En un acto que organizaciones civiles califican como un desplante de prepotencia institucional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) puso en marcha formalmente el nuevo cuartel de la Guardia Nacional en Chetumal, Quintana Roo. Las instalaciones, destinadas a la seguridad ferroviaria del Tren Maya, operan bajo la ilegalidad ambiental, tras haber sido rechazadas de forma definitiva por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El engaño de la prevención

La construcción del complejo, ubicado estratégicamente cerca del Aeropuerto Internacional de Chetumal y los talleres del Tren Maya, inició el 23 de agosto de 2024. Sin embargo, no fue sino hasta el 14 de julio de 2025 cuando la Sedena intentó regularizar la obra presentando una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Semarnat.

Para entonces, el daño ya estaba hecho: 45,531.11 metros cuadrados de selva mediana subperennifolia habían sido devastados sin el permiso previo que exige la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

Portazo de Semarnat

Bajo la administración actual, la autoridad ambiental endureció su postura frente a las obras militares que ignoran los procedimientos preventivos. El 13 de agosto de 2025, la Semarnat emitió el resolutivo SRA/DGIRA/DG-05778-25, negando la autorización al considerar que el trámite perdió su «carácter preventivo» al haberse ejecutado ya el cambio de uso de suelo y el desmonte forestal.

Incluso con la negativa y el expediente turnado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para posibles sanciones, la Sedena concluyó los trabajos de edificación, los cuales representaron una inversión de 268 millones de pesos.

Instalaciones de primer nivel, cumplimiento de nivel cero

El cuartel, que ya alberga a la Cuarta Compañía del Segundo Batallón de Seguridad Ferroviaria, cuenta con una infraestructura de 6,976.53 m² que incluye:

• Tres alojamientos para oficiales y tropa.
• Comedor para 100 comensales, áreas de armamento y oficinas administrativas.
• Un complejo habitacional de 60 departamentos en fase final de construcción, también señalado por carecer de permisos.

Expertos y activistas ambientales señalan que este caso marca un precedente preocupante, donde las fuerzas armadas operan infraestructuras estratégicas ignorando las leyes que el resto de los ciudadanos y empresas están obligados a cumplir. Mientras tanto, en la entrada de la capital del estado, la Guardia Nacional ya patrulla desde una base que, legalmente, no debería existir.

POR. A.G. INFOMRACIÓN. Francisco Javier Hernández