En un escenario donde la exigencia de cumplimiento legal debería ser universal, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) se encuentra en el centro de la polémica. Mientras la administración de Rafael Hernández Kotasek intensifica los operativos de inspección y recaudación contra el transporte público, la propia institución parece exenta de las reglas que busca imponer.

Una contradicción sobre ruedas

La controversia estalló cuando transportistas locales documentaron unidades oficiales de inspección circulando sin placas o con el emplacamiento vencido. El incidente, captado en video, muestra a un chofer confrontando directamente a los inspectores al detectar que el vehículo oficial —una unidad con el número económico 011— presentaba irregularidades en su documentación vehicular.

Ante el cuestionamiento directo sobre la autoridad moral del organismo, los funcionarios optaron por el silencio o el deslinde, argumentando desconocer la procedencia de la unidad a pesar de portar los logotipos oficiales de la institución y del Gobierno del Estado. Este hecho ha sido interpretado por el sector transporte como una clara evidencia de la «ley del embudo»: rigor para el ciudadano y permisividad para la autoridad.

¿Orden vial o estrategia recaudatoria?

La gestión de Hernández Kotasek ha defendido estos operativos bajo el argumento de mejorar la movilidad y garantizar seguridad a los usuarios. Sin embargo, la presencia de patrullas fuera de norma debilita el discurso institucional:

• El reclamo del sector: Los choferes señalan que, aunque el proceso de emplacamiento para 2026 sigue vigente, la autoridad ya aplica sanciones estrictas sin que sus propias unidades den el ejemplo.
• La percepción ciudadana: La falta de coherencia proyecta una imagen de control con fines meramente recaudatorios, más que un interés genuino por el ordenamiento vial.

“La ley empieza por casa. ¿Cómo pueden exigirnos documentos en regla cuando ellos mismos circulan en la ilegalidad?”, reclamó el trabajador del volante mientras documentaba la unidad oficial sin placas vigentes.

Un vacío de credibilidad

La credibilidad institucional se construye con coherencia. Cuando el ente encargado de vigilar la movilidad en el estado ignora las disposiciones básicas de tránsito, el mensaje enviado a la sociedad es de desigualdad y discrecionalidad.

Hasta el momento, la dirección del Imoveqroo no ha emitido una aclaración oficial sobre por qué sus unidades de inspección operan fuera de la norma. Mientras tanto, la tensión con el gremio transportista continúa en ascenso, alimentada por una incongruencia que hoy circula libremente por las calles de la capital.

POR. A.G INFOMRACIÓN. Espacio Ciudadano de Quintana Roo