En el norte de Quintana Roo, el mandato constitucional de una «vivienda digna y decorosa» se ha estrellado contra una realidad de negocios selectos y recursos privatizados. Mientras el Gobierno intenta mitigar la falta de hogar para más de un millón de personas mediante la venta de departamentos en edificios verticales, surge una denuncia profunda: el modelo actual no solo es insuficiente, sino que está diseñado para convertir el derecho humano en un privilegio de mercado.
El agua: El costo invisible de la soberanía alimentaria
Un reciente informe de la Universidad del Caribe resalta el potencial de los sistemas agroforestales y cultivos locales como las leguminosas y la miel para garantizar la alimentación en el estado. Sin embargo, en ciudades como Playa del Carmen, Cancún, Tulum y Puerto Morelos, sembrar en casa se ha vuelto casi imposible.
La privatización del agua ha transformado un recurso vital en un servicio de lujo. El costo excesivo del riego hace que mantener un solar maya o un huerto familiar sea económicamente inviable para el trabajador promedio. Mientras los grandes desarrollos turísticos operan con amplios márgenes, la familia quintanarroense se ve obligada a abandonar la tierra por no poder pagar el agua necesaria para darle vida.
El negocio de la plusvalía: Entre «gangas» y millones
La gestión de la tierra en la región revela una brecha de desigualdad alarmante. El sistema de repartición ha sido sustituido por una «venta seleccionada» donde los ayuntamientos y las directivas ejidales dictan el destino del suelo:
- Lotes de periferia: Para quienes no tienen hogar, la oferta se reduce a lotes de apenas 15×15 metros en las orillas de las ciudades, vendidos a precios de «ganga» de 200 mil pesos. Estos espacios son insuficientes para desarrollar los sistemas agroforestales que el estado necesita y condenan a la familia al hacinamiento.
- Hectáreas de oro: En contraste, las tierras cercanas al mar no se reparten; se venden por hectáreas en millones de dólares a desarrolladores internacionales, destruyendo recursos naturales como la uva de mar y el acceso público al litoral.
La crisis de los «departamentos» y el abandono ejidal
Es una realidad que muchos ejidatarios, ante la presión inmobiliaria y la privatización de servicios, prefieren revender tierras que no ocupan en lugar de integrarlas a sistemas productivos. El Gobierno, en lugar de intervenir con un sistema de repartición directa de tierras para vivienda urbana con solar, ha optado por fomentar edificios de departamentos.
Este modelo de «vivienda vertical» es una solución absurda que genera:
- Endeudamiento sistémico: Créditos a 30 años por propiedades de mala infraestructura.
- Pérdida de identidad: La eliminación de la milpa y el huerto familiar, desconectando a la población de su pasado prehispánico libre.
Iniciativa por una verdadera soberanía
La verdadera solución para Quintana Roo requiere una repartición directa de tierras del gobierno al pueblo, sin intermediarios inmobiliarios. Se necesitan lotes con capacidad agroforestal donde el agua sea un derecho accesible para el cultivo y no un negocio privado.
Solo recuperando el valor del suelo para la vida —y no para la especulación— se podrá cumplir con el Artículo 4° Constitucional. Quintana Roo no necesita más «bodegas de gente» en edificios de concreto; necesita tierra para vivir, agua para sembrar y hogares que permitan a la familia ser dueña de su propio destino alimentario.
Por. A.G. Mas Información. Realidades Quintana Roo.
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