Una polémica iniciativa presentada en el Congreso del Estado ha encendido las alarmas entre comunicadores y defensores de la libertad de expresión. Los diputados Hugo Alday Nieto (PT), Ricardo Velazco Rodríguez (Morena) y María José Osorio Rosas (PVEM) proponen una reforma al Código Civil que, bajo el argumento de proteger la «propia imagen», busca criminalizar la publicación de fotografías o nombres de funcionarios captados en ámbitos privados.

Un «fusil» legislativo con fines de blindaje

La propuesta no cuenta con una redacción original; especialistas señalan que los legisladores «fusilaron» (copiaron textualmente) gran parte de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada de la Ciudad de México. Esta normativa es recordada a nivel nacional por ser la base jurídica que utilizó Pío López Obrador para demandar al periodista Carlos Loret de Mola tras la difusión de videos donde recibía dinero en efectivo.

La principal preocupación radica en que la reforma en Quintana Roo es incluso más restrictiva que la de la capital del país, ya que añade la protección específica sobre el nombre de la persona, además de su voz y representación digital.

El fin del escrutinio en actos privados

De aprobarse esta ley, cualquier ejercicio informativo que exponga actos de corrupción, excesos o reuniones sospechosas de políticos en lugares privados (hoteles de lujo, residencias particulares o clubes exclusivos) será considerado un acto ilícito.

Esto dejaría en la ilegalidad reportajes que han sido históricos para el estado, tales como:

• Imágenes de funcionarios en complejos turísticos de alto costo como el Nizuc Resort.
• Evidencias de agresiones personales en residenciales privados.
• Reuniones de carácter político-electoral celebradas fuera de recintos oficiales.

Justificaciones bajo sospecha

Aunque la diputada María José Osorio defendió la iniciativa asegurando que busca proteger a los ciudadanos de la manipulación por Inteligencia Artificial (Deepfakes), el texto de la reforma no menciona términos como «alterar» o «manipular». Por el contrario, se enfoca estrictamente en sancionar la captación y difusión de la imagen real sin consentimiento expreso.

Además, la reforma deja el concepto de «interés público» a la libre interpretación de los jueces, lo que, en el contexto de la reciente elección judicial en México, genera incertidumbre sobre la imparcialidad de los fallos.

El contraste con otras entidades

A diferencia de estados como Jalisco, donde la ley especifica que no se puede prohibir la difusión de imágenes de servidores públicos «en ejercicio o con motivo de su encargo» (sin importar el lugar), la propuesta quintanarroense omite estas salvedades, priorizando el derecho al honor del político sobre el derecho a la información de la ciudadanía.

Elemento Comparado	Ley actual en CDMX	Propuesta en Quintana Roo
Protección de imagen	Sí	Sí
Protección de voz/rostro	Sí	Sí
Protección de NOMBRE	No	Sí
Multas millonarias	Posibles	Previstas

Conclusión

La llamada «Ley Alday-Osorio-Velazco» se perfila como una herramienta de amedrentamiento legal contra la prensa. Al sustraer el uso de la imagen y el nombre de las protecciones constitucionales de libre expresión, los diputados locales pretenden crear una burbuja de impunidad para la clase política de Quintana Roo.

Por A.G, Información Diario 22.