En un acto que evidencia las profundas fracturas en el sistema de procuración de justicia del estado, integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo A.C. se manifestaron ante los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. El objetivo: impedir que la justicia federal otorgue un amparo a exservidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE), señalados por negligencia sistémica en el caso de Francisca Mariner Flores Patrón.
El antecedente: Cuatro años de ceguera institucional
El caso de Francisca Mariner no es solo una cifra en la estadística de desapariciones; es el emblema de la ineficiencia forense en la entidad. Durante 48 meses, su madre, la activista María Dolores Patrón, recorrió oficinas, realizó búsquedas de campo y presionó a las autoridades, sin saber que el cuerpo de su hija yacía en las instalaciones del SEMEFO desde poco después de su desaparición.
La identidad de Francisca fue confirmada apenas recientemente, revelando que la autoridad tuvo el cuerpo bajo su resguardo mientras informaba a la familia que no había pistas sobre su paradero.
La batalla jurídica por la responsabilidad penal
Actualmente, el proceso judicial se centra en la responsabilidad de los funcionarios que, por omisión o dolo, obstaculizaron el derecho a la verdad y a la justicia. Los puntos clave de la investigación actual son:
- Recursos de Amparo: Dos exservidores públicos de la FGE han promovido juicios de amparo ante instancias federales. Buscan invalidar el auto de vinculación a proceso por los delitos de negligencia en el desempeño de funciones e infidelidad en la custodia de documentos.
- Medidas Cautelares: Sobre estos imputados pesa actualmente la prohibición de abandonar el estado de Quintana Roo. El colectivo teme que, de otorgarse el amparo, estas medidas se disuelvan, facilitando la evasión de la justicia.
- Red de Omisiones: La investigación implica a un total de 13 servidores y exservidores públicos (11 de ellos ya vinculados a proceso), lo que sugiere que la negligencia no fue un error aislado, sino una falla estructural en la cadena de custodia y el procesamiento de datos forenses.
La postura del Colectivo: «No es error, es indolencia»
Desde las escalinatas del Poder Judicial, María Dolores Patrón lanzó un llamado enérgico a los jueces federales para que revisen el fondo del expediente antes de emitir cualquier resolución.
«Pedimos que no se les otorgue la protección de la justicia federal a quienes nos negaron la verdad por cuatro años. El amparo no debe ser un escudo para la negligencia que revictimiza a las familias», sentenció la fundadora de la organización.
Análisis Periodístico: El impacto en el Sistema de Justicia
Este caso pone a prueba la autonomía del Poder Judicial frente a las deficiencias de las fiscalías locales. La resolución de estos amparos sentará un precedente crítico para otros casos de desaparición en la entidad, donde se sospecha de un patrón similar de mal manejo de restos humanos en los servicios periciales.
La exigencia de las madres buscadoras es clara: la confirmación de la vinculación a proceso es el único camino para garantizar que la «infidelidad en el resguardo de documentos» un tecnicismo para referirse al extravío o manipulación de evidencias sea castigada con todo el peso de la ley.
POR. A.G. INFORMACIÓN FATIMA VAZQUEZ.
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