Mientras el discurso oficial presume una vanguardia legislativa en salud pública, la realidad que se vive en los patios de recreo de Quintana Roo cuenta una historia de negligencia y complicidad. A casi un año de que la prohibición de comida chatarra se volviera obligatoria, el estado se mantiene como un paraíso para el azúcar y las grasas procesadas, bajo el amparo de una autoridad educativa que ha decidido mirar hacia otro lado.

Las cifras de la traición infantil

La organización «Mi Escuela Saludable» ha puesto en evidencia lo que ocurre detrás de las bardas escolares. La omisión no es casual, es sistemática:

• 84% de los planteles mantienen la venta activa de alimentos ultraprocesados.
• 65% de las escuelas siguen permitiendo el consumo de refrescos y bebidas azucaradas.
• 78% de las instituciones carecen de un comité de vigilancia, dejando el camino libre para que los concesionarios operen sin supervisión alguna.

El limbo operativo: 11 meses de impunidad

Aunque los lineamientos definitivos fueron publicados el 30 de septiembre de 2024 y la ley entró en vigor con carácter obligatorio el 29 de marzo de 2025, la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) ha convertido el periodo de aplicación en un «limbo operativo».

Desde que terminó la etapa de socialización, no se ha ejecutado ni una sola sanción económica. Esta ausencia de castigo ha enviado un mensaje claro a los directivos y concesionarios: los intereses económicos de las tiendas escolares están por encima del derecho constitucional a una alimentación sana.

SEQ: Autoridades de «teatro»

La gestión de la titular Elda Xix queda bajo la lupa. La crítica ciudadana señala que la SEQ ha montado una simulación donde la salud de los niños y niñas es el costo del beneficio económico de unos cuantos. La falta de vigilancia no es falta de capacidad, es falta de voluntad política para romper los acuerdos con quienes lucran con la malnutrición en las escuelas.

«Es un secreto a voces: las concesiones de las tiendas escolares son el negocio privado dentro de la educación pública, y la autoridad educativa es el principal cómplice al no ejercer su facultad sancionadora».

Exigencia ciudadana

Ya no hay espacio para prórrogas ni periodos de gracia. Se exige que la SEQ y el Gobierno del Estado dejen el «teatro» y garanticen que la ley se cumpla. La infancia de Quintana Roo no puede seguir esperando mientras sus escuelas se convierten en centros de distribución de enfermedades crónicas ante la indolencia de quienes juraron protegerlos.

Por. A.G.