En un análisis detallado de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes al ejercicio fiscal 2024, la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (UAQROO) enfrenta cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de sus recursos bajo la administración de la rectora Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo. Aunque la cifra observada de 357.5 mil pesos parezca menor frente al presupuesto total, las implicaciones legales y administrativas revelan fallos críticos en los controles internos de la máxima casa de estudios.

Crisis de comprobación: Los detalles del pliego de observaciones

La investigación de la ASF, integrada en el tercer informe de la cuenta pública 2024, arroja luz sobre operaciones que carecen de sustento documental básico. Los recursos en entredicho forman parte del Gasto Federalizado Transferido a las Universidades Públicas Estatales, un fondo vital para mantener la excelencia académica.

Desglose de los montos no acreditados:

• $227,500 MXN: Destinados supuestamente a la evaluación para la acreditación del programa «Ingeniería en Redes».
• $130,000 MXN: Etiquetados para servicios de visita con fines de reacreditación de la «Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales».

El problema central no es solo la falta de facturas, sino la inexistencia de evidencia física o digital que demuestre que estos servicios realmente se llevaron a cabo. La universidad no pudo presentar ante los auditores los reportes de cumplimiento ni las actas de recepción que validaran las especificaciones de los contratos.

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Proveedores bajo la lupa: El riesgo de las «Empresas Fantasma»

Un dato alarmante que trasciende la nota inicial es la omisión de la Rectoría en verificar el estatus laboral de sus proveedores. La ASF detectó que la UAQROO no exigió la opinión de cumplimiento ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Implicación legal: Al no existir constancia de que los proveedores contaran con trabajadores registrados, la ASF advierte un riesgo de contratación de servicios simulados. Según el Código Fiscal de la Federación, esto podría encuadrar en supuestos de defraudación si no se solventa la relación obrero-patronal de quienes supuestamente ejecutaron las auditorías académicas.

El impacto en el presupuesto participativo y estatal

La muestra auditada por la ASF fue de $579,782,000 MXN, desglosada de la siguiente manera para el entendimiento de la comunidad universitaria:

Programa / Fondo	Monto Auditado (MDP)
Subsidios para Organismos Descentralizados	$285.6
Participaciones Federales (Coparticipación Estatal)	$280.8
Programa S247 (Desarrollo Profesional Docente)	$284.7
Programa U079 (Expansión de Educación Superior)	$12.9

Aunque el daño fiscal representa el 0.1% de la muestra, la normativa es clara: la reincidencia o la falta de solventación de estos «Pliegos de Observaciones» puede derivar en responsabilidades administrativas sancionatorias para los funcionarios involucrados, incluyendo la propia Rectoría.

¿Qué sigue para la UAQROO?

La institución tiene un plazo legal para presentar las pruebas que desvirtúen el «probable daño a la Hacienda Pública». De no hacerlo, la instancia de control correspondiente deberá iniciar los procedimientos para la recuperación del dinero o la inhabilitación de los responsables.

Este señalamiento ocurre en un contexto de transición política y administrativa en la entidad, donde la transparencia es la demanda principal de los contribuyentes en el ahora municipio antes conocido como Solidaridad y en la capital del estado.

Por. A.G. INFORMACIÓN. FATIMA Vazquez