Una obra de infraestructura hídrica en la colonia Cristo Rey ha puesto en evidencia una falta de coordinación técnica y administrativa. La ruptura de líneas eléctricas por maquinaria pesada del Ayuntamiento de Playa del Carmen ha generado un riesgo de seguridad pública, mientras surgen interrogantes sobre la ejecución de trabajos que, por contrato, corresponden a la concesionaria privada del servicio de agua.

Responsabilidad Jurídica por Daños

De acuerdo con la Ley de Responsabilidad Patrimonial, el Estado (en este caso, el Municipio) es responsable de los daños causados a los ciudadanos por una actividad administrativa irregular. Al operar una zanjadora tipo Vermeer sin el debido sondeo de líneas eléctricas existentes, la administración municipal asume la responsabilidad directa de la reparación.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras realizar una inspección en el sitio, confirmó que el daño fue provocado por agentes externos (personal municipal), lo que traslada la obligación de resarcir el daño y los costos de reparación al erario municipal o al seguro de responsabilidad civil del contratista.

Análisis de la Concesión: El Papel de Aguakan

Un punto crítico en la investigación jurídica de esta obra es la naturaleza del contrato de concesión vigente en el municipio. Legalmente, la inversión y expansión de la red de agua potable es obligación de la empresa Aguakan.

La ejecución de zanjas y tendido de tubería con maquinaria y recursos del Ayuntamiento plantea un escenario de posible beneficio indebido hacia la concesionaria:

1. Costo Público, Beneficio Privado: El municipio absorbe el costo operativo de la obra (sueldos, combustible y mantenimiento de maquinaria).
2. Cobro de Servicio: Una vez finalizada la obra con recursos municipales, la concesionaria procede a la contratación y cobro de tarifas, sin haber realizado la inversión de capital en la infraestructura básica.

Omisión de Medidas de Seguridad y Protección Civil

Desde el punto de vista legal y normativo, la presencia de cables energizados en el suelo tras el incidente representa una violación a las normas de Protección Civil. Los protocolos de seguridad industrial obligan al responsable de la obra a:

• Acordonar el área inmediatamente para evitar el tránsito de personas.
• Suspender maniobras hasta que la fuente de energía sea neutralizada por técnicos certificados.

Actualmente, el abandono de los cables «vivos» entre los escombros constituye una negligencia que podría derivar en responsabilidades administrativas para los supervisores de obra de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

Llamado a la Legalidad

Los ciudadanos de Cristo Rey, encabezados por su petición a la Presidenta Municipal Estefanía Mercado, no exigen favores, sino el cumplimiento de la ley: una obra pública segura, planeada y donde las empresas concesionarias asuman la inversión que les corresponde por contrato, en lugar de trasladar el costo y el riesgo a la administración pública y a las familias de la zona.

Por. A.G. Mas información. Lupita Vidal