Un análisis profundo desde la perspectiva de la Criminología verde ha situado a Quintana Roo entre las seis entidades federativas con mayor incidencia de crímenes contra el suelo en México. El estudio, que abarca el periodo de 2008 a 2023, revela que el estado acumuló 945 procedimientos administrativos por daños ambientales, consolidándose como una de las regiones donde la biodiversidad enfrenta mayores amenazas por la acción humana y la omisión estatal.

El Suelo en la Mira: Cambio de Uso y Contaminación La investigación, realizada por los doctores Castro-Salazar, Chan-Quijano y Carpio-Domínguez, clasifica estas faltas como «crímenes verdes» (ecológicos) tanto primarios como secundarios. En Quintana Roo, la problemática se divide en dos frentes críticos regulados por leyes federales:

1. Degradación por cambio de uso de suelo: La transformación masiva de suelo forestal para fines urbanos, industriales y agrícolas.+1
2. Contaminación por residuos: El vertido de materiales y residuos peligrosos que ponen en peligro la salud pública y los ecosistemas locales.

Capacidad Institucional: Un «Centralismo Ambiental» que Favorece la Impunidad El reporte destaca una disparidad alarmante en la aplicación de la ley. Mientras Quintana Roo figura entre los estados con mayor carga de expedientes (junto a Guanajuato, Puebla y Veracruz), la fuerza de inspección de la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) se encuentra centralizada en el centro del país.

La Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) concentran el mayor número de inspectores (62 en promedio) y el presupuesto asignado, dejando a estados con alta incidencia, como Quintana Roo, con recursos humanos y económicos limitados para vigilar su vasto territorio. A nivel nacional, el número de inspectores ha mostrado una tendencia decreciente desde 2016, lo que impacta directamente en la detección de crímenes en el Caribe Mexicano.

Empresas y Vacíos Legales: La «Cuota» del Metro Cúbico El estudio señala un factor de riesgo para el suelo: el sector de los hidrocarburos y residuos peligrosos. A nivel nacional, el 68.3% de los procedimientos por contaminación se vinculan a aceites, gasolina y gas natural.

Un detalle legal crítico mencionado es el artículo 129 del Reglamento de la LGPGIR, el cual estipula que si un derrame accidental de materiales peligrosos no excede de un metro cúbico, no existe obligación legal de notificar a la autoridad ni realizar remediación formal del suelo. Esta disposición permite que pequeños pero constantes daños ambientales queden fuera del radar de las sanciones, anotándose únicamente en bitácoras internas.

Hacia una Justicia Ecológica Desde la óptica de la Criminología verde, la situación en Quintana Roo no es solo un problema de cumplimiento técnico, sino una manifestación de relaciones de poder y negligencia gubernamental. La falta de inspectores —que en promedio deben atender 30 procedimientos anuales además de vigilar vida silvestre e impacto ambiental— genera una carga de trabajo que debilita la actuación institucional y perpetúa el daño al entorno natural.

El informe concluye que, para proteger efectivamente el suelo de Quintana Roo, es urgente descentralizar la capacidad de inspección y fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana, los cuales registraron más de 11,900 quejas a nivel nacional durante el periodo analizado, demostrando una creciente preocupación de la población por la integridad de su territorio.

Por. A.G. REVISTA MEDIO AMBIENTE.