En una decisión unánime que refuerza los límites de las competencias estatales frente a las federales, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Guerrero que pretendían sancionar delitos relacionados con el control sanitario de medicamentos.

El origen de la controversia

La demanda fue promovida originalmente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), bajo la dirección de María del Rosario Piedra Ibarra, el 30 de mayo de 2024. El organismo defensor argumentó que el Congreso de Guerrero invadió facultades exclusivas de la Federación y vulneró principios fundamentales como la seguridad jurídica y la taxatividad en materia penal.

La resolución del Pleno

Bajo la ponencia de la Ministra Lenia Batres Guadarrama, el Tribunal Pleno determinó que legislar sobre el robo, alteración, falsificación o comercialización ilícita de medicamentos es una atribución que compete únicamente al Congreso de la Unión, según lo establecido en la Ley General de Salud.

Puntos clave de la sentencia:

• Invalidez por competencia: Se anularon los artículos 170 Bis, 229 Bis y 229 Ter del Código Penal de Guerrero. La Corte reiteró que los estados no pueden crear tipos penales en materias que son de «salubridad general».
• Vicios de legalidad: Los artículos impugnados presentaban falta de claridad (violación al principio de taxatividad), remitiendo a ordenamientos inexistentes o inaplicables.
• Sanciones desproporcionadas: Se detectó el establecimiento de multas fijas (como la de mil veces el valor de la UMA), lo cual es inconstitucional al impedir que los jueces individualicen la pena según la gravedad del caso.
• Efectos retroactivos: Debido a que se trata de materia penal, la invalidez tiene efectos retroactivos al 30 de abril de 2024, beneficiando a cualquier persona que hubiera sido procesada bajo estas normas ahora inexistentes.

Impacto en el Federalismo

Esta sentencia sienta un precedente importante para el año 2026, enviando un mensaje claro a las legislaturas locales: la lucha contra el mercado ilícito de fármacos debe alinearse estrictamente a la normativa federal para no generar inseguridad jurídica en la población.

Por. A.G. INFORMACION. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.