El derecho constitucional a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como el acceso a una vivienda digna, enfrentan hoy un obstáculo insalvable en el norte de Quintana Roo: la privatización del agua. Mientras informes académicos de la Universidad del Caribe proponen rescatar sistemas acuícolas y agrícolas para alcanzar la soberanía alimentaria, la realidad económica dictada por concesionarias como Aguakán ha convertido la producción de alimentos en una actividad financieramente imposible para el pueblo.

El agua como insumo de lujo

En municipios como Playa del Carmen, Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, el agua ha dejado de ser un bien común para transformarse en una mercancía de alto costo. Este fenómeno destruye cualquier intento de soberanía alimentaria desde la raíz:

1. Sistemas Acuícolas Asfixiados: La cría de peces para autoconsumo o venta local requiere un flujo constante de agua. Bajo las tarifas controladas por la privatización, el costo operativo de mantener estanques supera cualquier posible beneficio, obligando a los productores a vender a precios exorbitantes o, en la mayoría de los casos, a abandonar la actividad.
2. Agricultura Invitable: Los sistemas de cultivo, desde la milpa tradicional hasta los huertos familiares en solares urbanos, dependen de un riego asequible. El precio del agua privatizada eleva los costos de producción a tal grado que es más «barato» comprar frutas y verduras importadas —llenas de químicos y traslados— que cultivarlas en suelo propio.

Una soberanía alimentaria de papel

El informe «Estudio y aplicación de recursos agropecuarios y subutilizados de Quintana Roo» destaca el valor de productos como las leguminosas y el pez león. Sin embargo, estas propuestas chocan con la estructura de costos impuesta por la privatización. No se puede hablar de rescatar recursos subutilizados si el insumo básico para darles vida, el agua, es un privilegio caro.

Este modelo genera un círculo vicioso: el productor se ve obligado a subir sus precios para cubrir el recibo del agua, lo que aleja sus productos del alcance del pueblo. Al final, la familia quintanarroense pierde su capacidad de producir y se vuelve rehén de las cadenas de suministro externas.

El modelo vertical: Vivienda sin agua y sin tierra

A esta crisis se suma el modelo de vivienda vertical que impulsa el gobierno. Al amontonar a la población en edificios de departamentos sin acceso a tierra y con servicios de agua privatizados y costosos, se elimina cualquier posibilidad de desarrollar una agroforestería urbana. El ciudadano queda despojado de su derecho a la tierra y a la autonomía alimentaria, convirtiéndose en un consumidor dependiente de un sistema que prioriza el lucro sobre la vida.

Conclusión: El agua debe volver al pueblo

Para que la soberanía alimentaria en México sea una realidad y no un eslogan, es imperativo revisar las concesiones de agua en el Caribe Mexicano. Mientras el agua esté controlada por intereses privados que buscan la rentabilidad antes que el bienestar social, ni la agricultura ni la acuicultura serán rentables para el pueblo.

La verdadera vivienda digna, protegida por el Artículo 4° Constitucional, debe incluir no solo un pedazo de tierra para el solar, sino agua a precios de justicia social que permita sembrar, criar y comer de lo que nuestra propia tierra produce. Sin agua asequible, no hay soberanía, solo dependencia y carestía.

Por. A.G.