraya que la transición hacia una mayor criminalidad no es solo una estadística, sino una realidad que afecta la biodiversidad y la seguridad de quienes protegen el territorio mexicano.

Por, A.G. Información. Ciencia Latina.