En una sesión que marca un antes y un después para el municipalismo en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio un «manotazo en la mesa» al Congreso de Tlaxcala y a los ayuntamientos de Calpulalpan, Hueyotlipan y Tlaxco. La resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 186/2024 no solo es un trámite legal; es la demolición de un sistema de extorsión institucionalizada que afectaba el bolsillo de miles de ciudadanos.
Una década de irregularidad: El origen del engaño
Un punto crucial que la Corte puso bajo la lupa es la antigüedad de estas prácticas. No se trata de leyes nuevas; los municipios de Tlaxcala llevaban más de una década operando en la irregularidad.
- El vicio del «Copy-Paste»: Desde al menos 2014, el Congreso del Estado de Tlaxcala venía aprobando leyes de ingresos municipales que contenían estos mismos errores.
- La omisión legislativa: A pesar de que la Corte ya había invalidado leyes similares en otros estados desde hace años, los diputados tlaxcaltecas ignoraron las jurisprudencias y prefirieron mantener el «negocio» vivo, aprobando año tras año (incluyendo las leyes vigentes para 2025) los mismos artículos abusivos bajo la excusa de que «siempre se ha hecho así».
1. El «modus operandi»: ¿Cómo funcionaba la trampa?
Durante años, estos municipios operaron bajo un esquema de «leyes de chicle». Los diputados locales aprobaban redacciones tan vagas que permitían a cualquier policía municipal convertirse en juez, jurado y verdugo en plena calle.
Las «Multas Elásticas» o el Delito de «Caerme Mal»
La estrategia consistía en castigar conceptos subjetivos. La Corte detectó que se sancionaba a los ciudadanos por:
- «Atentar contra la moral y las buenas costumbres»: Un término que no existe en el código penal. Se usaba para detener a parejas en parques o a personas por su forma de vestir.
- «Causar escándalo en la vía pública»: Sin reglas claras, si el policía decidía que tu risa o tu música era «escándalo», procedía la detención.
- «Faltas de respeto a la autoridad»: Se usaba como mordaza para quien cuestionara una detención injusta.
2. El botín: Las multas que eran «caja chica»
No se trataba de orden público, sino de recaudación. Las leyes aprobadas para el ejercicio fiscal 2025 mantenían un catálogo de cobros que eran un asalto legal:
| Concepto de Multa | La Trampa Legal | Resolución de la Corte |
| Juegos y Rifas | El municipio cobraba por permitir loterías en ferias. | NULO. Solo la Federación (SEGOB) puede regular esto. |
| Uso de Espacio Público | Multas por jugar fútbol o deportes en la calle. | NULO. Viola el derecho al libre esparcimiento. |
| Lenguaje Ofensivo | Multas por palabras «obscenas». | NULO. Viola la libertad de expresión sin una víctima real. |
3. El papel de la CNDH: El defensor que alzó la voz
Esta victoria nació de la Acción de Inconstitucionalidad 186/2024 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El organismo detectó que el Congreso de Tlaxcala violaba el Principio de Taxatividad, que obliga a que toda ley sea clara. Al ser leyes borrosas, se prestaban para que el dinero terminara en las tesorerías municipales (o en los bolsillos de oficiales) sin control alguno.
4. Impacto social: ¿A quién castigaban realmente?
Estas multas, operativas ilegalmente por años, afectaban al «pueblo de a pie»:
- Comerciantes y Feriantes: Extorsionados con «permisos» de juegos de azar que el municipio no tiene derecho a cobrar.
- Los más pobres: Quienes, al no tener para un abogado, pagaban multas de miles de pesos o sufrían 36 horas de arresto en galeras insalubres para evitar problemas.
5. ¿Qué pasa a partir de hoy?
La sentencia de la Ministra Sara Irene Herrerías Guerra es inapelable:
- Prohibición Inmediata: Los policías ya NO pueden detener a nadie bajo estos conceptos en Calpulalpan, Hueyotlipan y Tlaxco.
- Abuso de Autoridad: Si un oficial intenta aplicar estas multas, el ciudadano puede denunciarlo penalmente, pues el cobro es ahora un delito.
- Orden al Congreso: Los diputados de Tlaxcala tienen prohibido volver a «reciclar» estas leyes en el futuro.
Conclusión: Un triunfo contra la arbitrariedad
Hoy, 19 de febrero de 2026, queda claro que la Constitución no es una sugerencia. La Suprema Corte le ha quitado «el garrote» a los alcaldes que llevaban años viendo en el ciudadano una mina de oro. El mensaje es claro: la autoridad no puede castigarte por algo que no sabe explicar.
Por. A.G. Información. Diario Oficial de la Federación.
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