La tarde de este martes, la Isla de Cozumel se convirtió en el escenario de una diligencia judicial que ha provocado una ola de indignación social. Lo que legalmente se presentó como un desalojo por adeudo patrimonial, derivó en un operativo donde una mujer de la tercera edad fue sometida, jaloneada y esposada por elementos de la Policía Municipal, generando críticas severas sobre el uso desproporcionado de la fuerza y la falta de protocolos de protección al adulto mayor.

Cronología de una Crisis Patrimonial

El incidente tuvo lugar en un domicilio particular de la isla, cuando actuarios, acompañados por un robusto despliegue de fuerza pública, arribaron para ejecutar una orden de lanzamiento. Según testimonios recabados en el lugar y versiones de familiares, el origen del conflicto radica en un presunto empeño del título de propiedad realizado por la hija de la afectada.

Ante el incumplimiento de los pagos y la falta de solvencia para recuperar la garantía, el proceso legal avanzó hasta la orden de desalojo. Sin embargo, la afectada sostuvo durante toda la diligencia no haber sido notificada formalmente por ninguna autoridad previa a la llegada de las patrullas, lo que sugeriría una posible violación al debido proceso y al derecho de defensa.

El Uso de la Fuerza: ¿Protocolo o Abuso?

El punto de mayor tensión, documentado en dispositivos móviles por vecinos y transeúntes, ocurrió cuando los elementos policiales procedieron a retirar a la mujer de su hogar. Las imágenes muestran un forcejeo desigual:

• Sometimiento Físico: La mujer fue jaloneada por varios oficiales a pesar de su avanzada edad.
• Uso de Esposas: En un acto que los testigos calificaron de «humillante», la señora fue esposada como si se tratara de un delincuente de alta peligrosidad, una medida que, según expertos en derechos humanos, contraviene los manuales de actuación para grupos vulnerables.
• Crisis Nerviosa: La falta de presencia de personal médico o de asistencia social (como el DIF municipal) durante los primeros momentos del desalojo agravó el estado de salud emocional de la víctima.

El Vacío Legal y la Vulnerabilidad

Este caso pone de relieve una problemática creciente en Quintana Roo: la inseguridad jurídica de los adultos mayores frente a decisiones de terceros o abusos de instituciones crediticias informales.

«Es inaudito que la fuerza pública se use con tal saña contra una persona que apenas puede caminar, mientras que el trasfondo del problema es un tema civil que debió mediarse con sensibilidad», señaló un representante de colonos que presenció los hechos.

Posturas Oficiales en Espera

Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Seguridad Pública de Cozumel no ha emitido un comunicado oficial que justifique el uso de candados de mano (esposas) en una persona de la tercera edad durante una diligencia de carácter civil. Por su parte, colectivos locales han hecho un llamado a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) para que inicie una queja de oficio por la posible violación a la integridad física y la dignidad de la mujer.

Por. A.G. Informacion. Descontento Ciudadano Quintanarroense