El Gobierno Federal, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ha dictado un fallo definitivo contra la empresa Centro de Estudios Prital, S.C., inhabilitándola para obtener cualquier contrato público en México durante un año. Esta medida representa la culminación administrativa de una crisis que inició en junio de 2025 con denuncias de abuso infantil en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El detonante: El caso «Jardín Encantado»

La historia que llevó a esta sanción comenzó el 9 de junio de 2025, cuando padres de familia realizaron bloqueos y protestas en la zona de Ticomán y Lindavista. La exigencia era clara: justicia para una bebé de apenas un año y 11 meses, presuntamente victimizada dentro de la guardería subrogada del IMSS conocida como «Jardín Encantado», operada por la hoy sancionada Prital, S.C.

Durante las investigaciones iniciales, colectivos como Criminología Aplicada y familiares denunciaron graves irregularidades institucionales:

• Obstrucción: El personal fue acusado de intentar borrar evidencias de las cámaras de seguridad.
• Negligencia: Señales físicas en los menores que fueron ignoradas por la administración del plantel.
• Encubrimiento: Falta de transparencia ante los reclamos inmediatos de los padres.

La sanción federal de 2026

Tras meses de auditorías bajo el expediente PISI-A-NC-DS-0018/2024, el Órgano Interno de Control del IMSS determinó que la empresa no cumple con los estándares de integridad y responsabilidad necesarios para servir al Estado.

La circular publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de marzo de 2026 estipula lo siguiente:

1. Veto Total: Ninguna dependencia federal, estatal o municipal podrá contratar a la empresa desde el 5 de marzo de 2026.
2. Multa Económica: Además del tiempo, la empresa debe pagar una sanción monetaria para recuperar su registro en el portal Compras MX.
3. Alcance Nacional: La prohibición es obligatoria incluso para municipios distantes que utilicen fondos federales, garantizando que la empresa no pueda mudar sus operaciones a otras regiones del país.

Un precedente contra la impunidad

Esta resolución envía un mensaje contundente a las empresas que operan servicios sensibles para el sector salud y educativo. El documento oficial, firmado por el Lic. Alberto Mociñoz Gutiérrez, subraya que la inhabilitación subsistirá indefinidamente si la multa no es liquidada, evitando que la sanción sea solo un «trámite» temporal.

Mientras el proceso administrativo parece cerrarse con este veto, las víctimas y la comunidad de la GAM permanecen atentas a los procesos penales contra los individuos responsables de la agresión y el encubrimiento, recordando que la justicia administrativa es solo el primer paso hacia la reparación del daño.

Por. A.G. Información. Diario Oficial de la Federación.