Residentes de la Supermanzana 64 se manifestaron esta semana para denunciar una crisis de habitabilidad que, aseguran, está forzando un desplazamiento indirecto de las familias del sector. La combinación de un sistema de drenaje colapsado y la ocupación de espacios peatonales ha generado un entorno de insalubridad e inseguridad que vulnera los derechos constitucionales básicos de la comunidad.

El colapso del saneamiento: un riesgo a la salud pública

El punto más crítico de la protesta se centra en el afloramiento constante de aguas servidas. Los vecinos señalan que la infraestructura de drenaje, bajo la responsabilidad de la concesionaria Aguakan, ha fallado de manera sistemática, provocando encharcamientos de aguas negras que permanecen estancadas durante días.

Desde el punto de vista legal, esta situación contraviene el Artículo 4.º de la Constitución Mexicana, que garantiza el derecho de toda persona a la protección de la salud y a un medio ambiente sano. La omisión en el mantenimiento de la red no solo afecta la calidad de vida, sino que constituye un riesgo sanitario documentado por los propios habitantes, quienes reportan infecciones y olores fétidos que penetran en sus hogares, impidiendo el uso digno de su propiedad.

Desplazamiento del espacio común

La segunda vertiente del conflicto es la progresiva reducción del espacio público. Los manifestantes presentaron evidencia de banquetas y áreas de equipamiento urbano que están siendo obstruidas o delimitadas por particulares.

Este fenómeno se traduce en un desplazamiento del peatón: al no existir aceras libres, los ciudadanos —incluyendo niños y personas con discapacidad— se ven obligados a transitar por el arroyo vehicular, violando su derecho a la movilidad segura. Los vecinos argumentan que la falta de supervisión por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Benito Juárez ha permitido que lo que es de todos pase a manos de unos pocos, erosionando el tejido social de la colonia.

Exigencia de legalidad y estado de derecho

La comunidad ha sido enfática: su movilización no es un acto político, sino una defensa de la legalidad. Exigen que las autoridades apliquen de manera estricta las leyes de asentamientos humanos y los reglamentos de construcción para recuperar las zonas invadidas.

«No podemos vivir entre aguas negras y sin banquetas; nos están desplazando de nuestra propia historia en esta zona», declaró un representante vecinal. La demanda es clara:

• Reparación inmediata y definitiva del sistema de alcantarillado.
• Liberación de la vía pública y áreas comunes bajo el principio de que el espacio público es inalienable e imprescriptible.

Ante la falta de soluciones definitivas, los ciudadanos no descartan escalar sus quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), bajo el argumento de que el Estado está fallando en su deber de garantizar condiciones mínimas de vida digna en la SM 64.

Por. A.G. Información. Marcrix Noticias