En una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Federación, la administración federal ha publicado un decreto que transforma radicalmente el Reglamento de la Ley Antilavado (LFPIORPI). Esta reforma, que entra en vigor de inmediato, busca cerrar las brechas que permitían la opacidad en transacciones financieras y endurece la vigilancia sobre los servidores públicos
El «Padrón de Políticos»: Vigilancia Estricta a las PPE
La reforma introduce la Lista de Personas Políticamente Expuestas (PPE). Por primera vez, se establece una base de datos oficial y actualizada de funcionarios, desde niveles municipales hasta federales, incluyendo a sus familiares y círculos cercanos.
- La clave: Notarios, inmobiliarias, joyerías y agencias automotrices están obligados a consultar esta lista antes de cerrar cualquier contrato. Si un político intenta adquirir bienes de lujo, el sistema emitirá una alerta automática a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Facultades «Relámpago» para el SAT
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) adquiere nuevas herramientas de fiscalización que eliminan la evasión por domicilio:
- Localización Forzosa: Si una empresa bajo sospecha no es hallada en el domicilio registrado para su actividad, el SAT podrá realizar auditorías y embargos directamente en el domicilio fiscal vinculado al RFC, sin previo aviso.
- Sanciones en 10 días: Se acabó el tiempo de gracia. Ante cualquier requerimiento de información, los sujetos obligados tienen solo 10 días hábiles para responder. De lo contrario, la multa será automática, eliminando procesos burocráticos que antes duraban meses.
Candados al «Pitufeo» y Transacciones en Efectivo
El decreto pone especial atención en sectores donde el flujo de efectivo es común para ocultar recursos:
- Casinos y Juegos: Se establece que cualquier operación (compra de fichas o cobro de premios) que sume más de 325 UMAs en un periodo de 24 horas con un mismo cliente, debe ser reportada. Esto evita que se fragmente el dinero para evadir la ley.
- Monederos y Vales: Los monederos electrónicos y vales de despensa ahora son considerados «instrumentos de almacenamiento de valor». Si permiten retirar efectivo o comprar en múltiples comercios, estarán bajo la misma lupa que una cuenta bancaria.
Auditorías Obligatorias y Resguardo por Décadas
A partir de ahora, no basta con llevar una contabilidad interna. Las empresas que realicen Actividades Vulnerables deberán:
- Entregar al SAT el dictamen de sus auditorías internas y externas.
- Demostrar con pruebas documentales que han corregido cualquier falla detectada anteriormente.
- Resguardar toda la información y acuses electrónicos por un periodo mínimo de 10 años.
¿A quién beneficia esta reforma?
El impacto es doble. Mientras que para el sector empresarial representa un aumento en la carga administrativa y costos de cumplimiento, para el Estado y la ciudadanía significa un avance en la lucha contra las «empresas fachada» y el enriquecimiento ilícito de funcionarios. Se introduce además un «Enfoque Basado en Riesgos», que promete agilizar trámites a clientes que demuestren total transparencia, premiando la formalidad.
Este decreto es la respuesta de México a las presiones internacionales para combatir el financiamiento de organizaciones delictivas y la corrupción institucional. La digitalización de la fe pública y la interconectividad entre el SAT y la UIF marcan el inicio de una era de «fiscalización en tiempo real».
Mas Información: Diario Oficial de La federación.

